ELECCIONES EN PERÚ Y COLOMBIA 2026 La geopolítica de la cocaína y el nuevo mapa del poder en Sudamérica

 

 

ELECCIONES EN PERÚ Y COLOMBIA 2026:

La geopolítica de la cocaína y el nuevo mapa del poder en Sudamérica

Por Arturo Muñoz Portugal

Introducción

Las elecciones presidenciales de 2026 en Perú y Colombia no solo reconfiguran el escenario político regional. También obligan a preguntarse hasta qué punto las transformaciones del narcotráfico internacional, la expansión de las rutas marítimas y la competencia por el control de los principales puertos sudamericanos están influyendo en la disputa por el poder.

Este ensayo plantea que el narcotráfico contemporáneo ya no puede entenderse únicamente como un problema criminal. Se ha convertido en un fenómeno geopolítico que interactúa con la economía global, las cadenas logísticas internacionales y las decisiones estratégicas de los Estados.

Desde esa perspectiva, la aparición del Puerto de Chancay constituye uno de los cambios más importantes ocurridos en el comercio marítimo sudamericano durante las últimas décadas.

I. El nuevo escenario marítimo del narcotráfico

La mayor parte de la cocaína producida en Sudamérica abandona el continente por vía marítima. Diversos organismos internacionales estiman que entre el 85 % y el 95 % del comercio mundial se transporta por mar, circunstancia que convierte a los puertos comerciales en espacios de enorme interés para las organizaciones criminales.

Cada año circulan millones de contenedores alrededor del mundo, haciendo materialmente imposible inspeccionar la totalidad de la carga. Esa limitación constituye una de las principales ventajas operativas del narcotráfico internacional.

Entre los años 2000 y 2026, el sistema portuario peruano pasó de desempeñar un papel complementario a convertirse en uno de los principales corredores de exportación de cocaína hacia Europa, Norteamérica y, más recientemente, Asia.

Los puertos de Callao, Paita y Chimbote fueron identificados desde hace varios años por organismos internacionales como puntos relevantes de salida de cargamentos ilícitos. A ellos se suman otros grandes nodos logísticos sudamericanos como Guayaquil, Buenaventura, Cartagena y Santos.

Más que un simple punto de embarque, un puerto constituye un espacio donde convergen:

• cadenas globales de suministro;
• operadores logísticos;
• empresas exportadoras;
• autoridades aduaneras;
• infraestructura tecnológica;
• redes internacionales de transporte.

Precisamente esa complejidad explica el interés permanente de las organizaciones criminales por infiltrarse en estas instalaciones.

II. Las nuevas modalidades de exportación

Las organizaciones criminales peruanas que operan para carteles colombianos, la 'Ndrangheta italiana, el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación y diversas redes europeas han perfeccionado múltiples mecanismos para introducir cocaína en la cadena logística internacional.

Entre los métodos más utilizados destacan:

• contaminación de contenedores (Rip-on / Rip-off o "gancho ciego");
• contenedores clonados;
• empresas de fachada;
• carga consolidada;
• corrupción de operadores portuarios;
• infiltración de la cadena logística.

El objetivo ya no consiste únicamente en ocultar la droga, sino en integrarla temporalmente dentro del flujo normal del comercio internacional.

III. Chancay: el puerto que modifica el tablero estratégico

Al cumplir su primer año de operaciones comerciales (junio de 2025-junio de 2026), el Puerto de Chancay comienza a consolidarse como uno de los principales centros logísticos entre Sudamérica y la región Asia-Pacífico.

Las cifras operativas muestran la magnitud de esta transformación:

• más de 502 000 TEU movilizados;
• 2,4 millones de toneladas de carga a granel;
• aproximadamente 42 000 vehículos gestionados;
• alrededor de US$ 3 600 millones en operaciones comerciales.

La reducción del tiempo de navegación hacia Shanghái, de 45 a 23 días, representa una ventaja competitiva significativa para el comercio peruano.

Sin embargo, desde una perspectiva estratégica, esta nueva infraestructura también modifica las oportunidades disponibles para las organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas.

El desarrollo del Puerto de Chancay no implica, por sí mismo, un incremento del narcotráfico. Lo que sí produce es una alteración de la geografía logística sobre la cual operan las redes criminales transnacionales.

Perú: poder político, redes ilícitas y antecedentes documentados

Uno de los antecedentes más importantes para comprender la relación entre poder político y narcotráfico en el Perú corresponde al régimen encabezado por Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos durante la década de 1990. Diversos procesos judiciales, investigaciones periodísticas, declaraciones de colaboradores y documentación desclasificada permitieron reconstruir un conjunto de hechos que llevaron a numerosos analistas a describir aquel período como una forma de captura parcial del Estado por redes vinculadas al narcotráfico, más que como una simple infiltración criminal.

Entre los principales elementos documentados destacan los siguientes:

El caso "Vaticano"

El narcotraficante Demetrio Chávez Peñaherrera, conocido como "Vaticano", declaró ante la justicia haber entregado mensualmente 50 000 dólares a Vladimiro Montesinos a cambio de protección militar y de inteligencia para sus operaciones de narcotráfico en la zona de Campanilla, en la carretera Marginal de la Selva. Según su testimonio, Alberto Fujimori conocía dicho esquema de protección.

Las investigaciones revelaron además que aquella vía era utilizada regularmente por avionetas cargadas de cocaína y que determinados sectores de la infraestructura habían sido acondicionados para facilitar estas operaciones.

El denominado "Narcoavión"

En 1996 fueron descubiertos aproximadamente 170 kilogramos de cocaína ocultos en el avión presidencial de la Fuerza Aérea del Perú, hecho que generó un amplio escándalo nacional e internacional debido al nivel de seguridad que rodeaba la aeronave oficial.

Control militar de las zonas cocaleras

Diversos procesos judiciales sostuvieron que altos mandos militares designados durante el régimen cobraban pagos ilícitos por cada kilogramo de droga que abandonaba los principales valles cocaleros, especialmente el Alto Huallaga y, posteriormente, el VRAEM. Parte de esos recursos habría terminado financiando actividades del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).

Los antecedentes de Vladimiro Montesinos

Antes de convertirse en el principal asesor presidencial, Montesinos había ejercido la defensa legal de integrantes del Cartel de Medellín y otras organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas, antecedente que posteriormente fue incorporado al análisis de sus vínculos con redes criminales.

Armas por cocaína

En el año 2000 salió a la luz una de las operaciones más graves del régimen: el envío clandestino de aproximadamente 10 000 fusiles AK-47 destinados a las FARC colombianas. Diversas investigaciones concluyeron que la operación fue organizada desde el Servicio de Inteligencia Nacional y estuvo vinculada con redes internacionales de tráfico de armas y cocaína.

Fuerza Popular y los cuestionamientos posteriores

Con posterioridad al régimen Fujimori-Montesinos, diversas investigaciones fiscales, policiales y periodísticas también han vinculado a dirigentes o personas cercanas a Fuerza Popular con presuntos casos relacionados con lavado de activos, financiamiento irregular o narcotráfico. Aunque varios de estos procesos permanecen en distintas etapas judiciales, constituyen antecedentes relevantes dentro del debate público.

Caso Joaquín Ramírez

El exsecretario general de Fuerza Popular fue investigado por presunto lavado de activos tras difundirse un audio atribuido a una investigación de la DEA. Posteriormente, el Ministerio Público inició diversas investigaciones patrimoniales y dispuso la incautación de bienes valorizados en más de mil millones de dólares, bajo sospechas de blanqueo de capitales.

Aportes de Luis Calle Quirós

En la campaña electoral de 2011, Fuerza Popular recibió aportes de Luis Calle Quirós. Dos años después, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incorporó a la denominada "Lista Clinton" por presuntos vínculos con operaciones internacionales de lavado de dinero provenientes del narcotráfico.

El caso "Narcoindultos"

Miguel Facundo Chinguel, posteriormente condenado por integrar la red de conmutación irregular de penas a narcotraficantes durante el segundo gobierno de Alan García, fue señalado por la prensa como aportante de Fuerza Popular y socio comercial de familiares de Keiko Fujimori.

Almacenes Limasa

En 2013 las autoridades incautaron aproximadamente 91 kilogramos de cocaína ocultos en instalaciones de la empresa Limasa, vinculada empresarialmente a Kenji e Hiro Fujimori. Los propietarios rechazaron cualquier participación en los hechos y sostuvieron que fueron víctimas de la infiltración de organizaciones criminales.

El denominado "pitufeo"

Dentro del proceso por presunto lavado de activos relacionado con el financiamiento partidario, la Fiscalía sostuvo que se habría utilizado un sistema de falsos aportantes para justificar ingresos en efectivo destinados a campañas electorales, mecanismo conocido como "pitufeo".

Colombia: poder político, paramilitarismo y economías ilícitas

El caso colombiano presenta una dinámica distinta a la peruana. Mientras que en el Perú las investigaciones se han concentrado principalmente en estructuras estatales y organizaciones políticas, en Colombia el análisis exige considerar la histórica convergencia entre narcotráfico, paramilitarismo, crimen organizado y determinados sectores de la élite política y económica.

En ese contexto, la trayectoria del abogado Abelardo de la Espriella ha sido objeto de numerosas investigaciones periodísticas y de un intenso debate público debido a su actuación profesional en procesos relacionados con jefes paramilitares y personas investigadas por narcotráfico, así como por diversos hechos revelados posteriormente por medios de comunicación y testimonios de antiguos integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La representación de jefes paramilitares

A comienzos de la década del 2000, De la Espriella asumió la defensa jurídica de varios dirigentes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y de personas vinculadas con organizaciones dedicadas al narcotráfico. Paralelamente, su firma, De la Espriella Lawyers Enterprise, experimentó un importante crecimiento económico, pasando en pocos años de un capital inicial reducido a convertirse en uno de los bufetes más visibles del país.

El ejercicio de la defensa jurídica constituye, por sí mismo, una actividad legítima dentro del Estado de derecho. Sin embargo, la concentración de representaciones de altos dirigentes paramilitares y narcotraficantes convirtió posteriormente esta actividad en objeto de escrutinio periodístico y político.

Santa Fe de Ralito y el proceso de desmovilización

Durante las negociaciones de paz desarrolladas en Santa Fe de Ralito en 2004, De la Espriella participó como asesor jurídico de varios jefes paramilitares.

Excomandantes de las AUC, entre ellos Salvatore Mancuso, han declarado que el abogado desempeñó un papel activo durante ese proceso mediante la Fundación FIPAZ, organización que distintas investigaciones periodísticas señalaron como un mecanismo de apoyo civil vinculado al proceso de negociación y que posteriormente fue objeto de cuestionamientos por sus presuntas relaciones con estructuras paramilitares.

Investigaciones patrimoniales

Las investigaciones del medio periodístico Vorágine señalaron que De la Espriella adquirió un predio asentado sobre un título minero que anteriormente perteneció a la familia del narcotraficante y exparamilitar conocido como alias "Comandante Barbie".

Según dichas investigaciones, el inmueble colinda con otras propiedades sometidas a procesos de extinción de dominio y reclamaciones por despojo de tierras. Estos hechos dieron lugar a nuevos cuestionamientos públicos sobre el origen y contexto de determinadas operaciones inmobiliarias.

El caso Daniel Peñarredonda Gómez

En abril de 2026, una investigación periodística de Univision reveló que Daniel Peñarredonda Gómez, abogado integrante de la firma De la Espriella Lawyers Enterprise y considerado uno de sus principales colaboradores, fue mencionado por la justicia federal de Estados Unidos, en el Distrito Sur de Florida, como "cómplice no acusado" dentro de una investigación relacionada con un presunto fraude.

De acuerdo con la acusación, la organización habría obtenido dinero de narcotraficantes mediante falsas promesas de obtener beneficios judiciales en tribunales estadounidenses.

Aunque el proceso no estuvo dirigido contra Abelardo de la Espriella, el caso volvió a situar a su entorno profesional bajo el escrutinio público.

La posición de Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella ha rechazado sistemáticamente todas estas imputaciones, calificándolas como parte de una "leyenda negra" construida en su contra.

En diversas entrevistas ha sostenido que su actuación siempre estuvo circunscrita al ejercicio legítimo de la profesión de abogado y, en el caso del proceso de Santa Fe de Ralito, a labores encaminadas a facilitar las negociaciones de paz. Asimismo, ha negado haber participado en actividades ilícitas o haber mantenido vínculos con organizaciones criminales más allá de la representación legal de algunos de sus integrantes.

Estados Unidos: las contradicciones de la guerra contra las drogas

Controversias políticas, entorno familiar y cuestionamientos públicos

La política antidrogas de Estados Unidos ha estado históricamente acompañada de un discurso de "tolerancia cero" frente al narcotráfico. Sin embargo, diversos episodios han puesto de relieve que incluso figuras relevantes del establecimiento político estadounidense han enfrentado cuestionamientos públicos relacionados con personas de su entorno o con decisiones políticas que posteriormente fueron objeto de escrutinio.

Uno de los casos más citados es el del actual secretario de Estado, Marco Rubio. Diversos medios de comunicación, entre ellos The Washington Post y Univision, han publicado investigaciones sobre determinados episodios de su trayectoria política y familiar que suscitaron debate público, aunque Rubio ha negado reiteradamente haber mantenido cualquier vínculo con actividades criminales.

El caso Orlando Cicilia

En 1987, Orlando Cicilia, cuñado de Marco Rubio, fue condenado en Estados Unidos por integrar una organización dedicada al tráfico de cocaína en Miami, cuyas operaciones alcanzaban decenas de millones de dólares vinculados a carteles sudamericanos.

Este antecedente adquirió relevancia pública años después debido a la relación familiar existente entre ambos.

La residencia durante la adolescencia

Diversas investigaciones periodísticas señalaron que, siendo adolescente, Marco Rubio residió durante aproximadamente un mes en la vivienda de Orlando Cicilia.

Posteriormente se estableció que ese inmueble había sido utilizado por la organización criminal para almacenar y acondicionar cargamentos de cocaína. Rubio ha declarado que en aquella época era estudiante y desconocía por completo las actividades ilícitas desarrolladas en dicho lugar.

No existe evidencia pública que indique que hubiera participado en esas operaciones o que tuviera conocimiento de ellas.

La carta de recomendación de 2002

Cuando ejercía funciones como legislador en el estado de Florida, Marco Rubio remitió una carta oficial apoyando la solicitud para que Orlando Cicilia obtuviera una licencia como agente inmobiliario tras recuperar su libertad.

La controversia surgió porque el documento no hacía referencia al parentesco existente entre ambos ni a los antecedentes penales por narcotráfico del solicitante, circunstancia que fue ampliamente comentada por la prensa estadounidense.

Rubio sostuvo posteriormente que su intención era respaldar el proceso de reinserción social de un familiar que ya había cumplido íntegramente su condena.

Financiamiento de campaña

Durante la campaña para el Senado en 2009, Rubio recibió contribuciones provenientes de un fondo relacionado con Joel Steinger, empresario posteriormente investigado por dirigir un esquema fraudulento de tipo Ponzi y por presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas con organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Las investigaciones periodísticas señalaron que dichas contribuciones formaban parte del financiamiento político recibido durante aquella campaña. No obstante, no se acreditó que Rubio hubiera participado en las actividades ilícitas atribuidas a Steinger ni que conociera el origen irregular de esos recursos al momento de recibirlos.

La posición de Marco Rubio

Marco Rubio ha rechazado cualquier insinuación de vínculos con organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Respecto a los episodios relacionados con su cuñado, ha sostenido que nunca participó en actividades criminales ni tuvo conocimiento de ellas durante su adolescencia. En cuanto a la carta de recomendación enviada en 2002, ha explicado que respondía exclusivamente al propósito de facilitar la reinserción de un familiar que había cumplido la pena impuesta por la justicia.

En consecuencia, las controversias documentadas se refieren principalmente a decisiones políticas, relaciones familiares y cuestionamientos periodísticos, más que a la existencia de procesos judiciales que hayan establecido responsabilidad penal por vínculos con el narcotráfico.

Bolivia: el primer narcoestado latinoamericano

Testimonio de Roberto Suárez Gómez y la dimensión geopolítica de la Guerra contra las Drogas

Bolivia constituye un caso singular dentro de la historia del narcotráfico latinoamericano. Entre 1980 y 1981 se configuró lo que numerosos historiadores consideran el primer narcoestado moderno de la región: un régimen militar cuya supervivencia política dependió, en buena medida, de una estrecha alianza entre las Fuerzas Armadas, estructuras represivas y las principales organizaciones dedicadas al tráfico internacional de cocaína.

El denominado "Golpe de la Cocaína", ocurrido el 17 de julio de 1980, no solo interrumpió el proceso democrático boliviano. También representó uno de los primeros ejemplos documentados de captura del aparato estatal por intereses directamente vinculados al narcotráfico.

Dentro de ese contexto histórico, las declaraciones de Roberto Suárez Gómez —considerado durante los años ochenta el mayor productor y exportador de cocaína de Bolivia y uno de los principales abastecedores del Cartel de Medellín— constituyen un testimonio de especial interés para comprender cómo percibían los propios protagonistas el funcionamiento del mercado mundial de la cocaína y las políticas internacionales de control.

I. El testimonio de Roberto Suárez Gómez

En diversas entrevistas concedidas tras su captura, particularmente en la publicada por El País el 5 de febrero de 1990 y posteriormente recogida por Ayda Levy en El Rey de la Cocaína. Mi vida con Roberto Suárez Gómez y el nacimiento del primer narcoestado, Suárez expuso una interpretación profundamente crítica de la política internacional antidrogas.

Según su visión, la denominada "Guerra contra las Drogas" nunca tuvo como finalidad principal eliminar el tráfico internacional de cocaína. Afirmó que el verdadero objetivo consistía en reorganizar el mercado mundial y controlar los mecanismos de intermediación.

En una de sus declaraciones más conocidas sostuvo:

"Yo no creo en esta guerra contra el narcotráfico, porque nadie va a erradicar el mayor negocio del mundo. De lo que se trata aquí es de la transferencia de la intermediación."

Desde esa perspectiva, argumentaba que las campañas de erradicación no habían reducido la producción de hoja de coca. Por el contrario, sostenía que los cultivos aumentaron incluso después del despliegue de fuerzas especiales antidroga y de agentes de la DEA en las principales zonas productoras bolivianas.

Asimismo, afirmaba que el mercado internacional funcionaba mediante mecanismos de selección y protección de determinados operadores, mientras otros eran perseguidos, lo que —a su juicio— evidenciaba un proceso de reorganización del negocio antes que su eliminación.

II. Una interpretación geopolítica de la Guerra contra las Drogas

Las afirmaciones de Roberto Suárez Gómez deben entenderse como el testimonio de uno de los principales actores del narcotráfico latinoamericano y no como hechos históricamente demostrados.

No obstante, poseen interés analítico porque expresan una interpretación que posteriormente ha sido discutida por diversos investigadores dedicados al estudio de las economías ilícitas, quienes han señalado que la política internacional antidrogas produjo efectos no previstos, entre ellos el desplazamiento geográfico de los cultivos, la fragmentación de las organizaciones criminales y la apertura de nuevas rutas internacionales.

Suárez sostenía que programas como el denominado Plan Bennett, impulsado por el primer "zar antidrogas" estadounidense, William Bennett, buscaban ejercer presión sobre los países andinos mediante la erradicación de cultivos, la militarización del territorio y un mayor control político sobre las economías productoras de coca.

Economistas como Milton Friedman también cuestionaron la eficacia de las políticas prohibicionistas, aunque desde una perspectiva diferente. Friedman argumentó que la prohibición fortalecía los mercados ilegales, incrementaba la corrupción y elevaba extraordinariamente la rentabilidad del narcotráfico sin reducir de manera significativa el consumo.

Aunque ambos coincidían en criticar la estrategia prohibicionista, sus fundamentos eran distintos: mientras Friedman formulaba un argumento económico liberal, Suárez interpretaba la política antidrogas como un instrumento de control geopolítico del mercado mundial de la cocaína.

III. El narcoestado boliviano (1980-1981)

El 17 de julio de 1980 el general Luis García Meza encabezó un golpe de Estado que impidió la asunción del presidente democráticamente elegido, Hernán Siles Zuazo.

Diversos estudios históricos coinciden en señalar que el nuevo régimen recibió apoyo financiero de importantes organizaciones dedicadas al narcotráfico, circunstancia que dio origen a lo que posteriormente sería conocido como el "Golpe de la Cocaína".

La represión política fue ejecutada con la participación de grupos paramilitares, asesores extranjeros y antiguos integrantes de organizaciones represivas europeas, entre ellos Klaus Barbie —conocido durante la Segunda Guerra Mundial como el "Carnicero de Lyon" bajo el nombre de Klaus Altmann—, así como militares argentinos vinculados a la represión ilegal durante la dictadura de Rafael Videla.

Dentro del régimen desempeñó un papel central el coronel Luis Arce Gómez, ministro del Interior, considerado uno de los principales articuladores de la relación entre el aparato estatal y las organizaciones dedicadas al tráfico internacional de cocaína.

Durante ese período, la organización dirigida por Roberto Suárez Gómez —descrita por algunos investigadores como la "General Motors de la cocaína" debido a su escala industrial— operó en un contexto de protección estatal que facilitó la construcción de pistas clandestinas, corredores aéreos y redes logísticas destinadas a la exportación de cocaína hacia los mercados internacionales.

La utilización simultánea del aparato represivo del Estado para combatir a la oposición política y proteger actividades vinculadas al narcotráfico constituye uno de los rasgos que distinguen al régimen de García Meza dentro de la historia política latinoamericana.

IV. El colapso del régimen

El aislamiento internacional, la presión interna y las crecientes divisiones dentro de las Fuerzas Armadas provocaron la caída del gobierno de García Meza en agosto de 1981.

Años más tarde, tanto Luis García Meza como Luis Arce Gómez fueron condenados por la justicia boliviana a treinta años de prisión sin derecho a indulto por los delitos cometidos durante la dictadura, convirtiéndose en uno de los primeros precedentes latinoamericanos de juzgamiento de un régimen estrechamente vinculado con estructuras del narcotráfico.

La experiencia boliviana de 1980-1981 marcó un punto de inflexión en la historia regional al demostrar que una organización criminal podía trascender la corrupción tradicional e influir directamente en la conformación, financiamiento y funcionamiento de un gobierno nacional. Desde entonces, el concepto de narcoestado pasó a formar parte del vocabulario político y académico para describir situaciones en las que las economías ilícitas logran capturar, parcial o totalmente, las instituciones del Estado.