PASADO Y PRESENTE DE LA
DEMOCRACIA EN EL PERÚ II
el
capital militar se transforma en poder institucional, poder informal o poder
electoral
Por: Arturo Muñoz
Portugal, CHC e IA
Por primera vez, con la
elección de Ollanta Humala en 2011, desde el retorno democrático de
1980, un oficial que había protagonizado una rebelión
siendo militar
en actividad llegó a la Presidencia mediante
elecciones. El militar llega al centro del Estado. La
secuencia es la siguiente: Ollanta Humala, oficial activo del Ejército, se rebela en Locumba en
octubre del año 2000 y en diciembre es pasado al retiro.
Posteriormente, crea el Partido Nacionalista, participa en las elecciones de 2006 y
gana la Presidencia en 2011.
¿Qué ocurre con el capital militar cuando su
portador ya no está fuera del Estado, sino que se convierte en jefe del Estado?
Desde el punto de vista personal, es necesario
analizar a Humala y su trayectoria militar; desde el ángulo del Gobierno,
estudiar cómo los militares y policías retirados han sido incorporados a
posiciones políticas o administrativas; y, desde la perspectiva institucional,
observar la relación entre la Presidencia, el Ministerio de Defensa, los
comandos militares y los organismos de inteligencia.
Con Fujimori teníamos
a un
personaje que asumía la Presidencia civil, apoyado por el sector de inteligencia
y con una estrecha relación con las Fuerzas Armadas.
Humala
cambia la dirección del flujo: aparece potencialmente
el movimiento inverso, un individuo con trayectoria militar que asume la Presidencia
y ejerce el control político del sector Defensa.
Esto no significa
automáticamente «militarización». Al contrario, una persona de origen
militar puede ejercer un gobierno plenamente constitucional. Por
eso es necesario separar el origen militar del gobernante de la naturaleza
militar del régimen.
Porque el verdadero indicador
de militarización no es quién gobierna, sino cómo gobierna. Que
un presidente haya sido militar no significa que el régimen sea militar. Velasco tuvo un origen
militar y sí encabezó un gobierno militar. Por
el contrario, Fujimori no tuvo origen militar,
pero sí
formó parte de un aparato de inteligencia estrechamente vinculado con las
Fuerzas Armadas y, por ello, produjo una importante
militarización de la política, dirigiendo un régimen cívico militar.
Esto nos permite
construir la siguiente Matriz de Origen.
2016:
COMIENZA LA ETAPA DE LA FRAGMENTACIÓN
Con Pedro Pablo
Kuczynski cambia nuevamente el escenario. Ya no tenemos el modelo de un militar
que asume la Presidencia, sino el de un civil elegido presidente. Sin embargo,
el Perú entra en una fase de enorme inestabilidad política.
Y esto es importante
porque, cuando disminuye la legitimidad del sistema político, aumenta el
valor relativo de las instituciones que conservan:
·
organización;
·
disciplina;
·
jerarquía;
·
presencia territorial;
·
capacidad logística;
·
reconocimiento público.
Entre ellas se
encuentran las Fuerzas Armadas y la Policía, pero
también otras instituciones con capacidad de organización y presencia social,
como la
Iglesia Católica.
Entonces, la influencia militar
puede aumentar no porque los militares conquisten el poder, sino porque las instituciones
civiles pierden capacidad de gobierno.
2017–2020:
LA CRISIS POLÍTICA MODIFICA EL EQUILIBRIO
Producto del acoso a PPK
por parte de la bancada fujimorista, Kuczynski renuncia y es sucedido por Martín
Vizcarra, quien disuelve el Congreso. Posteriormente, el Congreso vaca a
Vizcarra y asume la Presidencia el presidente del Congreso, Manuel Merino,
quien también es obligado a renunciar y es reemplazado por Francisco Sagasti.
Durante estos años
aparecen repetidamente tres instituciones: Presidencia, Congreso y Fuerzas
Armadas/Policía.
¿Intervinieron los militares? ¿En qué momentos
se convirtió su posición institucional en un factor decisivo para resolver una
crisis política?
La crisis de noviembre de
2020 es especialmente importante. Martín Vizcarra es
vacado; Manuel Merino asume la Presidencia; se produce una fuerte movilización
ciudadana y, finalmente, Merino renuncia.
Francisco Sagasti asume la Presidencia.
En ese contexto, la
posición de las Fuerzas Armadas adquiere enorme relevancia, porque la transferencia
del poder ocurre bajo una situación de elevada tensión política.
Nace así una categoría nueva:
poder
de arbitraje institucional.
Esto no significa
necesariamente que las Fuerzas Armadas gobiernen. Significa
que la
posición que adopten puede afectar significativamente el resultado de una
crisis constitucional. Ese poder puede existir incluso sin una intervención
militar directa.
2021:
CASTILLO Y UNA NUEVA RELACIÓN CON LAS FF. AA.
Con Pedro Castillo
aparece otro fenómeno. El nuevo gobierno enfrenta desde el inicio a un Congreso
hostil, generándose una crisis institucional,
conflictos sociales, cambios frecuentes de ministros y una tensión permanente
con las Fuerzas Armadas y la Policía.
Nuevamente encontramos
una paradoja:
el poder militar puede estar formalmente subordinado y, al mismo tiempo, ser políticamente
indispensable.
7
DE DICIEMBRE DE 2022: LA PRUEBA DEFINITIVA
El intento de Pedro
Castillo de disolver el Congreso y reorganizar el Estado constituye otro punto
crítico.
Aquí aparece una
cuestión central:
¿Qué hizo la estructura militar?
Sin necesidad de
interpretar políticamente la respuesta, resulta interesante observar la
conducta institucional:
¿Reconocieron la orden?
¿La ejecutaron?
¿La rechazaron?
¿A quién reconocieron
como autoridad constitucional?
La respuesta permite
medir algo que denominaremos Índice de Subordinación Constitucional (ISC).
Es decir, la capacidad de las
Fuerzas Armadas para mantenerse dentro de la cadena constitucional durante una
ruptura política.
Esto es tan importante
como medir su influencia. Porque una democracia sólida no necesita que los
militares sean políticamente irrelevantes. Necesita que sean institucionalmente
fuertes y políticamente subordinados.
2022–2026:
APARECE OTRA DIMENSIÓN
Después de Castillo, Dina
Boluarte asume la Presidencia. La cuestión militar adquiere nuevamente
importancia por diversos factores:
- seguridad interna;
- protestas;
- estados de emergencia;
- apoyo logístico;
- fronteras;
- narcotráfico;
- minería ilegal;
- desastres;
- control territorial.
Aquí debemos introducir
una distinción
fundamental entre militarización política —cuando las Fuerzas Armadas
influyen sobre las decisiones políticas— y militarización de la seguridad
—cuando las Fuerzas Armadas asumen tareas de seguridad interna—.
Una puede aumentar sin
que necesariamente aumente la otra.
Por ejemplo, más militares en las
calles no significa automáticamente más militares controlando el Estado.
Así, el IMP-Perú
llega a contar con ocho dimensiones.
Para complementarlo hay
que añadir
el ISC —Índice de Subordinación Constitucional—,
porque no
se debe confundir influencia con ruptura democrática.
Al cruzar el IMP —¿cuánto peso
político tienen los militares? — con el ISC —¿cuánto
respetan las Fuerzas Armadas la autoridad constitucional? —
tenemos cuatro escenarios.
La pregunta central para
2026
¿Ante qué escenario
estamos?
Escenario A: Desmilitarización progresiva
Escenario B: Militarización silenciosa
Escenario C: Militarización electoral
Escenario D: Militarización por crisis
Escenario E:
Institucionalización de las Fuerzas Armadas
La impresión es que el Perú puede estar
experimentando simultáneamente A, C, D y E en diferentes dimensiones.
Eso explicaría por qué
la realidad parece contradictoria.
El mapa definitivo de cuatro décadas
En el periodo 1968–1980, un
militar controla el Estado y establece un gobierno militar.
Para el periodo 1980–1990, tenemos
el retorno a la democracia y se establece una relación de soporte a la
democracia por parte de las Fuerzas Armadas, particularmente en el ámbito de la
seguridad interna.
Con respecto al periodo 1990–2000, un
civil gana la Presidencia, sostenido por el aparato de inteligencia, con una
alta injerencia de las Fuerzas Armadas. Por ende, el control político adquiere
un carácter cívico-militar.
Luego, el periodo 2000–2006 corresponde
a una etapa de transición y desmontaje del aparato cívico-militar, con el
objetivo de restablecer una democracia que ejerza nuevamente el control civil.
Al llegar al periodo 2006–2011, un
militar retirado crea un movimiento nacionalista, conquista electores, triunfa
en las elecciones de 2011 y ocupa la Presidencia a partir de ese año.
Para el periodo 2011–2016, un
personaje de origen militar ejerce la Presidencia respetando las instituciones
democráticas.
Finalmente, el periodo 2016–2026 está
marcado por una gran crisis de la política civil, en la que el Congreso entra
en conflicto con el Ejecutivo, haciendo que las Fuerzas Armadas y la Policía
asuman un papel creciente en materia de seguridad y, potencialmente, de arbitraje
institucional.
Una conclusión a partir
de lo expuesto
No se trata de una historia de militares que
entraron en política, sino de la historia de la transformación del poder
militar en el Perú, 1980–2026.
El poder militar vive
una permanente metamorfosis, en coherencia con la gravedad de los conflictos
políticos y sociales y en función de la gravedad o relativa estabilidad de las
crisis económicas. En determinadas coyunturas, puede ingresar abiertamente
en el campo político para contribuir a superar momentos
críticos que amenazan el poder de una élite; en otras, puede permanecer tras
bastidores, conservando capacidad de influencia sin
asumir directamente el gobierno.
Y la secuencia que
aparece es la siguiente:
GOBIERNO MILITAR →
SEGURIDAD INTERNA → MILITARIZACIÓN DEL PODER CIVIL → DESMONTAJE DEL APARATO
MILITAR O CÍVICO-MILITAR → CONTROL CIVIL → CONVERSIÓN ELECTORAL DEL CAPITAL
MILITAR → MILITAR EN LA PRESIDENCIA → CRISIS DE LA POLÍTICA CIVIL →
REVALORIZACIÓN DEL PODER INSTITUCIONAL MILITAR.
Cuando un personaje de origen militar postula
en un proceso electoral, a esa postulación se le puede denominar conversión
electoral del capital militar.
Si el individuo vence en
las urnas, se produce un militar en la Presidencia.
Un posible desenlace al
finalizar el periodo de un militar en la Presidencia es el ocurrido
posteriormente en el Perú: una crisis de la política civil, que
lleva nuevamente a una revalorización del poder institucional militar.
Las cinco puertas de
entrada al poder para una persona de origen militar
PUERTA 1 — COMANDO
MILITAR
Comandante
General del Ejército, Marina, FAP o jefe del Comando Conjunto.
Militar
→ institución militar → influencia estatal
PUERTA 2 — INTELIGENCIA
SIN,
inteligencia militar, inteligencia policial y organismos sucesores.
Militar
→ información → poder político
Esta
categoría será particularmente importante para el periodo 1990–2000.
PUERTA 3 — EJECUTIVO
Ministro
de Defensa, ministro del Interior, asesor, funcionario o jefe de organismo.
Militar
→ administración pública → poder ejecutivo
PUERTA 4 — CONGRESO
Senador,
diputado, congresista o miembro de comisiones.
Militar
→ partido → representación → legislación
PUERTA 5 — ELECCIONES
PRESIDENCIALES
Candidato
presidencial proveniente de las Fuerzas Armadas o de la PNP.
Militar
→ partido → electorado → Presidencia
MATRIZ NOMINAL POR
PUERTA DE INGRESO
*En el caso de Montesinos tendremos que
distinguir cuidadosamente entre grado, situación de retiro y posición real de
poder. No debemos convertir automáticamente la condición de «exmilitar» en la
de «miembro activo de las Fuerzas Armadas».
Una constatación es que la conversión electoral
del capital militar ha estado fuertemente concentrada en el Ejército. Esta
conversión se presenta con mayor frecuencia en el Ejército que en la Marina
o la FAP.
Con la Matriz Nominal
por Puerta de Ingreso se podrá responder a cinco preguntas:
1. ¿El Ejército domina históricamente la
conversión militar-política?
2. ¿La Marina y la FAP tienen rutas diferentes
de influencia?
3. ¿La inteligencia constituye una vía
independiente de poder?
4. ¿Los militares retirados funcionan como una
élite política organizada?
5. ¿La influencia
militar ha disminuido realmente desde 1980 o simplemente ha cambiado de
mecanismo?
La tesis que emerge es
la siguiente:
El problema no es determinar si los militares
participan o no en la política peruana. El problema es identificar los
mecanismos mediante los cuales el capital militar —rango, organización,
conocimiento, redes, prestigio, información y experiencia de Estado— se
transforma en poder institucional, poder informal o poder electoral.
Por tanto, el objeto de estudio deja de ser
simplemente la participación de los militares en política y se convierte en un estudio de la
circulación de las élites y de la transformación del poder.
