ELECCIONES 2026 Y LA
POSDEMOCRACIA EN PERÚ
Por: Arturo Muñoz Portugal, CHC e IA
Para facilitar la lectura del artículo, presento
esta introducción directa y concisa que resume los puntos clave, y para entender
la situación política actual sin tener que leer el documento completo de
inmediato.
Resumen Ejecutivo: ¿Qué está pasando con el
Perú en 2026?
El Perú atraviesa una transformación profunda
que va más allá de quién ocupa la presidencia. A través de un análisis del
modelo neoliberal, este artículo plantea tres tesis fundamentales para entender
el escenario actual:
- El fin de la democracia, el inicio de la
"Posdemocracia": Aunque seguimos votando, las decisiones reales
ya no las toma el ciudadano ni sus representantes, sino los intereses
económicos de élites transnacionales. El Estado ha dejado de ser un
mediador para convertirse en un gestor de activos privados.
- La arquitectura del despojo: El país está siendo
blindado mediante dos herramientas clave: el endeudamiento masivo con
organismos internacionales (como el FMI), que impone recortes y austeridad
al pueblo para pagar intereses, y el blindaje legal, que ha convertido la
represión policial en una política de Estado para neutralizar cualquier
protesta.
- El Perú como laboratorio regional: Lo que vivimos no es
una anomalía, sino parte de una "segunda ola" de neoliberalismo
autoritario en Latinoamérica (similar a lo que ocurre en Chile, Argentina
o Ecuador). Aquí, la derecha ha comprendido que ya no necesita del
consenso social para gobernar; le basta con el control de las leyes, el
uso de la fuerza y la desarticulación de las organizaciones sociales.
En conclusión: El artículo sostiene que el
problema central no es solo una figura política específica, sino un diseño del
sistema que ha secuestrado las instituciones. Nos encontramos ante una
"cáscara democrática" donde, mientras el pueblo vota, el mercado
decide. El desafío para el 2026 no es solo electoral, sino de reconstrucción:
¿cómo articular nuevas formas de resistencia desde los márgenes cuando las vías
tradicionales han sido anuladas?
ELECCIONES 2026 Y LA
POSDEMOCRACIA EN PERÚ
Muerta la bestia, apagado el veneno.
Por sentido común si eliminas al líder o al
núcleo, el resto del problema desaparece, sin embargo, esto no sucedió en Perú;
Alberto Fujimori falleció el 2024 y su hija asume la presidencia el 2026. Porque la doctrina del
fujimorismo permanece: el neoliberalismo. El fujimorismo es
la expresión nativa del modelo neoliberal aplicado en muchos países. El neoliberalismo
sobrevive a sus representantes. Carlos Menem lo introdujo en Argentina y lo continúa
Javier Milei. Augusto Pinochet lo impuso en Chile y lo cultiva José Antonio Kast
y así actualmente Daniel Novoa en Ecuador, Rodrigo Paz en Bolivia, por mencionar
los países de nuestro entorno. Muertos los perros, no se acabó la rabia
neoliberal.
Y es que a la serpiente no
se le cortó la cabeza. En el periodo de transición democrática 2000 – 2001 no se
proscribió, no se ilegalizó al fujimorismo, la
transición se “construyó a base de renuncias”, esa es la responsabilidad
histórica de los “demócratas”, los progres y la izquierda… “una dictadura cerrada
en falso y una transición que no dio de sí los frutos que de ella se esperaban”,
al decir de Alfons Cervera.
A los adultos y a la juventud “en
estos tiempos caracterizados por el crepúsculo de las ideologías, la desmemoria
histórica y la indiferencia política” si les importa la justicia y la libertad,
aunque con mucha ignorancia a que los ha sometido el neoliberalismo; por eso Keiko Fujimori
no puede vanagloriarse de triunfo, ha perdido, dos tercios del pueblo no ha
votado por ella y aún falta saber cuántos de sus votos son verdaderos.
Por ello, no aceptamos el
Gobierno de los autores del golpe cívico militar de 1992,
porque aún no han pedido perdón por los asesinatos de miles de pobladores
andinos y amazónicos, no sólo de su periodo sino, también de los asesinados por
Toledo, García, Ollanta y Dina Boluarte ¿Con qué cara miraríamos a los hijos y
nietos? ¿Qué ejemplo les estaríamos dando? Sería como decirles ‘Aquí no ha
pasado nada’. Sabiendo que nos quieren vender una imagen de tranquilidad que
no es tal. Los incidentes sangrientos son numerosos
(asesinato de más de 70 pobladores por protestar pacíficamente, el Baguazo por
defender la tierra de las comunidades nativas de la Amazonía, los asesinados en
el Valle de Tambo en defensa del agro, el agua y los alimentos, etc.)
No hay lugar para el conformismo,
ni para pactos extraños y ni amistades con los extorsionadores, ni para contubernios.
Las
fuerzas del interior descontentas con el fujimorismo, desde los campesinos
hasta los pequeños y medianos empresarios, no guardan ninguna esperanza en el
próximo gobierno fujimorista que no está dispuesto a abrir
las puertas de la libertad y la democracia que, elección tras elección, se demuestran
imposibles. La lealtad no es moneda de cambio, el borrón
y cuenta nueva no existe en la conciencia del pueblo peruano, los resultados
electorales lo afirman.
Con el retorno al frente
de la pandemia neoliberal de una Fujimori, las alertas democráticas han sonado más
fuertes que nunca. Se vaticina un periodo de arbitrariedad sin límites, en
el cual algunos objetivos podrían ser: el narcotráfico gozaría de protección
para tomar el puerto de Chancay, parte de la minería
ilegal del oro sería capturada directamente por empresas mineras
transnacionales, también, con la justificación de “austeridad” se recortarían
los beneficios a los trabajadores y en contrario se exoneraría de impuestos a
la gran burguesía, luego, para cubrir el déficit fiscal que la corrupción
genera (24 mil millones de soles al año) más el gasto indebido del Estado se negociaría con el
FMI un préstamo millonario (alrededor de 10 mil
millones de dólares este año), préstamo que pagaría el pueblo.
Igualmente, se
incrementaría la persecución política y la liquidación de las pocas organizaciones
sociales existente. La protesta social ya está en la práctica ilegalizada con
las leyes que el Congreso fujicerronista ha aprobado y,
también, la correspondiente represión impune con la ley que permite a la policía
y a los militares usar sus armas contra los manifestantes.
Este escenario nos sitúa
de lleno en la 'posdemocracia': un sistema donde las
formas electorales se mantienen intactas para dar una apariencia de legitimidad
a un ejercicio del poder que ya no responde a los intereses ciudadanos, sino a
una oligarquía extractiva. La democracia ha
dejado de ser un mecanismo de representación para convertirse en una
herramienta de gestión de activos, donde el ciudadano es reemplazado por el
consumidor y la política por la administración del despojo".
Perú, bajo este nuevo ciclo, se consolida como
un laboratorio de lo que algunos denominan 'neoliberalismo
autoritario'. A diferencia de las transiciones de los
años 90, esta versión no requiere de la seducción del crecimiento
económico, sino del control policial y la
desarticulación del tejido social. Estamos ante una
sincronización regional: la derecha continental ha comprendido que, en
sociedades profundamente fracturadas, el consenso democrático es un lujo que
ya no pueden costearse".
La captura del Estado para la consolidación del modelo
La arquitectura del despojo: Deuda y Control
La materialización de este nuevo ciclo no es
una improvisación, sino una estrategia coordinada que
descansa sobre dos pilares: el financiamiento externo y el blindaje
jurídico.
El préstamo como cadena de subordinación
El déficit fiscal proyectado,
inflado por años de corrupción sistémica y una gestión pública ineficiente, no se corregirá
mediante la reactivación productiva, sino a través de un nuevo
ciclo de endeudamiento masivo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Se estima que el paquete de financiamiento bordeará los 10 mil millones de
dólares solo para este periodo. Este préstamo, sin embargo, no tiene fines
sociales. En la práctica, se convierte en un mecanismo de "condicionalidad
política": el FMI, fiel a su ortodoxia, exigirá un
plan de "austeridad" que se traducirá inevitablemente en el recorte
de subsidios, la privatización de activos estratégicos y la desregulación
laboral. En términos sencillos, el pueblo peruano
será el avalista de una deuda contraída por una élite que,
además, se beneficia de las exoneraciones tributarias que
se dictarán bajo el eufemismo de "fomento a la inversión". El endeudamiento es una
forma de que el capital internacional asegure que Perú no se desvíe del camino
trazado.
El blindaje legal: El Estado como empresa represiva
A la par, el Congreso ha
terminado de configurar el marco legal que garantiza la invulnerabilidad de
este modelo. No hablamos solo de leyes económicas,
sino de un paquete normativo de represión preventiva. La "ley de
protección policial" no es más que una licencia para la impunidad,
otorgando a las fuerzas del orden una patente de corso para el uso de la fuerza
letal contra cualquier expresión de descontento.
Al haber calificado
virtualmente toda forma de protesta social
como "obstrucción" o "alteración del
orden público", se ha logrado la desactivación jurídica
de la calle. La estrategia es clara: si el modelo
implica el avance sobre derechos básicos —como el control de los recursos
mineros o la privatización de servicios—, la ley debe garantizar que cualquier
resistencia sea categorizada no como un ejercicio de
derechos, sino como una amenaza a la seguridad nacional.
Así, el
Estado ha dejado de ser un mediador social para
convertirse en el brazo ejecutor de un modelo extractivo que no admite, bajo
ninguna circunstancia, la disidencia organizada.
Hacia una resistencia de nuevo cuño
Estamos, en rigor, ante la consolidación de la posdemocracia:
un
escenario donde las formas institucionales se mantienen apenas como un decorado
para legitimar un ejercicio del poder que ya no rinde cuentas a la ciudadanía. En
este modelo, la democracia deja de ser un mecanismo de representación para
transformarse en una herramienta de administración de activos; el ciudadano es
sustituido por el consumidor, y el bien común, por la gestión de beneficios
para el capital transnacional.
Lo que ocurre en el Perú no es una anomalía
regional, sino la vanguardia de una "segunda ola" del neoliberalismo
autoritario en América Latina. A diferencia de las
décadas pasadas, donde el modelo se vendía bajo la promesa
de modernización
y crecimiento, esta versión contemporánea —coincidente
con la realidad de Chile, Argentina o Ecuador— ha comprendido que, en sociedades
fracturadas y desconfiadas, el consenso democrático
es un lujo que ya no pueden costearse. Por ello, recurren a la
combinación de represión policial, captura del Estado por intereses ilícitos y
el desmantelamiento sistemático de cualquier espacio de disidencia.
Sin embargo, el fatalismo es el
principal aliado de este sistema. Si la protesta social
ha sido legalmente neutralizada en los espacios tradicionales, el desafío no reside en
intentar revivir los restos de una institucionalidad que ya no nos pertenece,
sino en la recomposición de nuevas formas de
contrapoder. La historia demuestra que la imposición
totalitaria siempre genera sus propias fisuras;
estas no brotarán necesariamente de los partidos políticos en agonía, sino de la organización
territorial y la autogestión comunitaria, allí donde la lógica del
mercado aún no ha logrado convertir cada interacción humana en una transacción.
La pregunta que nos deja el 2026 no es si el
modelo neoliberal sobrevivirá, sino qué grado de resistencia será capaz de
articular una sociedad que ha sido empujada al borde de la invisibilización. La
"posdemocracia" nos ofrece una elección: aceptar la gestión del
despojo como un destino inevitable o entender que, en la desarticulación
de las estructuras de poder tradicionales, reside también la oportunidad de
construir una soberanía que nazca, genuinamente, desde los márgenes.
La Posdemocracia: El teatro de la participación
El concepto de posdemocracia,
acuñado por el sociólogo británico Colin Crouch, es fundamental para entender
por qué el sistema actual en Perú —y en gran parte de Latinoamérica— se siente tan
asfixiante a pesar de realizar elecciones periódicas.
La posdemocracia no es el fin de la democracia,
sino su vaciamiento. Es un estado en el que las
instituciones (el Congreso, el Poder Judicial, el sistema electoral) siguen
funcionando, las elecciones se llevan a cabo y se respetan las formas
constitucionales, pero el contenido democrático ha sido drenado. Es,
esencialmente, una "cáscara formal".
1. El desplazamiento del poder: De la plaza al despacho corporativo
En una democracia plena, las decisiones
políticas se toman en el debate público y responden a las demandas ciudadanas. En
la posdemocracia, el impulso innovador y la toma de decisiones reales se trasladan
de la arena pública a los círculos cerrados de las élites económicas.
Los gobiernos ya no "gobiernan" en el sentido de dirigir el destino
colectivo, sino que actúan como gestores de intereses privados transnacionales.
El bienestar público se sacrifica en favor de la rentabilidad del mercado.
2. La despolitización de la ciudadanía
El sistema
posdemocrático necesita que el ciudadano se desentienda.
Esto se logra mediante tres mecanismos:
- La mercantilización de lo público: Todo
se privatiza o se gestiona con criterios empresariales, eliminando el
espacio para el conflicto político.
- La "gestión" en lugar de la
"política": Se nos dice que no
hay alternativas ("There is no alternative", como decía
Thatcher). Si la política es solo administración técnica y económica, el
voto pierde su poder de cambiar las cosas.
- Apatía y cinismo: Cuando
la población percibe que, sin importar quién gane, las políticas
económicas siguen siendo las mismas, la participación se desploma o se
vuelve meramente reactiva (voto de castigo).
3. La subordinación del Estado al mercado
Bajo esta lógica, el Estado deja de ser
el árbitro del bien común. En el caso peruano esto
es visible cuando:
- El FMI actúa como auditor del Estado: El
préstamo no es solo dinero; es una herramienta de supervisión que obliga a
los gobiernos a implementar políticas de austeridad que ellos mismos no
proponen, sino que son "dictadas" por los acreedores globales.
- El interés privado influye en la ley: Las
leyes no se crean para proteger al ciudadano, sino para proteger la
inversión (como la toma del puerto de Chancay o el blindaje a la minería
ilegal). El Estado se convierte, en palabras de Crouch, en un socio menor
de las grandes corporaciones.
4. La represión como mantenimiento del "orden"
Cuando el consenso se rompe y la ciudadanía
empieza a cuestionar este modelo, la posdemocracia muestra su rostro menos
amable. Al no poder convencer mediante argumentos
(porque el modelo no ofrece beneficios sociales reales), el Estado recurre a la
desactivación
jurídica: se legaliza la represión para que el
descontento no interfiera con el flujo de capitales. La
protesta deja de verse como un derecho y pasa a ser tratada como un delito
contra el orden económico.
La "posdemocracia" trasciende el
análisis de partidos específicos. El problema no es solo
la familia Fujimori o los políticos de turno; el problema es el
diseño del sistema mismo, que permite que el
poder real esté blindado frente a cualquier decisión democrática.
En la posdemocracia, el pueblo vota, pero el
mercado decide. Es asunto no es de esta elección; es la farsa de una estructura
institucional que ha sido secuestrada para garantizar que el modelo extractivo
continúe sin obstáculos, sin importar quién se siente en la silla presidencial.
