ELECCIONES 2026 Y LA POSDEMOCRACIA EN PERÚ

 

 

ELECCIONES 2026 Y LA POSDEMOCRACIA EN PERÚ

Por: Arturo Muñoz Portugal, CHC e IA

Para facilitar la lectura del artículo, presento esta introducción directa y concisa que resume los puntos clave, y para entender la situación política actual sin tener que leer el documento completo de inmediato.

Resumen Ejecutivo: ¿Qué está pasando con el Perú en 2026?

El Perú atraviesa una transformación profunda que va más allá de quién ocupa la presidencia. A través de un análisis del modelo neoliberal, este artículo plantea tres tesis fundamentales para entender el escenario actual:

• El fin de la democracia, el inicio de la "Posdemocracia": Aunque seguimos votando, las decisiones reales ya no las toma el ciudadano ni sus representantes, sino los intereses económicos de élites transnacionales. El Estado ha dejado de ser un mediador para convertirse en un gestor de activos privados.
• La arquitectura del despojo: El país está siendo blindado mediante dos herramientas clave: el endeudamiento masivo con organismos internacionales (como el FMI), que impone recortes y austeridad al pueblo para pagar intereses, y el blindaje legal, que ha convertido la represión policial en una política de Estado para neutralizar cualquier protesta.
• El Perú como laboratorio regional: Lo que vivimos no es una anomalía, sino parte de una "segunda ola" de neoliberalismo autoritario en Latinoamérica (similar a lo que ocurre en Chile, Argentina o Ecuador). Aquí, la derecha ha comprendido que ya no necesita del consenso social para gobernar; le basta con el control de las leyes, el uso de la fuerza y la desarticulación de las organizaciones sociales.

En conclusión: El artículo sostiene que el problema central no es solo una figura política específica, sino un diseño del sistema que ha secuestrado las instituciones. Nos encontramos ante una "cáscara democrática" donde, mientras el pueblo vota, el mercado decide. El desafío para el 2026 no es solo electoral, sino de reconstrucción: ¿cómo articular nuevas formas de resistencia desde los márgenes cuando las vías tradicionales han sido anuladas?

ELECCIONES 2026 Y LA POSDEMOCRACIA EN PERÚ

Muerta la bestia, apagado el veneno.

Por sentido común si eliminas al líder o al núcleo, el resto del problema desaparece, sin embargo, esto no sucedió en Perú; Alberto Fujimori falleció el 2024 y su hija asume la presidencia el 2026. Porque la doctrina del fujimorismo permanece: el neoliberalismo. El fujimorismo es la expresión nativa del modelo neoliberal aplicado en muchos países. El neoliberalismo sobrevive a sus representantes. Carlos Menem lo introdujo en Argentina y lo continúa Javier Milei. Augusto Pinochet lo impuso en Chile y lo cultiva José Antonio Kast y así actualmente Daniel Novoa en Ecuador, Rodrigo Paz en Bolivia, por mencionar los países de nuestro entorno. Muertos los perros, no se acabó la rabia neoliberal.

Y es que a la serpiente no se le cortó la cabeza. En el periodo de transición democrática 2000 – 2001 no se proscribió, no se ilegalizó al fujimorismo, la transición se “construyó a base de renuncias”, esa es la responsabilidad histórica de los “demócratas”, los progres y la izquierda… “una dictadura cerrada en falso y una transición que no dio de sí los frutos que de ella se esperaban”, al decir de Alfons Cervera.

A los adultos y a la juventud “en estos tiempos caracterizados por el crepúsculo de las ideologías, la desmemoria histórica y la indiferencia política” si les importa la justicia y la libertad, aunque con mucha ignorancia a que los ha sometido el neoliberalismo; por eso Keiko Fujimori no puede vanagloriarse de triunfo, ha perdido, dos tercios del pueblo no ha votado por ella y aún falta saber cuántos de sus votos son verdaderos.

Por ello, no aceptamos el Gobierno de los autores del golpe cívico militar de 1992, porque aún no han pedido perdón por los asesinatos de miles de pobladores andinos y amazónicos, no sólo de su periodo sino, también de los asesinados por Toledo, García, Ollanta y Dina Boluarte ¿Con qué cara miraríamos a los hijos y nietos? ¿Qué ejemplo les estaríamos dando? Sería como decirles ‘Aquí no ha pasado nada’. Sabiendo que nos quieren vender una imagen de tranquilidad que no es tal. Los incidentes sangrientos son numerosos (asesinato de más de 70 pobladores por protestar pacíficamente, el Baguazo por defender la tierra de las comunidades nativas de la Amazonía, los asesinados en el Valle de Tambo en defensa del agro, el agua y los alimentos, etc.)

No hay lugar para el conformismo, ni para pactos extraños y ni amistades con los extorsionadores, ni para contubernios. Las fuerzas del interior descontentas con el fujimorismo, desde los campesinos hasta los pequeños y medianos empresarios, no guardan ninguna esperanza en el próximo gobierno fujimorista que no está dispuesto a abrir las puertas de la libertad y la democracia que, elección tras elección, se demuestran imposibles. La lealtad no es moneda de cambio, el borrón y cuenta nueva no existe en la conciencia del pueblo peruano, los resultados electorales lo afirman.

Con el retorno al frente de la pandemia neoliberal de una Fujimori, las alertas democráticas han sonado más fuertes que nunca. Se vaticina un periodo de arbitrariedad sin límites, en el cual algunos objetivos podrían ser: el narcotráfico gozaría de protección para tomar el puerto de Chancay, parte de la minería ilegal del oro sería capturada directamente por empresas mineras transnacionales, también, con la justificación de “austeridad” se recortarían los beneficios a los trabajadores y en contrario se exoneraría de impuestos a la gran burguesía, luego, para cubrir el déficit fiscal que la corrupción genera (24 mil millones de soles al año) más el gasto indebido del Estado se negociaría con el FMI un préstamo millonario (alrededor de 10 mil millones de dólares este año), préstamo que pagaría el pueblo.

Igualmente, se incrementaría la persecución política y la liquidación de las pocas organizaciones sociales existente. La protesta social ya está en la práctica ilegalizada con las leyes que el Congreso fujicerronista ha aprobado y, también, la correspondiente represión impune con la ley que permite a la policía y a los militares usar sus armas contra los manifestantes.

Este escenario nos sitúa de lleno en la 'posdemocracia': un sistema donde las formas electorales se mantienen intactas para dar una apariencia de legitimidad a un ejercicio del poder que ya no responde a los intereses ciudadanos, sino a una oligarquía extractiva. La democracia ha dejado de ser un mecanismo de representación para convertirse en una herramienta de gestión de activos, donde el ciudadano es reemplazado por el consumidor y la política por la administración del despojo".

Perú, bajo este nuevo ciclo, se consolida como un laboratorio de lo que algunos denominan 'neoliberalismo autoritario'. A diferencia de las transiciones de los años 90, esta versión no requiere de la seducción del crecimiento económico, sino del control policial y la desarticulación del tejido social. Estamos ante una sincronización regional: la derecha continental ha comprendido que, en sociedades profundamente fracturadas, el consenso democrático es un lujo que ya no pueden costearse".

La captura del Estado para la consolidación del modelo

La arquitectura del despojo: Deuda y Control

La materialización de este nuevo ciclo no es una improvisación, sino una estrategia coordinada que descansa sobre dos pilares: el financiamiento externo y el blindaje jurídico.

El préstamo como cadena de subordinación

El déficit fiscal proyectado, inflado por años de corrupción sistémica y una gestión pública ineficiente, no se corregirá mediante la reactivación productiva, sino a través de un nuevo ciclo de endeudamiento masivo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Se estima que el paquete de financiamiento bordeará los 10 mil millones de dólares solo para este periodo. Este préstamo, sin embargo, no tiene fines sociales. En la práctica, se convierte en un mecanismo de "condicionalidad política": el FMI, fiel a su ortodoxia, exigirá un plan de "austeridad" que se traducirá inevitablemente en el recorte de subsidios, la privatización de activos estratégicos y la desregulación laboral. En términos sencillos, el pueblo peruano será el avalista de una deuda contraída por una élite que, además, se beneficia de las exoneraciones tributarias que se dictarán bajo el eufemismo de "fomento a la inversión". El endeudamiento es una forma de que el capital internacional asegure que Perú no se desvíe del camino trazado.

El blindaje legal: El Estado como empresa represiva

A la par, el Congreso ha terminado de configurar el marco legal que garantiza la invulnerabilidad de este modelo. No hablamos solo de leyes económicas, sino de un paquete normativo de represión preventiva. La "ley de protección policial" no es más que una licencia para la impunidad, otorgando a las fuerzas del orden una patente de corso para el uso de la fuerza letal contra cualquier expresión de descontento.

Al haber calificado virtualmente toda forma de protesta social como "obstrucción" o "alteración del orden público", se ha logrado la desactivación jurídica de la calle. La estrategia es clara: si el modelo implica el avance sobre derechos básicos —como el control de los recursos mineros o la privatización de servicios—, la ley debe garantizar que cualquier resistencia sea categorizada no como un ejercicio de derechos, sino como una amenaza a la seguridad nacional. Así, el Estado ha dejado de ser un mediador social para convertirse en el brazo ejecutor de un modelo extractivo que no admite, bajo ninguna circunstancia, la disidencia organizada.

Hacia una resistencia de nuevo cuño

Estamos, en rigor, ante la consolidación de la posdemocracia: un escenario donde las formas institucionales se mantienen apenas como un decorado para legitimar un ejercicio del poder que ya no rinde cuentas a la ciudadanía. En este modelo, la democracia deja de ser un mecanismo de representación para transformarse en una herramienta de administración de activos; el ciudadano es sustituido por el consumidor, y el bien común, por la gestión de beneficios para el capital transnacional.

Lo que ocurre en el Perú no es una anomalía regional, sino la vanguardia de una "segunda ola" del neoliberalismo autoritario en América Latina. A diferencia de las décadas pasadas, donde el modelo se vendía bajo la promesa de modernización y crecimiento, esta versión contemporánea —coincidente con la realidad de Chile, Argentina o Ecuador— ha comprendido que, en sociedades fracturadas y desconfiadas, el consenso democrático es un lujo que ya no pueden costearse. Por ello, recurren a la combinación de represión policial, captura del Estado por intereses ilícitos y el desmantelamiento sistemático de cualquier espacio de disidencia.

Sin embargo, el fatalismo es el principal aliado de este sistema. Si la protesta social ha sido legalmente neutralizada en los espacios tradicionales, el desafío no reside en intentar revivir los restos de una institucionalidad que ya no nos pertenece, sino en la recomposición de nuevas formas de contrapoder. La historia demuestra que la imposición totalitaria siempre genera sus propias fisuras; estas no brotarán necesariamente de los partidos políticos en agonía, sino de la organización territorial y la autogestión comunitaria, allí donde la lógica del mercado aún no ha logrado convertir cada interacción humana en una transacción.

La pregunta que nos deja el 2026 no es si el modelo neoliberal sobrevivirá, sino qué grado de resistencia será capaz de articular una sociedad que ha sido empujada al borde de la invisibilización. La "posdemocracia" nos ofrece una elección: aceptar la gestión del despojo como un destino inevitable o entender que, en la desarticulación de las estructuras de poder tradicionales, reside también la oportunidad de construir una soberanía que nazca, genuinamente, desde los márgenes.

La Posdemocracia: El teatro de la participación

El concepto de posdemocracia, acuñado por el sociólogo británico Colin Crouch, es fundamental para entender por qué el sistema actual en Perú —y en gran parte de Latinoamérica— se siente tan asfixiante a pesar de realizar elecciones periódicas.

La posdemocracia no es el fin de la democracia, sino su vaciamiento. Es un estado en el que las instituciones (el Congreso, el Poder Judicial, el sistema electoral) siguen funcionando, las elecciones se llevan a cabo y se respetan las formas constitucionales, pero el contenido democrático ha sido drenado. Es, esencialmente, una "cáscara formal".

1. El desplazamiento del poder: De la plaza al despacho corporativo

En una democracia plena, las decisiones políticas se toman en el debate público y responden a las demandas ciudadanas. En la posdemocracia, el impulso innovador y la toma de decisiones reales se trasladan de la arena pública a los círculos cerrados de las élites económicas. Los gobiernos ya no "gobiernan" en el sentido de dirigir el destino colectivo, sino que actúan como gestores de intereses privados transnacionales. El bienestar público se sacrifica en favor de la rentabilidad del mercado.

2. La despolitización de la ciudadanía

El sistema posdemocrático necesita que el ciudadano se desentienda. Esto se logra mediante tres mecanismos:

• La mercantilización de lo público: Todo se privatiza o se gestiona con criterios empresariales, eliminando el espacio para el conflicto político.
• La "gestión" en lugar de la "política": Se nos dice que no hay alternativas ("There is no alternative", como decía Thatcher). Si la política es solo administración técnica y económica, el voto pierde su poder de cambiar las cosas.
• Apatía y cinismo: Cuando la población percibe que, sin importar quién gane, las políticas económicas siguen siendo las mismas, la participación se desploma o se vuelve meramente reactiva (voto de castigo).

3. La subordinación del Estado al mercado

Bajo esta lógica, el Estado deja de ser el árbitro del bien común. En el caso peruano esto es visible cuando:

• El FMI actúa como auditor del Estado: El préstamo no es solo dinero; es una herramienta de supervisión que obliga a los gobiernos a implementar políticas de austeridad que ellos mismos no proponen, sino que son "dictadas" por los acreedores globales.
• El interés privado influye en la ley: Las leyes no se crean para proteger al ciudadano, sino para proteger la inversión (como la toma del puerto de Chancay o el blindaje a la minería ilegal). El Estado se convierte, en palabras de Crouch, en un socio menor de las grandes corporaciones.

4. La represión como mantenimiento del "orden"

Cuando el consenso se rompe y la ciudadanía empieza a cuestionar este modelo, la posdemocracia muestra su rostro menos amable. Al no poder convencer mediante argumentos (porque el modelo no ofrece beneficios sociales reales), el Estado recurre a la desactivación jurídica: se legaliza la represión para que el descontento no interfiera con el flujo de capitales. La protesta deja de verse como un derecho y pasa a ser tratada como un delito contra el orden económico.

La "posdemocracia" trasciende el análisis de partidos específicos. El problema no es solo la familia Fujimori o los políticos de turno; el problema es el diseño del sistema mismo, que permite que el poder real esté blindado frente a cualquier decisión democrática.

En la posdemocracia, el pueblo vota, pero el mercado decide. Es asunto no es de esta elección; es la farsa de una estructura institucional que ha sido secuestrada para garantizar que el modelo extractivo continúe sin obstáculos, sin importar quién se siente en la silla presidencial.