ELECCIONES EN PERÚ Y COLOMBIA 2026:
La geopolítica de la cocaína y el nuevo mapa del poder en
Sudamérica
Por Arturo Muñoz
Portugal
Introducción
Las elecciones presidenciales de 2026 en Perú y Colombia no solo
reconfiguran el escenario político regional. También obligan a preguntarse hasta qué punto las transformaciones del narcotráfico
internacional, la expansión de las rutas marítimas y la competencia por el
control de los principales puertos sudamericanos están influyendo en la disputa
por el poder.
Este ensayo plantea que el
narcotráfico contemporáneo
ya no puede entenderse únicamente como un problema criminal. Se ha convertido en un fenómeno geopolítico que interactúa con
la economía global, las cadenas logísticas internacionales y las decisiones
estratégicas de los Estados.
Desde esa perspectiva, la aparición del Puerto de Chancay constituye uno
de los cambios más importantes ocurridos en el comercio marítimo sudamericano
durante las últimas décadas.
I. El nuevo escenario marítimo del narcotráfico
La mayor parte
de la cocaína producida en Sudamérica abandona el continente por vía marítima. Diversos organismos internacionales
estiman que entre el 85 % y el 95 % del comercio mundial se transporta por mar,
circunstancia que convierte a los puertos comerciales en espacios de enorme
interés para las organizaciones criminales.
Cada año circulan millones de contenedores alrededor del mundo,
haciendo materialmente imposible inspeccionar la totalidad de la carga. Esa
limitación constituye una de las principales ventajas operativas del
narcotráfico internacional.
Entre los años
2000 y 2026, el sistema portuario peruano pasó de desempeñar un papel
complementario a convertirse en uno de los principales corredores de
exportación de cocaína hacia Europa, Norteamérica y, más recientemente, Asia.
Los puertos de
Callao, Paita y Chimbote fueron identificados desde hace varios años por
organismos internacionales como puntos relevantes de salida de cargamentos
ilícitos. A ellos
se suman otros grandes nodos logísticos sudamericanos como Guayaquil,
Buenaventura, Cartagena y Santos.
Más que un simple punto de embarque, un puerto constituye un
espacio donde convergen:
- cadenas
globales de suministro;
- operadores
logísticos;
- empresas
exportadoras;
- autoridades
aduaneras;
- infraestructura
tecnológica;
- redes
internacionales de transporte.
Precisamente
esa complejidad explica el interés permanente de las organizaciones criminales
por infiltrarse en estas instalaciones.
II. Las nuevas modalidades de exportación
Las
organizaciones criminales peruanas que operan para carteles colombianos, la 'Ndrangheta italiana, el
Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación y diversas redes europeas
han perfeccionado múltiples mecanismos para introducir cocaína
en la cadena logística internacional.
Entre los métodos más utilizados destacan:
- contaminación
de contenedores (Rip-on / Rip-off o "gancho ciego");
- contenedores
clonados;
- empresas
de fachada;
- carga
consolidada;
- corrupción
de operadores portuarios;
- infiltración
de la cadena logística.
El objetivo ya no consiste únicamente en ocultar la droga, sino en
integrarla temporalmente dentro del flujo normal del comercio internacional.
III. Chancay: el puerto que modifica el tablero estratégico
Al cumplir su primer año de operaciones comerciales (junio de
2025-junio de 2026), el Puerto de Chancay
comienza a consolidarse como uno de los principales centros logísticos entre
Sudamérica y la región Asia-Pacífico.
Las cifras operativas muestran la magnitud de esta transformación:
- más
de 502 000 TEU movilizados;
- 2,4
millones de toneladas de carga a granel;
- aproximadamente
42 000 vehículos gestionados;
- alrededor
de US$ 3 600 millones en operaciones comerciales.
La reducción del tiempo de navegación hacia Shanghái, de 45 a 23
días, representa una ventaja competitiva significativa para el comercio
peruano.
Sin embargo, desde una perspectiva estratégica, esta nueva infraestructura también modifica las oportunidades
disponibles para las organizaciones dedicadas al tráfico internacional de
drogas.
El desarrollo del Puerto de Chancay no implica, por sí mismo, un
incremento del narcotráfico. Lo que sí produce es una alteración de la
geografía logística sobre la cual operan las redes criminales transnacionales.
Perú: poder político, redes ilícitas y antecedentes documentados
Uno de los
antecedentes más importantes para comprender la relación entre poder político y
narcotráfico en el Perú corresponde al régimen encabezado por Alberto Fujimori
y Vladimiro Montesinos durante la década de 1990. Diversos procesos judiciales,
investigaciones periodísticas, declaraciones de colaboradores y documentación
desclasificada permitieron reconstruir un conjunto de hechos que llevaron a
numerosos analistas a describir aquel período como una forma de captura parcial
del Estado por redes vinculadas al narcotráfico, más que como una simple
infiltración criminal.
Entre los principales elementos documentados destacan los
siguientes:
El caso "Vaticano"
El narcotraficante Demetrio Chávez Peñaherrera, conocido como
"Vaticano", declaró ante la justicia haber entregado mensualmente 50
000 dólares a Vladimiro Montesinos a cambio de protección militar y de
inteligencia para sus operaciones de narcotráfico en la zona de Campanilla, en
la carretera Marginal de la Selva. Según su testimonio, Alberto Fujimori
conocía dicho esquema de protección.
Las investigaciones revelaron además que aquella vía era utilizada
regularmente por avionetas cargadas de cocaína y que determinados sectores de
la infraestructura habían sido acondicionados para facilitar estas operaciones.
El denominado "Narcoavión"
En 1996 fueron descubiertos aproximadamente 170 kilogramos de
cocaína ocultos en el avión presidencial de la Fuerza Aérea del Perú, hecho que
generó un amplio escándalo nacional e internacional debido al nivel de
seguridad que rodeaba la aeronave oficial.
Control militar de las zonas cocaleras
Diversos procesos judiciales sostuvieron que altos mandos militares
designados durante el régimen cobraban pagos ilícitos por cada kilogramo de
droga que abandonaba los principales valles cocaleros, especialmente el Alto
Huallaga y, posteriormente, el VRAEM. Parte de esos recursos habría terminado
financiando actividades del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).
Los antecedentes de Vladimiro Montesinos
Antes de convertirse en el principal asesor presidencial, Montesinos había ejercido la defensa legal de integrantes del
Cartel de Medellín y
otras organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas, antecedente
que posteriormente fue incorporado al análisis de sus vínculos con redes
criminales.
Armas por cocaína
En el año 2000 salió a la luz una de las operaciones más graves del
régimen: el envío clandestino de aproximadamente 10 000 fusiles AK-47
destinados a las FARC colombianas. Diversas investigaciones concluyeron que la
operación fue organizada desde el Servicio de Inteligencia Nacional y estuvo
vinculada con redes internacionales de tráfico de armas y cocaína.
Fuerza Popular y los cuestionamientos posteriores
Con posterioridad al régimen Fujimori-Montesinos, diversas
investigaciones fiscales, policiales y periodísticas también han vinculado a
dirigentes o personas cercanas a Fuerza Popular con presuntos casos
relacionados con lavado de activos, financiamiento irregular o narcotráfico.
Aunque varios de estos procesos permanecen en distintas etapas judiciales,
constituyen antecedentes relevantes dentro del debate público.
Caso Joaquín Ramírez
El exsecretario general de Fuerza Popular fue investigado por
presunto lavado de activos tras difundirse un audio atribuido a una
investigación de la DEA. Posteriormente, el Ministerio Público inició diversas
investigaciones patrimoniales y dispuso la incautación de bienes valorizados en
más de mil millones de dólares, bajo sospechas de blanqueo de capitales.
Aportes de Luis Calle Quirós
En la campaña electoral de 2011, Fuerza Popular recibió aportes de
Luis Calle Quirós. Dos años después, el Departamento del Tesoro de Estados
Unidos lo incorporó a la denominada "Lista Clinton" por presuntos
vínculos con operaciones internacionales de lavado de dinero provenientes del
narcotráfico.
El caso "Narcoindultos"
Miguel Facundo Chinguel, posteriormente condenado por integrar la
red de conmutación irregular de penas a narcotraficantes durante el segundo
gobierno de Alan García, fue señalado por la prensa como aportante de Fuerza
Popular y socio comercial de familiares de Keiko Fujimori.
Almacenes Limasa
En 2013 las autoridades incautaron aproximadamente 91 kilogramos de
cocaína ocultos en instalaciones de la empresa Limasa, vinculada
empresarialmente a Kenji e Hiro Fujimori. Los propietarios rechazaron cualquier
participación en los hechos y sostuvieron que fueron víctimas de la
infiltración de organizaciones criminales.
El denominado "pitufeo"
Dentro del proceso por presunto lavado de activos relacionado con
el financiamiento partidario, la Fiscalía sostuvo que se habría utilizado un
sistema de falsos aportantes para justificar ingresos en efectivo destinados a
campañas electorales, mecanismo conocido como "pitufeo".
Colombia: poder político, paramilitarismo y economías ilícitas
El caso colombiano presenta una dinámica distinta a la peruana.
Mientras que en el Perú las investigaciones se han concentrado principalmente
en estructuras estatales y organizaciones políticas, en Colombia el análisis exige considerar la histórica
convergencia entre narcotráfico, paramilitarismo, crimen organizado y
determinados sectores de la élite política y económica.
En ese contexto, la trayectoria del abogado Abelardo de la
Espriella ha sido objeto de numerosas investigaciones periodísticas y de un
intenso debate público debido a su actuación profesional en procesos
relacionados con jefes paramilitares y personas investigadas por narcotráfico,
así como por diversos hechos revelados posteriormente por medios de
comunicación y testimonios de antiguos integrantes de las Autodefensas Unidas
de Colombia (AUC).
La representación de jefes paramilitares
A comienzos de la década del 2000, De la Espriella asumió la
defensa jurídica de varios dirigentes de las Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC) y de personas vinculadas con organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Paralelamente, su firma, De la Espriella Lawyers Enterprise, experimentó un
importante crecimiento económico, pasando en pocos años de un capital inicial
reducido a convertirse en uno de los bufetes más visibles del país.
El ejercicio de la defensa jurídica constituye, por sí mismo, una
actividad legítima dentro del Estado de derecho. Sin embargo, la concentración
de representaciones de altos dirigentes paramilitares y narcotraficantes
convirtió posteriormente esta actividad en objeto de escrutinio periodístico y
político.
Santa Fe de Ralito y el proceso de desmovilización
Durante las negociaciones de paz desarrolladas en Santa Fe de
Ralito en 2004, De la Espriella participó como asesor jurídico de varios jefes
paramilitares.
Excomandantes de las AUC, entre ellos Salvatore Mancuso, han
declarado que el abogado desempeñó un papel activo durante ese proceso mediante
la Fundación FIPAZ, organización que distintas investigaciones periodísticas
señalaron como un mecanismo de apoyo civil vinculado al proceso de negociación
y que posteriormente fue objeto de cuestionamientos por sus presuntas
relaciones con estructuras paramilitares.
Investigaciones patrimoniales
Las investigaciones del medio periodístico Vorágine
señalaron que De la Espriella adquirió un predio asentado sobre un título
minero que anteriormente perteneció a la familia del narcotraficante y
exparamilitar conocido como alias "Comandante Barbie".
Según dichas investigaciones, el inmueble colinda con otras
propiedades sometidas a procesos de extinción de dominio y reclamaciones por
despojo de tierras. Estos hechos dieron lugar a nuevos cuestionamientos
públicos sobre el origen y contexto de determinadas operaciones inmobiliarias.
El caso Daniel Peñarredonda Gómez
En abril de 2026, una investigación periodística de Univision
reveló que Daniel Peñarredonda Gómez, abogado integrante de la firma De la
Espriella Lawyers Enterprise y considerado uno de sus principales
colaboradores, fue mencionado por la justicia federal de Estados Unidos, en el
Distrito Sur de Florida, como "cómplice no acusado" dentro de una
investigación relacionada con un presunto fraude.
De acuerdo con la acusación, la organización habría obtenido dinero
de narcotraficantes mediante falsas promesas de obtener beneficios judiciales
en tribunales estadounidenses.
Aunque el proceso no estuvo dirigido contra Abelardo de la
Espriella, el caso volvió a situar a su entorno profesional bajo el escrutinio
público.
La posición de Abelardo de la Espriella
Abelardo de la Espriella ha rechazado sistemáticamente todas estas
imputaciones, calificándolas como parte de una "leyenda negra"
construida en su contra.
En diversas entrevistas ha sostenido que su actuación siempre
estuvo circunscrita al ejercicio legítimo de la profesión de abogado y, en el
caso del proceso de Santa Fe de Ralito, a labores encaminadas a facilitar las
negociaciones de paz. Asimismo, ha negado haber participado en actividades
ilícitas o haber mantenido vínculos con organizaciones criminales más allá de
la representación legal de algunos de sus integrantes.
Estados Unidos: las contradicciones de la guerra contra las drogas
Controversias políticas, entorno familiar y cuestionamientos
públicos
La política antidrogas de Estados Unidos ha estado históricamente
acompañada de un discurso de "tolerancia cero" frente al
narcotráfico. Sin embargo, diversos episodios
han puesto de relieve que incluso figuras relevantes del establecimiento
político estadounidense han enfrentado cuestionamientos públicos relacionados
con personas de su entorno o con decisiones políticas que posteriormente fueron
objeto de escrutinio.
Uno de los
casos más citados es el del actual secretario de Estado, Marco Rubio. Diversos
medios de comunicación, entre ellos The Washington Post y Univision,
han publicado investigaciones sobre determinados episodios de su trayectoria
política y familiar que suscitaron debate público, aunque Rubio ha negado
reiteradamente haber mantenido cualquier vínculo con actividades criminales.
El caso Orlando Cicilia
En 1987, Orlando Cicilia, cuñado de Marco Rubio, fue condenado en
Estados Unidos por integrar una organización dedicada al tráfico de cocaína en
Miami, cuyas operaciones alcanzaban decenas de millones de dólares vinculados a
carteles sudamericanos.
Este antecedente adquirió relevancia pública años después debido a
la relación familiar existente entre ambos.
La residencia durante la adolescencia
Diversas investigaciones periodísticas señalaron que, siendo
adolescente, Marco Rubio residió durante aproximadamente un mes en la vivienda
de Orlando Cicilia.
Posteriormente se estableció que ese inmueble había sido utilizado
por la organización criminal para almacenar y acondicionar cargamentos de
cocaína. Rubio ha declarado que en aquella época era estudiante y desconocía
por completo las actividades ilícitas desarrolladas en dicho lugar.
No existe evidencia pública que indique que hubiera participado en
esas operaciones o que tuviera conocimiento de ellas.
La carta de recomendación de 2002
Cuando ejercía funciones como legislador en el estado de Florida,
Marco Rubio remitió una carta oficial apoyando la solicitud para que Orlando
Cicilia obtuviera una licencia como agente inmobiliario tras recuperar su
libertad.
La controversia surgió porque el documento no hacía referencia al
parentesco existente entre ambos ni a los antecedentes penales por narcotráfico
del solicitante, circunstancia que fue ampliamente comentada por la prensa
estadounidense.
Rubio sostuvo posteriormente que su intención era respaldar el
proceso de reinserción social de un familiar que ya había cumplido íntegramente
su condena.
Financiamiento de campaña
Durante la campaña para el Senado en 2009, Rubio recibió
contribuciones provenientes de un fondo relacionado con Joel Steinger,
empresario posteriormente investigado por dirigir un esquema fraudulento de
tipo Ponzi y por presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas con
organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Las investigaciones periodísticas señalaron que dichas
contribuciones formaban parte del financiamiento político recibido durante
aquella campaña. No obstante, no se acreditó que Rubio hubiera participado en
las actividades ilícitas atribuidas a Steinger ni que conociera el origen
irregular de esos recursos al momento de recibirlos.
La posición de Marco Rubio
Marco Rubio ha rechazado cualquier insinuación de vínculos con
organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Respecto a los episodios relacionados con su cuñado, ha sostenido
que nunca participó en actividades criminales ni tuvo conocimiento de ellas
durante su adolescencia. En cuanto a la carta de recomendación enviada en 2002,
ha explicado que respondía exclusivamente al propósito de facilitar la
reinserción de un familiar que había cumplido la pena impuesta por la justicia.
En consecuencia, las controversias documentadas se refieren
principalmente a decisiones políticas, relaciones familiares y cuestionamientos
periodísticos, más que a la existencia de procesos judiciales que hayan
establecido responsabilidad penal por vínculos con el narcotráfico.
Bolivia: el primer narcoestado latinoamericano
Testimonio de Roberto Suárez Gómez y la dimensión geopolítica de
la Guerra contra las Drogas
Bolivia constituye un caso singular dentro de la historia del
narcotráfico latinoamericano. Entre 1980 y 1981 se configuró lo que numerosos
historiadores consideran el primer narcoestado moderno de la región: un régimen
militar cuya supervivencia política dependió, en buena medida, de una estrecha
alianza entre las Fuerzas Armadas, estructuras represivas y las principales
organizaciones dedicadas al tráfico internacional de cocaína.
El denominado "Golpe de la Cocaína", ocurrido el 17 de
julio de 1980, no solo interrumpió el proceso democrático boliviano. También
representó uno de los primeros ejemplos documentados de captura del aparato
estatal por intereses directamente vinculados al narcotráfico.
Dentro de ese contexto histórico, las declaraciones de Roberto
Suárez Gómez —considerado durante los años ochenta el mayor productor y
exportador de cocaína de Bolivia y uno de los principales abastecedores del
Cartel de Medellín— constituyen un testimonio de especial interés para
comprender cómo percibían los propios protagonistas el funcionamiento del
mercado mundial de la cocaína y las políticas internacionales de control.
I. El testimonio de Roberto Suárez Gómez
En diversas entrevistas concedidas tras su captura, particularmente
en la publicada por El País el 5 de febrero de 1990 y posteriormente
recogida por Ayda Levy en El Rey de la Cocaína. Mi vida con Roberto Suárez
Gómez y el nacimiento del primer narcoestado, Suárez expuso una
interpretación profundamente crítica de la política internacional antidrogas.
Según su visión, la denominada "Guerra contra las Drogas"
nunca tuvo como finalidad principal eliminar el tráfico internacional de
cocaína. Afirmó que el verdadero objetivo consistía en reorganizar el mercado
mundial y controlar los mecanismos de intermediación.
En una de sus declaraciones más conocidas sostuvo:
"Yo no creo en esta guerra contra el narcotráfico, porque
nadie va a erradicar el mayor negocio del mundo. De lo que se trata aquí es de
la transferencia de la intermediación."
Desde esa perspectiva, argumentaba que las campañas de erradicación
no habían reducido la producción de hoja de coca. Por el contrario, sostenía
que los cultivos aumentaron incluso después del despliegue de fuerzas
especiales antidroga y de agentes de la DEA en las principales zonas
productoras bolivianas.
Asimismo, afirmaba que el mercado internacional funcionaba mediante
mecanismos de selección y protección de determinados operadores, mientras otros
eran perseguidos, lo que —a su juicio— evidenciaba un proceso de reorganización
del negocio antes que su eliminación.
II. Una interpretación geopolítica de la Guerra contra las Drogas
Las afirmaciones de Roberto Suárez Gómez deben entenderse como el
testimonio de uno de los principales actores del narcotráfico latinoamericano y
no como hechos históricamente demostrados.
No obstante, poseen interés analítico porque expresan una
interpretación que posteriormente ha sido discutida por diversos investigadores
dedicados al estudio de las economías ilícitas, quienes han señalado que la
política internacional antidrogas produjo efectos no previstos, entre ellos el
desplazamiento geográfico de los cultivos, la fragmentación de las
organizaciones criminales y la apertura de nuevas rutas internacionales.
Suárez sostenía que programas como el denominado Plan Bennett,
impulsado por el primer "zar antidrogas" estadounidense, William
Bennett, buscaban ejercer presión sobre los países andinos mediante la
erradicación de cultivos, la militarización del territorio y un mayor control
político sobre las economías productoras de coca.
Economistas
como Milton Friedman también cuestionaron la eficacia de las políticas
prohibicionistas, aunque desde una perspectiva diferente. Friedman argumentó
que la prohibición fortalecía los mercados ilegales, incrementaba la corrupción
y elevaba extraordinariamente la rentabilidad del narcotráfico sin reducir de
manera significativa el consumo.
Aunque ambos coincidían en criticar la estrategia prohibicionista,
sus fundamentos eran distintos: mientras Friedman formulaba un argumento
económico liberal, Suárez interpretaba la política antidrogas como un
instrumento de control geopolítico del mercado mundial de la cocaína.
III. El narcoestado boliviano (1980-1981)
El 17 de julio de 1980 el general Luis García Meza encabezó un
golpe de Estado que impidió la asunción del presidente democráticamente
elegido, Hernán Siles Zuazo.
Diversos estudios históricos coinciden en señalar que el nuevo
régimen recibió apoyo financiero de importantes organizaciones dedicadas al
narcotráfico, circunstancia que dio origen a lo que posteriormente sería
conocido como el "Golpe de la Cocaína".
La represión política fue ejecutada con la participación de grupos
paramilitares, asesores extranjeros y antiguos integrantes de organizaciones
represivas europeas, entre ellos Klaus Barbie —conocido durante la Segunda
Guerra Mundial como el "Carnicero de Lyon" bajo el nombre de Klaus
Altmann—, así como militares argentinos vinculados a la represión ilegal
durante la dictadura de Rafael Videla.
Dentro del régimen desempeñó un papel central el coronel Luis Arce
Gómez, ministro del Interior, considerado uno de los principales articuladores
de la relación entre el aparato estatal y las organizaciones dedicadas al
tráfico internacional de cocaína.
Durante ese período, la organización dirigida por Roberto Suárez
Gómez —descrita por algunos investigadores como la "General Motors de la
cocaína" debido a su escala industrial— operó en un contexto de protección
estatal que facilitó la construcción de pistas clandestinas, corredores aéreos
y redes logísticas destinadas a la exportación de cocaína hacia los mercados
internacionales.
La utilización simultánea del aparato represivo del Estado para
combatir a la oposición política y proteger actividades vinculadas al
narcotráfico constituye uno de los rasgos que distinguen al régimen de García
Meza dentro de la historia política latinoamericana.
IV. El colapso del régimen
El aislamiento internacional, la presión interna y las crecientes
divisiones dentro de las Fuerzas Armadas provocaron la caída del gobierno de
García Meza en agosto de 1981.
Años más tarde, tanto Luis García Meza como Luis Arce Gómez fueron
condenados por la justicia boliviana a treinta años de prisión sin derecho a
indulto por los delitos cometidos durante la dictadura, convirtiéndose en uno de los primeros precedentes
latinoamericanos de juzgamiento de un régimen estrechamente vinculado con
estructuras del narcotráfico.
La experiencia
boliviana de 1980-1981 marcó un punto de inflexión en la historia regional al
demostrar que una organización criminal podía trascender la corrupción
tradicional e influir directamente en la conformación, financiamiento y
funcionamiento de un gobierno nacional. Desde entonces, el concepto de narcoestado
pasó a formar parte del vocabulario político y académico para describir
situaciones en las que las economías ilícitas logran capturar, parcial o
totalmente, las instituciones del Estado.
