lunes, 17 de noviembre de 2025

LA DEMOCRACIA SIN LEY I El juicio contra Pedro Castillo

 

 

Año 21 Número 217             Arequipa, 2025, noviembre 17

http://candela3.blogspot.com   candela369@gmail.com

 

LA DEMOCRACIA SIN LEY I

El juicio contra Pedro Castillo

Por: Arturo Muñoz

Esto sucedió en algún país, en una oscura noche. Un pelotón del ejército entra en Palacio de Gobierno, despiertan al Presidente y le indican que está detenido. El Presidente levanta el libro de la Constitución de la República y grita: “La Constitución me ampara, ustedes no me pueden detener y menos derrocarme, yo soy el fruto de elecciones democráticas”. El militar lo mira y le responde haciendo un gesto de desprecio y sorpresa: “¿La Constitución, a medianoche y frente a un fusil?”

José Balta, presidente constitucional del Perú, es fusilado por los golpistas en 1872

Sólo es válida la Constitución si detrás del papel escrito la respalda la fuerza armada. El miedo a la muerte o a una condena doblega al ciudadano a obedecerla. Ilusamente los “intelectuales” redactan perfectas constituciones teóricamente válidas, tratados y convenciones entre países, respetados sólo por los países débiles, el país fuerte impone su criterio a su conveniencia. Una idea falsa es la creencia en la igualdad ante la ley, la única ley que se cumple es la ley del más fuerte.

Golpe de Estado contra el presidente socialista Salvador Allende 1973

Hace tres años Pedro Castillo Terrones era presidente del Perú, los caminos legales para despojarlo del cargo eran los constitucionales, vacarlo de acuerdo al artículo 113 de la Constitución: por muerte (posible asesinato), permanente incapacidad moral o física, renuncia, salir del territorio nacional sin permiso o no regresar a él dentro del plazo fijado, destitución.

Durante 16 meses lo persiguieron, lo acosaron, con pruebas o sin pruebas, el objetivo era apartarlo de la presidencia. Aplicaron al pie de la letra la máxima de que el fin justifica los medios. Le inventaban delitos, cómplices, decían que los generales de la policía compraron sus ascensos pagando 20 mil dólares, sin embargo, ningún general fue acusado de soborno. “La fiscal Benavides aseguró que los investigadores encontraron ´muy graves y reveladores indicios´ de la supuesta existencia de la red criminal en el Gobierno, aunque no dijo cuáles”, informaba BBC News el 12 de octubre del 2022. En la misma nota comunicaba que la cuñada, Yenifer Paredes, a la que según el mismo presidente Castillo, cuenta ha criado como su hija, fue encarcelada el 31 de agosto del 2022 por su supuesta pertenencia a la red liderada por Castillo.

Una mañana, el 7 de diciembre del 2022, seguramente agotado por la campaña de demolición en su contra, el presidente Pedro Castillo tuvo la peregrina idea de cerrar el Congreso, sin contar con el apoyo de las fuerzas armadas y policiales ¿Cuándo se le ocurrió esa tontería? ¿Quién se la sugirió? Todo indica que fue algo planeado por civiles y militares, obviamente, hoy nadie busca a los verdaderos artífices de la trampa en que cayó Pedro Castillo.

Golpe de Estado contra el presidente Pedro Castillo

No bien terminó de leer la hoja magnicida, la policía lo detuvo aun cuando Castillo seguía investido de presidente. Pudo haber gritado “la Constitución me ampara”, “nadie me puede detener”. Y la respuesta iba a ser idéntica: “¿la Constitución, en medio de la calle y frente a un destacamento de policías armados y dispuestos a disparar?”, las risas de desprecio hubieran sonado mundialmente.

Detienen al presidente Castillo sin que se le haya vacado

Cayó el telón y el drama Castillo finalizó con otro acto ilegal, la aprobación de su vacancia por el Congreso con 101 votos cuando, legalmente, se necesitaban 104 votos.

Vacan al presidente Castillo sin moción de vacancia y sin los 104 votos requeridos

Por la memoria de los memoriosos recorrieron las imágenes del presidente socialista de Chile, Salvador Allende Gossens, defendiendo La Moneda y encontrado muerto el 11 de setiembre de 1973, luego del golpe de estado dado por el “constitucionalista” general Pinochet. El presidente socialista electo en 1970 caía por un golpe militar, de nada, absolutamente de nada, sirvió “la tradición democrática de Chile”. La fuerza bestial de las armas se impuso a la ley.

El presidente de Chile, Salvador Allende, no se rinde y enfrenta a los golpistas

Recordamos al presidente de Honduras Manuel “Mel” Zelaya “proponiendo un plebiscito para el 28 de junio del 2009 poniendo en consulta la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. En la madrugada del 28 de junio de 2009 ― el día en que se debía celebrar la consulta popular ―, Zelaya fue sacado a la fuerza de su residencia por un grupo de militares, y llevado a la base aérea Hernán Acosta Mejía.”

“En el Congreso Nacional de Honduras, el 28 de junio de 2009, se leyó una presunta carta de renuncia presentada por el presidente Zelaya y se aceptó la misma. Zelaya desmintió haber escrito la carta y demostraba que era un golpe militar con la participación de los poderes fácticos de Honduras.”

El pueblo de Honduras protesta contra el golpe de estado contra Mel Zelaya

“También, contra Fernando Lugo, presidente de Paraguay, los medios de comunicación lanzaron una ofensiva para destituirlo con diversos pretextos, acusándolo, por ejemplo, de corrupción.”

“En mayo de 2012, la finca Campos Morombi de Curuguaty, fue ocupada por campesinos para protestar por la escasez de tierras agrícolas, el 15 de junio el desalojo resultó con 17 personas muertas, once campesinos y seis policías.”

“La policía dijo que los efectivos fueron emboscados. Otras fuentes consideran que fue en realidad un montaje para pedir la destitución de Lugo. El 21 de junio, la Cámara de Diputados paraguaya aprobó el juicio de desafuero en contra de Fernando Lugo por mal cumplimiento de sus funciones. A Lugo solo se le dieron 2 horas para presentar su defensa ante el parlamento. El 22 de junio Lugo fue destituido del cargo. El desafuero fue una “ruptura del orden democrático”, fue un ´golpe exprés de Estado´ y una violación del orden constitucional.”

El presidente Lugo es desaforado y el pueblo protesta a su favor

Zelaya, Lugo y Castillo se defendieron con la Constitución, pero no contaban con la fuerza para hacerla cumplir. Los golpistas en ambos casos, de la misma manera que los golpistas contra Castillo, eran apoyados por las armas. Y detrás de las armas el poder económico e imperial.

JUICIO CONTRA EL PRESIDENTE PEDRO CASTILLO TERRONES

A Pedro Castillo lo acusaron del delito de rebelión:

Artículo 346 (Código Penal). - Rebelión El que se alza en armas para variar la forma de gobierno, deponer al gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de veinte años.

No hay lugar a interpretación, el rebelde debe alzarse en armas, pero, para el gusto de la fiscal suprema Patricia Benavides, la rebelión es leer una hoja escrita. El papel es un arma con la cual se puede disolver el Congreso sin necesidad de las fuerzas armadas y policiales. Benavides actúa de acuerdo al eslogan “soy fiscal y hago lo que quiero con la ley, la tergiverso, la aplico, la desobedezco”. Al fin y al cabo, la democracia es la forma como los poderosos hacen su voluntad de acuerdo a ley o a lo ilegal, lo que sea más útil a sus fines.

El presidente Castillo y su abogado Johny Hernández en el irrito juicio en su contra

Como la fiscalía no probó el delito de rebelión cometido por Castillo, el tribunal de jueces provisionales que juzgan a Castillo, inventó un nuevo delito, el de conspiración.

Artículo 349 (Código Penal). - Conspiración para una rebelión, sedición o motín. El que toma parte en una conspiración de dos o más personas para cometer delitos de rebelión, sedición o motín, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de la mitad del máximo de la señalada para el delito que se trataba de perpetrar.

¿Si no se probó el delito de rebelión? ¿Si no hubo rebelión, ni siquiera en grado de tentativa… con quién conspiró Castillo? Las confesiones de militares y policías en el juicio confirman que ninguno coordinó con Castillo ni el 7 de diciembre, ni antes, ni después, para disolver el Congreso. Por lo tanto, no contaba con lo esencial: la fuerza armada. No se reunió con ningún militar o policía, ni mucho menos con el Tren de Aragua que parece “controlar” a las fuerzas armadas y policiales, ergo, no hubo conspiración.

Si los jueces provisionales, en complicidad con los fiscales, sentencian a Castillo condenatoriamente estarían destruyendo el orden jurídico del país, si alguna vez existió ¿Esto es posible? Sí, porque ellos si cuentan con las fuerzas armadas, policiales y delincuenciales.

La sala en el penal Barbadillo donde es enjuiciado el presidente Castillo

Castillo ha contraatacado denunciando a los 101 congresistas que lo vacaron ilegalmente. El Reglamento del Congreso es tan diáfano como el Código Penal:

Artículo 89-A. El procedimiento para el pedido de vacancia de la Presidencia de la República, por la causal prevista en el inciso 2) del artículo 113 de la Constitución (artículo 113 de la Constitución. La Presidencia de la República vaca por: 2. Su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso), se desarrolla de acuerdo con las siguientes reglas:

c)     El Pleno del Congreso acuerda día y hora para el debate y votación del pedido de vacancia, sesión que no puede realizarse antes del tercer día siguiente a la votación de la admisión del pedido ni después del décimo, salvo que cuatro quintas partes del número legal de Congresistas acuerden un plazo menor o su debate y votación inmediata. Si fuera necesario se cita, para este efecto, a una sesión especial. El Presidente de la República cuya vacancia es materia del pedido puede ejercer personalmente su derecho de defensa o ser asistido por letrado, hasta por sesenta minutos.

No hay peor analfabeto que el que no quiere leer ¿Dónde está la moción pidiendo la vacancia del presidente Castillo presentada de acuerdo al Reglamento del Congreso? ¿Qué congresistas la firmaron? ¿Cuándo el presidente del Congreso, Williams, citó al presidente Castillo para que ejerza su defensa? No hay moción de vacancia, ni mucho menos se le permitió a Castillo ejercer el derecho de defensa. La destitución del presidente Castillo fue otra ejecución extrajudicial más.

En el Estado de Cohecho vigente en el Perú, los 101 congresistas vacadores no respetaron el Reglamento del Congreso en el que se dispone el procedimiento para vacar al Presidente de la República. Estando la ley cristalinamente escrita los gonfaloneros de la burguesía, que portan el estandarte de la democracia caprichosa, la democracia donde el poderoso hace lo que quiere, sin respetar la ley o interpretándola a su manera; argumentan que Castillo no merecía ni siquiera el trato que la ley le dispensaba.

Desvariando justifican la ilegalidad del desafuero de Castillo con el artículo N° 46 de la Constitución:

Artículo 46. [Gobierno usurpador. Derecho de insurgencia]

Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes.

La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional.

Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas.

 ¿Cuál es el delito por el que se le acusa a Castillo? ¿No es acaso el de rebelión y posiblemente el de conspiración? Si estos son los delitos supuestamente cometidos por Castillo ¿en qué momento cometió el de usurpación? ¿en qué parte de la carpeta fiscal se incluyen los hechos de usurpación? Castillo es presidente por el voto popular ¿Cuándo usurpó la presidencia? La lectura de la proclama donde expresa su deseo de disolver el Congreso pro crimen lo hace como presidente constitucionalmente elegido.

Hasta donde llega la miseria humana y el odio de clase para inventar semejante argumento ilegal, el argumento de que Castillo ha usurpado la presidencia. Castillo cometió una infracción constitucional por la cual debió ser vacado respetando el debido proceso, tal vez tuvieron miedo de que Castillo revelara la verdad de quienes fueron los que lo realmente lo empujaron a suicidarse políticamente y perder la presidencia, si le permitían defenderse ante el Congreso. Verdad que hasta ahora calla Castillo, protegiendo probablemente a empresarios, generales militares y policiales, a miembros de inteligencia, a algún o algunos de sus ministros, quienes le vendieron la falsa salida de la disolución del Congreso. Ese silencio de Castillo es un silencio que pone en duda la confianza en él. Castillo ante el pueblo debe decir la verdad de quienes le escribieron la hoja magnicida, porque no es creíble que él solito preparó y ejecutó la comedia del 7 de diciembre del 2022, debe dar los nombres de quienes conspiraron contra él.

Para agregar más fantasía a la acusación contra Castillo, la imaginación perversa de los que regalan los recursos naturales de los peruanos a cambio de una miserable propina, ha creado el delito de “vacancia por flagrancia”. Nadie sabe en que Código Penal de algún país del mundo esta tipificado ese delito, porque en el peruano no está.

Los inventores de la falsa acusación contra Castillo son defensores de la ilegalidad, los que prometen toneladas de balas para combatir la delincuencia, cuando ellos encabezaron la llegada de la ola de delincuentes provenientes de Venezuela (Jorge del Castillo, PPK, apristas y fujimoristas, los partidarios de la ultraderecha), por otro lado, bienvenidos los venezolanos y colombianos trabajadores, la mayoría de los migrantes de esos países son gente digna, pero el fujiaprismo parece lo hizo con el fin de utilizarlos en contra del pueblo peruano, permitiendo su nacionalización y luego que voten por ellos en las elecciones (un millón y medio de votantes representa la migración colombovenezolana), porque la mayoría del pueblo peruano ya erradicó al fujiaprismo de su preferencia.

Los apristas Jorge del Castillo y Luis González Posada reciben a supuestos migrantes, tal vez agentes del Tren de Aragua

Considerando lo anteriormente expuesto, el presidente Castillo debe retornar legalmente a la presidencia. Le quedan aún 8 meses de gobierno. Legalmente debe ser así, pero ni las fuerzas armadas y policiales, ni el poder económico, judicial y político, ni el Tren de Aragua, nunca harán cumplir la ley. Y Castillo nunca dirá la verdad de quienes son sus verdaderos cómplices que redactaron el panfleto que leyó ante cámaras, por pánico a los sicarios de la Operación Gladio y porque es una persona simple que tuvo la suerte de asumir la presidencia.

De alguna manera saldrá a flote la verdad de porqué la burguesía construye al “mártir” Castillo, que no supo unificar a las fuerzas del cambio, como sí lo hizo Velasco y lo saben hacer todos los que buscan auténticamente justicia social.

P. D. En este artículo no he tocado el factor determinante del golpe parlamentario contra Pedro Castillo, la orden del imperio estadounidense para deshacerse del presidente que permitió a China la construcción del puerto de Chancay.

“Cuando se cierran las puertas de la justicia, se abren las de la revolución”. Práxedes Mariano Mateo-Sagasta y Escolar

domingo, 26 de octubre de 2025

GANAR LAS ELECCIONES ¡CUESTE LO QUE CUESTE! LA DEMOCRACIA DE LA BILLETERA IX

 


Año 21 Número 216         Arequipa, 2025, octubre 26

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LA DEMOCRACIA DE LA BILLETERA IX

GANAR LAS ELECCIONES ¡CUESTE LO QUE CUESTE!

Por: Arturo Muñoz

Derrotar al fraude es el principal objetivo en las elecciones 2026. El fraude en el Perú es una constante. La cantidad de mesas electorales son alrededor de 90 mil para las próximas elecciones generales presidenciales y congresales, un poco más de 600 mil miembros de mesas han sido convocados. En ningún proceso electoral los partidos han podido cubrir el 100 % de las mesas con personeros que defiendan el voto por su candidato. Esa debilidad de los partidos, muchos de ellos convertidos en empresas electorales, ha permitido que el voto sea manipulado y la burguesía, los poderosos del país, mantengan el gobierno en sus manos.

Cuando ganó Pedro Castillo, los capitalistas pusieron el grito en el cielo gritando ¡Fraude!, porque Castillo no respondía a sus intereses, una vez más se les escapo de las manos el resultado electoral. Asumido el gobierno, Castillo, fue neutralizado y continuó aplicando el modelo neoliberal. Sin embargo, era un peligro político e ideológico para la burguesía por su discurso progresista.

Así, el 2022, el 7 de diciembre lograron hacerlo caer en la trampa, lo hicieron leer un mensaje igualito al que leyó el 5 de abril de 1992 Alberto Fujimori, con las mismas palabras usadas por Fujimori, ordenó ¡Disolver el Congreso! Apenas terminó de la lectura del mamotreto fue detenido y vacado ilegalmente.

Confiados en que la población quedaba desencantada de la izquierda por el ineficaz gobierno de Castillo, lacraron su triunfo con la matanza de casi 70 protestantes que salieron en defensa de Castillo. Colocaron a Dina Boluarte en la presidencia, pero, a los pocos meses, el nuevo gobierno ni andaba ni para atrás ni para adelante, la corrupción creció exponencialmente, al igual que la delincuencia. Los empresarios, los políticos, las autoridades electas y la burocracia hacían su agosto con el dinero del pueblo. Las billeteras de estos personajes se ensancharon a un promedio de 23 mil millones de soles. Ese es el monto del robo al pueblo por año.

No había un colegio más construido, ni un puente, ni una carretera, mucho menos un hospital; la salud y la educación privatizadas cuestan un ojo de la cara, los precios de los servicios educativos y de salud subieron en más de 500%. La simple curación de un diente cuesta entre 300 y 800 soles. Hoy han tantos odontólogos como para empedrar las calles.

Para colmo, el Congreso se llenó de individuos con investigaciones penales por diversos delitos, el más aberrante, el de violación. Por este delito fue desaforado un congresista que violó a una empleada del propio Congreso, por este delito también estuvo acusado el actual presidente del Perú Jerí. Los “mochasueldos” abundaron como ratas, es probable que la gran mayoría de congresistas hayan hecho de esta práctica su deporte favorito para ganar más de su ya jugoso sueldo. Esta nefasta acción consiste en quitarle con malas artes parte del sueldo a los trabajadores de su despacho, más que por la razón, por la fuerza.

Lo mismo sucedía en la policía que, ante la ola de extorsiones y asesinatos, más de 5 asesinatos por día contabiliza el Sinadef, además de que las estadísticas de extorsiones dan una cifra superior a los 3 millones de personas extorsionadas, la policía mira a otro lado o bien aplica el viejo dicho de que, si no puedes con tu enemigo, únete a él. En todas las bandas criminales detenidas hay cómplices policías. El Monstruo declaró que gracias a que la policía peruana le informaba de los operativos en su contra lograba escapar.

Con tristeza y con hambre los peruanos y las peruanas ven como los minerales, el gas, la madera, los peces, los recursos naturales salen al exterior sin que las empresas mineras ni siquiera paguen impuestos. La Sunat les devuelve más de lo que pagaron cada año. De allí que el asunto ya no es cuanto de impuesto pagan, sino que paguen por el mineral que extraen.

Un día un candidato de la ultraderecha burguesa visita la región Puno y es abucheado, la población lo expulsa de la mala forma, porque este señor pidió que la policía dispare a la cabeza de los manifestantes que salieron en defensa de Castillo.

Otro hecho que asustó a la burguesía fueron los resultados de las encuestas. A pesar de la campaña mediática en contra de Martín Vizcarra y Pedro Castillo, probables candidatos a la presidencia el 2026, estos ocupaban los dos primeros lugares. Los más serios analistas políticos daban por descontado que a la segunda vuelta pasaba un candidato del pueblo.

Castillo, Vizcarra, el repudio a la presidenta Dina Boluarte y al Congreso, el rechazo a las empresas electorales, alias partidos, de los capitalistas, las encuestas que daban por ganador a un candidato del pueblo, hicieron entrar en pánico a la burguesía. Así que esta pasó a usar las viejas malas mañas para conseguir por medio del fraude el triunfo electoral el 2026.

Primero, ilegalizó sin motivo alguno el partido ANTAURO, del candidato presidencial Antauro Humala Tasso. Luego capturó los organismos electorales con gente de su confianza. A continuación, capturó el sistema judicial. Retiró de la carrera electoral con sanciones desde el Congreso a Vizcarra y a Betssy Chávez. También, arreció la campaña contra las organizaciones del pueblo. Para bajar el descontento popular vacaron a la presidenta Dina Boluarte y la sustituyeron por otro peor, José Jerí, en un intento de lavarse la cara usaron agua del pantano, su misión sería garantizar el triunfo electoral de la burguesía.

Como no fue suficiente para disminuir la aceptación de los candidatos del pueblo, que siguen creciendo en el cariño popular, han pasado a emplear medidas de represión para generar miedo en la ciudadanía.

Asesinaron a un manifestante de la Generación Z el 15 de octubre, he hirieron gravemente a otro, Luis Reyes. Decenas de heridos fueron atendidos en los centros hospitalarios víctimas de una represión irracional. Para crear aún más terror acusaron al congresista Guillermo Bermejo de vínculos con el terrorismo, que en miles de declaraciones dice la burguesía haber derrotado. En dos anteriores oportunidades el poder judicial archivó definitivamente la misma acusación contra el congresista y candidato a la presidencia Guillermo Bermejo. En esta vez, el poder judicial sin mayor sustento jurídico lo sentenció a 15 años de prisión y lo detuvieron.

Sin embargo, estas patrañas tampoco les ha dado resultado. El 25 de octubre, nuevamente la Generación Z acompañada por la ciudadanía peruana, salió a las calles en Lima, Arequipa y otras principales ciudades, exigiendo justicia por el homicidio de Eduardo Mauricio Ruíz Sáenz y la libertad de Guillermo Bermejo Rojas de la alianza electoral VENCEREMOS.

Como la burguesía no puede con el movimiento popular, ha hecho correr el rumor de que va a emplear su último recurso, las armas. En el ambiente político se habla de la ruptura democrática por parte de las fuerzas armadas y policiales, de las posibilidades de un golpe de Estado militar policial. O, en su defecto, de la instauración, usando el fraude electoral, de un gobierno cívico militar.

Frente a ello, el pueblo ha salido a las calles a exigir elecciones limpias y libres. Con la total confianza de que en las elecciones del 2026 ganará un candidato del pueblo. Y se ha propuesto ganar esas elecciones cueste lo que cueste.


martes, 17 de junio de 2025

PERÚ, ELECCIONES 2026 Y GOBIERNO CÍVICO MILITAR LA DEMOCRACIA DE LA BILLETERA VIII

 

Año 21 Número 215             Arequipa, 2025, junio 18

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LA DEMOCRACIA DE LA BILLETERA VIII

ELECCIONES Y GOBIERNO CÍVICO MILITAR

Por: Arturo Muñoz

Desde la civilidad no hay una organización o personaje que pueda dirigir el gobierno a partir del 28 de julio del 2026 en Perú. En ninguna de las 43 empresas electorales inscritas para las elecciones generales del próximo año, existe una propuesta viable de gobierno. En consecuencia, la posibilidad de resolver los asuntos nacionales vía elecciones democráticas se aleja por la inexistencia de planes de gobierno y equipos políticos capaces de afrontar las amenazas del desgobierno, la corrupción, la delincuencia y la crisis económica en ascenso.

Ni en el centro, ni en la derecha, ni en la izquierda aparece una organización confiable para el recambio de gobierno en las próximas elecciones. Muy por el contrario, los nuevos ricos han capturado el gobierno y el Congreso, representados por personajes acusados de crímenes que los ponen con un pie en la cárcel. Las fortunas de los nuevos ricos provienen de la explotación minera, la agroindustria, la educación, la tala de bosques, el contrabando, el narcotráfico y otras actividades. Sin una organización que se les oponga, los nuevos ricos permanecerán en el poder hasta el 2026 y posteriormente.

Preocupados sólo porque sus negocios vayan bien, los nuevos ricos que controlan el ejecutivo y el legislativo, han permitido el desastre social de la generalización de la delincuencia, promoviendo una ola criminal, con leyes prodelincuencia, que afecta a millones de ciudadanos y ciudadanas, sin distinción de género, edad y raza. Los únicos que se salvan del crimen organizado son los propietarios de las grandes empresas, los representantes de las transnacionales. Ola criminal en la que ellos también están inmersos como ejecutores.

Pero la delincuencia es un factor más junto a otros que sumados obligan a adoptar medidas drásticas. Cada día que sigue en la presidencia Dina Boluarte es un milagro realizado gracias a las manos que la sostienen, las manos manchadas de Keiko Fujimori, de César Acuña, del Apra, de las fuerzas armadas y policiales. La ingobernabilidad multiplica los pedidos de vacancia de la presidenta usurpadora, exigencia principal de las movilizaciones y paros del transporte, de las movilizaciones de industriales, de comerciantes y ciudadanos en el país entero. A estas fuerzas vivas de la sociedad se unen los agricultores medianos y pequeños, los afectados por la contaminación minera, las comunidades nativas de la selva expulsadas de sus territorios, toda la población marginada de la bonanza de los precios altos de los minerales, en especial del oro y el cobre.

Además de lo anterior, el enfrentamiento entre las instituciones del propio Estado incrementa las expectativas de la intervención de un personaje recio que imponga mano dura y ordene la sociedad. Estas luchas entre instituciones estatales generan un estado de indefensión absoluta, además, el abandono por parte del Estado de sus responsabilidades, como son: otorgar seguridad, hacer crecer la economía, garantizar la paz social, deteriora aún más la pésima situación del país.

La población observa irritada el choque entre la Fiscalía y la Presidencia. Mira al Poder Judicial resistiendo los embates de la delincuencia atrincherada en el Congreso, que cada día da más leyes para garantizar la impunidad a los criminales y a los corruptos. Igualmente, diariamente se descubren al interior de las propias instituciones estatales organizaciones criminales, desde las Fuerzas Armadas y Policiales, pasando por los ministerios, hasta el sistema judicial. El Estado está plagado de nidos construidos por los delincuentes.

Por ello, la confianza de la población en el Estado y en la democracia ha desaparecido y su lugar ha sido tomado por el sentimiento de hacer la justicia por sus propias manos. Las víctimas de esta sociedad injusta desean hacer pagar ellas mismas a los victimarios por sus abusos, universalizándose la necesidad de adoptar la pena de muerte, de usar las armas para defenderse de los criminales, de exigir un gobierno que ponga orden en el ámbito económico, impidiendo que las empresas saqueen los recursos naturales, sin dejar nada a los peruanos por los minerales exportados.

Como efecto de esta situación la mirada de la gente se dirige al presidente Bukele, lo toman como modelo del próximo presidente que debe reemplazar a Dina Boluarte; sin considerar los defectos del modelo Bukele, que redujo la delincuencia, pero no ha sacado a El Salvador de la crisis económica.

Pareciera que los poderes fácticos, los que realmente determinan la política peruana, las transnacionales, los barones de los bancos, los dueños de la gran minería, fomentan la anomia, el irrespeto a las leyes, para así tener la justificación de instaurar un gobierno cívico militar, que reprima cualquier oposición a la ejecución de sus proyectos mineros, caso Tía María y Conga; el gobierno tiránico que quieren implantar los poderosos tendría como objetivo proteger la explotación en la agroindustria, dar nuevas leyes que permitan arrasar con la Amazonía, talar los árboles indiscriminadamente, extraer el oro de los ríos amazónicos sin control ambiental. En definitiva, que tengan manos libres para explotar cualquier recurso natural sin pagar por él.

Perú está llegando al final del periodo de gobiernos democráticos para pasar nuevamente a gobiernos tiránicos. Las condiciones están dadas para el surgimiento de un gobierno cívico militar que deje de guardar las apariencias democráticas e imponer una represión generalizada. A diferencia de Bukele ese gobierno cívico militar no eliminaría la criminalidad, sino que la usaría para realizar atentados en contra de las organizaciones sociales, en contra de los defensores de las comunidades nativas y del medio ambiente, manteniendo un régimen de terror al estilo de Haití.

Si aplicamos la ley de la sobrevivencia del más fuerte, es muy probable que esta alternativa de gobierno tiránico se instaure en el país, pues las organizaciones sociales no cuentan con la fuerza para implantar, cuando menos, un gobierno democrático social - liberal. Las elecciones del 2026 están sentenciadas a elegir un personaje tiránico que aplique medidas fuertemente represivas.

Dina Boluarte ya no cuenta con más cartas que jugar. Está completamente aislada. Repudiada por unanimidad. Pero, los militares y policías tampoco son simpáticos ante la población, por ello un golpe militar no es posible por el desprestigio de las fuerzas armadas y policiales. Lo que sí es viable es un gobierno con una cara civil, detrás de la cual estarían directamente las fuerzas armadas. Un gobierno tiránico civil militar.