Año 22 Número 220 Arequipa, 2026, febrero23
http://candela3.blogspot.com candela369@gmail.com
DISTORSIÓN DE LA VOLUNTAD
POPULAR Y ELECCIONES CONDICIONADAS Y DIRECCIONADAS
ELECCIONES
POSDEMOCRÁTICAS 2026 EN PERÚ
Por: Arturo Muñoz
Una prueba fehaciente
de la distorsión de la voluntad popular es el rápido cambio de presidentes y de
la Constitución, modificando la estructura del Estado en función de los
intereses de la élite empresarial que controla el ejecutivo y el legislativo.
Esta semana ha sido
decisiva para la democracia representativa en Perú. Las fuerzas
neoliberales, la élite empresarial mercantilista, se aterraron al notar que sus
principales candidatos Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori y César Acuña, a un
mes y medio del 12 de abril, día de las elecciones generales, no logran
cautivar a la ciudadanía. Las cifras dadas por las
encuestadoras grafican un estancamiento de los candidatos de las empresas
electorales de derecha y de ultraderecha. Las estadísticas indican que ninguno
de ellos pasa la valla electoral y que la población mayoritariamente desaprueba
a las organizaciones de derecha con presencia en el Congreso.
Por el contrario, las fuerzas de
centroizquierda y de izquierda crecen a un ritmo raudo y sostenido. Es
más, a pesar de la despiadada campaña de demolición dirigida contra el ex presidente Pedro Castillo, él conserva el 60 % de
personas que creen que fue víctima de un golpe de estado el 7 de diciembre del
2022 por parte del Congreso. También, las
organizaciones de derecha y de ultraderecha constatan en cada visita a las
regiones del surperuano el rechazo enérgico de la población, cuyo peso
electoral es del 16 %. Votos que en un 50 % usualmente han respaldado opciones
de centro izquierda o de izquierda. Sólo con esta votación las organizaciones
de centro izquierda o de izquierda pondrán una bancada de congresistas
significativa.
Geopoliticamente las elecciones generales en
Perú son de gran importancia, tanto para Estados Unidos como para la derecha
autoritaria y tiránica que ha logrado triunfar en varios países de Sudamérica. Para
Estados Unidos por el avance de la presencia de China en el subcontinente con
la puesta en actividad del puerto de Chancay. El Puerto de Chancay fue construido y es operado
principalmente por la naviera estatal china Cosco Shipping Ports Limited (60% de participación),
en sociedad con la empresa minera peruana Volcan Compañía Minera
(40% de participación). El proyecto se ejecuta bajo la empresa conjunta Cosco Shipping Ports Chancay Perú
S.A. En consecuencia, la confrontación China
versus Estados Unidos es un factor categórico en las presentes elecciones
peruanas.
Por su parte, el electo presidente de
Chile, José Antonio Kast, de filiación ultraderechista, que asumirá el cargo el
11 de marzo, visitó en primer lugar al Perú
y conversó con el ex presidente José Jerí. Entre los temas tratados uno fue
coyuntural, el establecimiento de un corredor humanitario por donde transiten
los miles de inmigrantes venezolanos radicados en Chile, que a partir del 11 de
marzo serán expulsados de ese país. Otro tema de obvio trámite fue la alineación de
ambos países con la administración Trump, por tal razón,
Jerí en un mensaje de despedida pidió al nuevo presidente peruano priorizar la
relación con Estados Unidos; igualmente, el mensaje dado por la Presidencia de
la República el 22 de febrero menciona el propósito de tender puentes y
promover la unión del “cóndor y el águila” (Perú, Estados Unidos y Canadá).
Como ejemplo a seguir los candidatos
neoliberales toman las reformas de Milei en Argentina.
Usando las mismas palabras y conceptos de Milei, plantean la reducción
de la burocracia estatal (despidos masivos de
empleados públicos, de la misma manera como ejecutó Alberto Fujimori en la
década de los noventas del siglo XX), eliminando ministerios de 19 a un número
de 6, tal cual hizo Milei en la Argentina, sólo les falta
mencionar la motosierra. Avisados están los empleados públicos peruanos de la
desgracia que deberán sufrir con un próximo gobierno si es elegido uno de los
candidatos de la derecha neoliberal.
Económicamente Perú posee una de las monedas
más fuertes de la región, el Sol se revaloriza en relación
al dólar. El tipo de cambio es de S/. 3,34 soles por un dólar, con tendencia a
la baja del precio del dólar. Si no se ha desvalorizado más el dólar es porque
el BCRP sale a comprar dólares cada día.
Existe, además, una abundancia
de dólares en el país por las exportaciones crecientes de oro, de productos
agrícolas y la exportación ilegal de cocaína. Esta copiosidad ha
fortificado una relación perversa entre la economía legal y la ilegal en el
sistema financiero y productivo. Y asimismo en la política, al punto que se
señala la presencia de bancadas en el Congreso que protegen a los mineros
informales, al narcotráfico, a los taladores ilegales de madera en la Amazonía.
Estudios indican que la economía informal
representa el 18,3% del PBI del Perú. La tasa de
informalidad laboral se situó en un 72,1% de la población ocupada en 2024, lo
que significa que más de dos tercios de los trabajadores son informales. Se
estima que cerca del 85% de las unidades productivas en el área urbana son informales.
La minería, agricultura, comercio y manufactura son las actividades que
concentran el mayor número de empleos informales.
Según
el Reporte de la Defensoría del Pueblo de enero 2026, se da cuenta de 193
conflictos sociales: 164 activos y 29 latentes.
Los conflictos sociales en el Perú son frecuentemente socioambientales, que
involucran actores locales, empresas y el Estado. Se concentran en regiones
como Loreto, Cusco y Áncash, principalmente por minería e hidrocarburos, y
suelen surgir por desconfianza institucional, incumplimiento de compromisos y
la búsqueda de servicios básicos. Los conflictos socioambientales lideran la lista,
representando cerca del 65% del total, con la mayoría vinculados a actividades
mineras. Las zonas con mayor conflictividad: Loreto, Cusco, Puno y Áncash
concentran la mayor cantidad de conflictos. Los actores involucrados:
Comunidades campesinas y nativas, empresas extractivas, gobierno nacional, y
gobiernos regionales o locales.
Entre las
causas comunes prevalecen las Ambientales (Contaminación
del agua y suelos), las Sociales (Incumplimiento de acuerdos, falta de consulta
previa, y percepción de abandono por parte del Estado), las Económicas
(Desacuerdos en la distribución de beneficios o uso de terrenos). El Impacto de
los conflictos se traduce en paralización de proyectos, violencia, interrupción
de vías, y desgaste de la gobernabilidad democrática. Y con respecto a la
Gestión de Conflictos se tiene que el Estado utiliza mecanismos de diálogo, sin
embargo, muchos casos escalan por inacción oportuna o falta de confianza en las
autoridades.
Endémicamente la
confianza de la población peruana en la democracia se encuentra en niveles
críticos, con un 87% a 90% de insatisfacción o desconfianza en el
funcionamiento del sistema, el Congreso y los partidos políticos. La
crisis institucional crónica, la inestabilidad política y la percepción de
falta de resultados mantienen la aprobación del Gobierno en mínimos históricos.
Los aspectos clave de la desconfianza son: a) Insatisfacción con la democracia:
Perú se ubica consistentemente por debajo del promedio latinoamericano, con
solo un 13% de satisfacción, la cifra más baja registrada. b) Desconfianza
Institucional: Más del 90% de los hogares desconfía del Congreso y los partidos
políticos. Asimismo, la desconfianza hacia el Poder Judicial y los gobiernos
regionales bordea el 80%. c) Aprobación del Gobierno: La aprobación del
Gobierno Central sufrió una caída drástica, reduciéndose del 44% en 2019 a
cerca del 3% en 2025. d) Factores de Riesgo: La crisis de representatividad, la
corrupción, la inseguridad y la fragmentación política impulsan este
descontento y e) Impacto en la Gobernabilidad: Esta desconfianza generalizada
compromete la capacidad del Estado para responder a las demandas sociales y
debilita el contrato social (Fuentes: Instituto Peruano de Economía y Revista
de Investigación en Comunicación y Desarrollo). Aunque las instituciones
electorales (ONPE, JNE) mantienen un reconocimiento técnico superior a otras
entidades, el contexto generalizado es de un profundo escepticismo sobre la
legitimidad del sistema político.
Puntualmente, en las elecciones generales
compiten 36 candidatos por la presidencia del Perú, alrededor de 7.000
ciudadanos han sido inscritos en las listas de candidatos para diputados y
senadores. De tal manera, que es imposible que la
ciudadanía conozca el perfil de todos los candidatos al Congreso y la
presidencia en el corto tiempo de 6 semanas, y aún sí el proceso electoral
durase un año la población no conocería a la totalidad de candidatos.
Igualmente, 55 partidos y 95 movimientos
regionales participarán en la Elecciones Regionales y Municipales a realizarse
el 4 de octubre. Los partidos (sin tomar en cuenta a los movimientos
regionales) van a necesitar 716.870 candidatos para cubrir los cargos de
gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores, por lo que, lo real
es que faltarán candidatos para llenar las listas.
Hablar de crisis
política en Perú es poner sobre la mesa de trabajo estos aspectos y aquellos
ligados a las etnias, a la cultura, al multilingüismo, a la salud, la educación
y al cambio climático. Los planes de gobierno son angustiosamente generales en
estos temas. Las propuestas de los partidos carecen de soluciones estudiadas y
factibles. Las empresas electorales, mal llamadas partidos, se quedan en el
aspecto operativo del proceso electoral ¿cómo ganamos las elecciones?, sin tocar la esencia de
las elecciones, que es responder a la pregunta ¿cómo damos solución a los
problemas del país? En consecuencia, no presentan
propuestas de proyectos de construcción nacional para que la población escoja
entre una y otra alternativa. Es decir, se ha perdido la esencia de las
elecciones de la democracia representativa, la confrontación de ideas sobre el
futuro de la nación.
Como en muchos países la democracia
representativa en Perú ha tocado fondo, ya no es útil para
superar las dificultades cotidianas de la gente, ni para definir el camino para
dar bienestar a la población. El día 12 de abril la
mayoría de congresistas electos representaran a los grandes y pequeños
empresarios dedicados a la extracción de oro, de madera y al narcotráfico,
cuyas ganancias terminan en bancos radicados en paraísos fiscales.
Parafraseando a Mark Carney, primer ministro de
Canadá, estamos en un momento de ruptura. De búsqueda de nuevas formas de gobierno y de nuevas formas de
organización social, con nuevos objetivos en los que el afán de lucro no sea el
centro del quehacer humano. A este momento se le ha llamado periodo posdemocracia
liberal, pues, los mecanismos y fines del
liberalismo ya no sirven. Se puede afirmar que la humanidad ha dado
pasos de gigante en ciencia y tecnología, pero no ha avanzado un milímetro en
ética desde las cavernas, que los estados son fuertes militarmente, pero
débiles en servicios a la comunidad.
Al poner los partidos
como centro de su actividad el cómo ganar las elecciones y no el para que ganar
las elecciones, es inevitable que el Perú, culminado el proceso electoral, continuará
tal y como está hoy. Por ende, las elecciones, que es uno de los pilares de la
democracia representativa, en las cuales el ciudadano debería tener la
oportunidad de escoger entre varios caminos hacia el bienestar general,
encuentra la misma propuesta de anteriores elecciones.
Propuesta desmerecida, desgastada e ineficaz, que es la que permite
que la élite empresarial continue siendo la beneficiaria de la extracción de
los recursos naturales.
Élite empresarial que escoge a personajes con
denuncias judiciales y los ponen de presidentes de la república, para cuando ya
no les sirvan tener el motivo para cambiarlos o mientras desempeñan su cargo
hagan lo que la élite empresarial les ordena. Tal es el caso de José María Balcázar. Por lo tanto, la pregunta no es cómo Balcázar alcanzó 64 votos,
sino por qué no votaron por él los 105 congresistas con sentencias o acusados
de recortar los sueldos a sus trabajadores, de violación, de corrupción ¿Por
qué fue Balcázar elegido con tan poca votación? En un Congreso defensor de la
criminalidad y la delincuencia. Una
prueba fehaciente de la distorsión de la voluntad popular es el rápido cambio
de presidentes y de la Constitución, modificando la estructura del Estado en
función de los intereses de la élite empresarial que controla el ejecutivo y el
legislativo.
Sin embargo, la izquierda y centro izquierda, aunque no alcance en estas elecciones visualizar las soluciones profundas, de inmediato debe continuar la batalla electoral, para que el 12 de abril obtengan la mayor cantidad de votos. Para ello es necesario que alerten de la manipulación de los políticos representantes de la élite empresarial. Digan lo que digan, cambien las figuras visibles por otras, se hagan las víctimas, agredan físicamente a sus simpatizantes, amenacen, terruqueen, cambien de escenario queriendo detener el crecimiento de las fuerzas revolucionarias y progresistas, intenten cambiar la polarización corruptos contra anticorruptos, las campañas de los candidatos de la izquierda y centroizquierda deben hacerse cada vez más fuertes, porque se ha abierto una nueva oportunidad de dar un paso más, muy pequeño, por cierto, hacia un mundo mejor.
