sábado, 18 de julio de 2026

PERÚ 2026 POLÍTICA DEL CONSENSO Y POLÍTICA DEL ENFRENTAMIENTO

 

 

PERÚ 2026 POLÍTICA DEL CONSENSO Y POLÍTICA DEL ENFRENTAMIENTO

Por: Arturo Muñoz Portugal, CHC e IA

Los dos ganaron la derrota y perdieron la victoria

Ni Keiko Fujimori ni Roberto Sánchez lograron reunir la voluntad mayoritaria del país; ambos obtuvieron apenas un tercio del electorado, cuentan con dos tercios que no los quieren. A pesar de ello la democracia representativa necesita un triunfador, en este caso, triunfadora, para seguir subsistiendo. El 28 de julio Keiko asumirá la presidencia con una propuesta política de enfrentamiento. Su pasado la condena y su sujeción a su padre, Alberto Fujimori, le impone la pena dada a la tiranía, a los confesos de corrupción. Una sociedad que, cuando convierte la confrontación en el fundamento de la política, puede producir vencedores electorales, pero termina generando una derrota colectiva.

Aquí algunos datos para evitar especulaciones sobre el comportamiento futuro del fujimorismo. Más allá de frases sobre la política del enfrentamiento que aplicará el fujimorismo, es valioso analizar expresiones recurrentes que construyen su conducta, en su pasado aparecen con frecuencia formulaciones como:

  • "Nos quieren destruir."
  • "Existe una persecución política."
  • "El aparato judicial está politizado."
  • "El Ejecutivo busca cerrar el Congreso."
  • "No permitiremos que nos impongan..."
  • "Defenderemos la democracia frente a quienes quieren capturar el Estado."

Estas expresiones no siempre tienen exactamente la misma redacción en cada discurso, pero responden a un mismo patrón: la construcción de un enemigo político que amenaza al movimiento y justifica una actitud de confrontación.

Frases que muestran patrones discursivos:

1.      Deslegitimación del adversario ("nos persiguen", "mienten", "quieren destruirnos").

2.      Construcción de un enemigo permanente (Poder Judicial, Fiscalía, Ejecutivo, prensa, organismos electorales, según la coyuntura).

3.      Lenguaje de resistencia ("no nos van a doblegar", "seguiremos luchando").

4.      Dicotomías ("orden o caos", "democracia o comunismo", "nosotros o ellos").

Estos patrones ofrecen una base robusta para argumentar la cercanía a una política del enfrentamiento.

Quien necesita un enemigo para existir ya ha perdido su libertad

Todo proyecto político que necesita fabricar un enemigo para conservar su unidad revela una debilidad interna: ya no cohesiona por la fuerza de sus ideales, sino por el miedo compartido. Cuando una comunidad necesita odiar para permanecer unida, ya ha comenzado a desintegrarse:

  • La política del consenso construye comunidad mediante objetivos comunes.
  • La política del enfrentamiento construye comunidad mediante enemigos comunes.

La calidad ética de un sistema político puede medirse por el origen de su cohesión: si une a los ciudadanos alrededor de un bien común, fortalece la democracia; si los une alrededor de un enemigo común, fortalece la confrontación. Normalmente, la ciencia política clasifica los regímenes según criterios como democracia, autoritarismo, presidencialismo, parlamentarismo, izquierda o derecha. Sin dejar de usar esas clasificaciones paso a proponer otra clasificación, basada en un criterio ético:

  • La política del consenso, cuya cohesión surge de un proyecto compartido.
  • La política del enfrentamiento, cuya cohesión surge de la construcción de un enemigo.

Ese cambio de perspectiva desplaza el análisis desde las instituciones hacia la cultura política. Dos países pueden tener la misma Constitución y, sin embargo, funcionar de manera muy distinta según predomine una lógica de consenso o una lógica de confrontación.

Si la ética es la infraestructura invisible del Estado, entonces la política del enfrentamiento podría definirse como una patología de esa infraestructura. Así como un puente puede verse sólido mientras sus cimientos se deterioran por dentro, un Estado puede conservar elecciones, Congreso y tribunales, pero si la confianza pública, el respeto mutuo y la disposición al diálogo se erosionan, la estructura democrática comienza a debilitarse desde sus fundamentos.

Toda política necesita un principio de cohesión. La política ética une alrededor de un bien común; la política del enfrentamiento une alrededor de un enemigo común. La primera fortalece la comunidad; la segunda fortalece la confrontación.

Durante su existencia el fujimorismo creó enemigos para poder gobernar. La aceptación por parte del fujimorismo de la política del enfrentamiento es una de sus características históricas, que muestra una lógica recurrente de confrontación con instituciones, adversarios políticos y organizaciones sociales. El Estado no se derrumba cuando pierde dinero; se derrumba cuando pierde legitimidad. Y la confrontación permanente crea inestabilidad y, como consecuencia, fabrica ilegitimidad.

1. Confrontación con el Congreso (1990-1992)

  • Desde el inicio del gobierno de Alberto Fujimori, el Ejecutivo sostuvo un conflicto permanente con el Congreso, al que acusaba de obstaculizar las reformas económicas y la lucha contra el terrorismo.
  • El conflicto culminó con el autogolpe del 5 de abril de 1992, cuando se disolvió el Congreso mediante intervención militar. (El Comercio Perú)

Relación con la política del enfrentamiento: el adversario político deja de ser un competidor democrático para convertirse en un obstáculo cuya eliminación se presenta como necesaria.

2. Intervención del Poder Judicial

Tras el autogolpe:

  • intervención del Poder Judicial;
  • reorganización del Ministerio Público;
  • intervención del Tribunal de Garantías Constitucionales;
  • reorganización del Consejo de la Magistratura. (Agencia Andina)

Predominio de la lógica amigo-enemigo sobre la autonomía institucional.

3. Militarización de la política

El autogolpe fue ejecutado con respaldo de las Fuerzas Armadas.

Hubo:

  • despliegue militar en Lima;
  • ocupación del Congreso;
  • control de instituciones públicas;
  • arresto de dirigentes políticos. (TVPerú)

4. Intervención de medios de comunicación

Durante el autogolpe fueron intervenidos diversos medios.

Posteriormente, investigaciones judiciales establecieron la existencia de pagos ilegales desde el entorno de Vladimiro Montesinos para influir sobre propietarios de medios y controlar líneas editoriales. (TVPerú)

5. Construcción del discurso "nosotros contra ellos"

El discurso oficial contrapuso:

  • gobierno vs. "partidocracia";
  • Ejecutivo vs. Congreso;
  • orden vs. caos;
  • patriotas vs. enemigos del desarrollo.

Este tipo de narrativa justificó la concentración del poder durante la década de 1990. (El Comercio Perú)

6. Nueva Constitución de 1993

Después del autogolpe se convocó a un Congreso Constituyente Democrático que elaboró la Constitución de 1993.

Entre sus efectos:

  • fortalecimiento del Poder Ejecutivo;
  • Congreso unicameral;
  • reelección presidencial inmediata. (El Comercio Perú)

7. Persecución de opositores

Diversos dirigentes políticos fueron detenidos o sometidos a vigilancia tras el autogolpe.

También fueron objeto de persecución periodistas críticos como Gustavo Gorriti. (TVPerú) Donde la ética desaparece, la ley se convierte en una herramienta.

8. Polarización frente a organismos de derechos humanos

Durante los años noventa:

  • frecuentes acusaciones contra organizaciones de derechos humanos;
  • descalificación de ONG;
  • presentación de críticos como aliados del terrorismo.

Esta estrategia fortalecía la identificación de enemigos internos. (El Comercio Perú)

9. Esterilizaciones forzadas

Entre 1996 y 2001 se ejecutó el Programa Nacional de Salud Reproductiva.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que existió responsabilidad internacional del Estado peruano por casos de esterilización forzada dentro de ese programa. (El País)

Desde la política del enfrentamiento, algunos autores interpretan estas políticas como expresión de una visión estatal que priorizó objetivos de gobierno por encima de derechos fundamentales.

La guerra comienza cuando la razón deja de escuchar

El triunfo sin ética es una derrota con aplausos. Ese es el significado del movimiento de gente el día de la juramentación de Keiko Fujimori. Los siguientes hechos corresponden a la etapa de Keiko Fujimori

10. Oposición confrontacional al gobierno de Ollanta Humala

Durante 2011-2016:

  • confrontaciones constantes;
  • investigaciones parlamentarias;
  • fuerte oposición política.

11. Mayoría absoluta en el Congreso (2016)

Con 73 congresistas, Fuerza Popular obtuvo mayoría absoluta.

Se produjeron enfrentamientos frecuentes con el Ejecutivo de Pedro Pablo Kuczynski.

Entre ellos:

  • numerosas interpelaciones;
  • censuras ministeriales;
  • bloqueos legislativos. (CIDOB)

12. Censura del gabinete Zavala (2017)

Por primera vez desde la Constitución de 1993, un gabinete completo fue censurado.

Este episodio profundizó el conflicto Ejecutivo-Legislativo.

13. Proceso de vacancia contra PPK

Fuerza Popular impulsó los procesos que terminaron debilitando políticamente al presidente Kuczynski hasta su renuncia.

14. Confrontación con Martín Vizcarra

Durante 2018-2019:

  • choques constantes;
  • disputa por reformas políticas;
  • enfrentamiento sobre la reforma judicial;
  • Referéndum del 2018 ganado por el pueblo: El 79,16 por ciento votó a favor de prohibir la reelección de los parlamentarios, lo que significó la renovación total del Parlamento en las elecciones del 2020 y del 2021. Asimismo, el 83,79 por ciento rechazó la idea de restituir la bicameralidad. Un 80,46 por ciento aprobó la idea de reformar el órgano que designa a los jueces. Y el 79,81 por ciento aprobó la regulación del financiamiento de los partidos políticos.

La confrontación culminó con la disolución constitucional del Congreso en 2019 por parte de Vizcarra.

15. Cuestionamiento de las elecciones de 2021

Después de la segunda vuelta presidencial:

  • presentación de cientos de recursos de nulidad;
  • denuncias de supuesto fraude sin que prosperaran judicialmente;
  • confrontación con organismos electorales. (CIDOB)

16. Conflictos con el JNE y la ONPE

El discurso político cuestionó reiteradamente a parte del sistema electoral:

  • Jurado Nacional de Elecciones;
  • ONPE;

17. Conflictos con la Fiscalía

Las investigaciones por presunto lavado de activos dieron lugar a una relación altamente conflictiva entre Fuerza Popular y el Ministerio Público.

18. Oposición al gobierno de Pedro Castillo

Durante el mandato de Pedro Castillo, Fuerza Popular mantuvo una oposición intensa y participó en iniciativas de control político, pedidos de vacancia y acusaciones constitucionales. (CIDOB)

El poder celebra sus victorias; la historia cuenta sus ruinas

Aquí algunos rasgos discursivos compatibles con la política del enfrentamiento del fujimorismo. Si se comparan estos hechos con la política del enfrentamiento, aparecen varios patrones:

  • construcción permanente de enemigos políticos;
  • identificación del adversario como amenaza al país;
  • uso frecuente de narrativas de crisis;
  • legitimación de medidas extraordinarias frente al conflicto;
  • alta polarización política;
  • confrontación reiterada con otras instituciones del Estado;
  • fuerte personalización del conflicto político;
  • escasa disposición a la cooperación con adversarios.

El conflicto más peligroso no ocurrió contra los partidos de Humala, de PPK, de Vizcarra o de Pedro Castillo, por un lado, y el fujimorismo por otro lado; sino entre la verdad y la conveniencia del fujimorismo. Así continuaron las excepciones para el fujimorismo aceptadas por su conciencia, dando pie a actitudes que favorecen al crimen y la corrupción.

Hechos que evidencian esta actitud poco democrática:

1.      Autogolpe de 1992.

2.      Disolución del Congreso.

3.      Intervención del Poder Judicial.

4.      Intervención de medios de comunicación.

5.      Persecución de opositores.

6.      Concentración del poder mediante la Constitución de 1993.

7.      Narrativa "nosotros vs. ellos".

8.      Conflicto permanente con organizaciones de derechos humanos.

9.      Conflictos entre Fuerza Popular y el Ejecutivo (2016-2019).

10. Censura del gabinete Zavala.

11. Procesos de vacancia contra PPK.

12. Enfrentamiento con Martín Vizcarra.

13. Cuestionamiento del proceso electoral de 2021.

14. Conflicto con organismos electorales.

15. Oposición sistemática al gobierno de Pedro Castillo.

16. Vacancia del presidente Pedro Castillo, cuya constitucionalidad ha sido objeto de intenso debate político y jurídico.

17. Promulgación de leyes procrimen.

En conjunto, estos episodios permiten sostener que el fujimorismo ha mostrado una tendencia recurrente a estructurar su acción política en torno a la confrontación con adversarios e instituciones.

Ningún vencedor puede gobernar sobre las cenizas de la confianza

La reforma ética del Estado no depende únicamente de nuevas leyes o de mejores instituciones. También exige una determinada cultura política. En este sentido, pueden distinguirse dos formas de ejercer la política: la política del consenso y la política del enfrentamiento.

La política del consenso parte del reconocimiento de que la sociedad es plural y que ninguna persona, grupo o partido posee toda la verdad. Su objetivo no es eliminar las diferencias, sino administrarlas mediante el diálogo, la deliberación y la búsqueda de acuerdos que beneficien al conjunto de la sociedad. El consenso no implica unanimidad ni renuncia a las propias convicciones; supone la disposición a escuchar, negociar y construir soluciones compartidas. Desde una perspectiva ética, esta forma de hacer política fortalece la confianza pública, favorece la estabilidad institucional y convierte al Estado en un espacio donde prevalece el interés general sobre los intereses particulares.

En cambio, la política del enfrentamiento entiende la competencia política como una confrontación permanente entre adversarios concebidos muchas veces como enemigos. El conflicto deja de ser un medio para debatir ideas y se convierte en un fin que moviliza emociones como el miedo, la indignación o el resentimiento. En este contexto, el diálogo se debilita, la descalificación sustituye a la argumentación y las instituciones corren el riesgo de ser utilizadas para derrotar al adversario antes que para servir a la ciudadanía. Aunque el conflicto es inherente a toda democracia y puede ser un motor de transformación cuando expresa demandas legítimas, una política basada exclusivamente en la confrontación termina erosionando la confianza social, profundizando la polarización y dificultando las reformas de largo plazo.

Desde la perspectiva de la ética como infraestructura invisible del Estado, el consenso representa un capital institucional indispensable. Así como la infraestructura física sostiene el funcionamiento de una ciudad sin ser siempre visible, la confianza, el respeto por las reglas, la cooperación y la disposición al acuerdo sostienen el funcionamiento del Estado democrático. Cuando estos elementos desaparecen, las instituciones pueden conservar su estructura formal, pero pierden eficacia y legitimidad.

La política del consenso exige virtudes éticas tanto en los gobernantes como en la ciudadanía: prudencia para reconocer los límites de las propias posiciones; honestidad intelectual para debatir con argumentos y no con desinformación; respeto por la dignidad de quienes piensan diferente; responsabilidad para privilegiar el bien común sobre el beneficio inmediato; y apertura al aprendizaje mutuo. Estas virtudes constituyen una infraestructura moral que permite que las reformas sean sostenibles y no dependan únicamente del cambio de gobiernos.

Por el contrario, cuando predomina una lógica de enfrentamiento permanente, la ética pública se debilita. La lealtad partidaria puede imponerse sobre el deber institucional, el interés electoral sobre el interés nacional y la victoria política sobre la calidad de las políticas públicas. En esas condiciones, incluso las mejores reformas administrativas encuentran dificultades para consolidarse, porque carecen del fundamento ético que las haga perdurables.

En consecuencia, una reforma del Estado inspirada en principios éticos no busca eliminar el conflicto político —que es inherente a toda democracia—, sino transformarlo en un conflicto civilizado, regulado por normas, argumentos y respeto mutuo. La verdadera fortaleza democrática no reside en la ausencia de diferencias, sino en la capacidad de convertirlas en acuerdos legítimos que permitan construir instituciones más justas, confiables y orientadas al bien común.

Esta perspectiva permite comprender que la ética no sustituye a la política; la orienta. El consenso no elimina la competencia democrática, sino que establece los límites éticos dentro de los cuales esa competencia puede desarrollarse sin poner en riesgo la cohesión social ni la legitimidad del Estado. De este modo, la ética se convierte en la infraestructura invisible que hace posible una política eficaz, responsable y verdaderamente democrática. Quien convierte toda diferencia en una guerra termina viviendo entre ruinas

 

lunes, 13 de julio de 2026

ELECCIONES 2026 Y LA POSDEMOCRACIA EN PERÚ

 

 

ELECCIONES 2026 Y LA POSDEMOCRACIA EN PERÚ

Por: Arturo Muñoz Portugal, CHC e IA

Para facilitar la lectura del artículo, presento esta introducción directa y concisa que resume los puntos clave, y para entender la situación política actual sin tener que leer el documento completo de inmediato.

Resumen Ejecutivo: ¿Qué está pasando con el Perú en 2026?

El Perú atraviesa una transformación profunda que va más allá de quién ocupa la presidencia. A través de un análisis del modelo neoliberal, este artículo plantea tres tesis fundamentales para entender el escenario actual:

  • El fin de la democracia, el inicio de la "Posdemocracia": Aunque seguimos votando, las decisiones reales ya no las toma el ciudadano ni sus representantes, sino los intereses económicos de élites transnacionales. El Estado ha dejado de ser un mediador para convertirse en un gestor de activos privados.
  • La arquitectura del despojo: El país está siendo blindado mediante dos herramientas clave: el endeudamiento masivo con organismos internacionales (como el FMI), que impone recortes y austeridad al pueblo para pagar intereses, y el blindaje legal, que ha convertido la represión policial en una política de Estado para neutralizar cualquier protesta.
  • El Perú como laboratorio regional: Lo que vivimos no es una anomalía, sino parte de una "segunda ola" de neoliberalismo autoritario en Latinoamérica (similar a lo que ocurre en Chile, Argentina o Ecuador). Aquí, la derecha ha comprendido que ya no necesita del consenso social para gobernar; le basta con el control de las leyes, el uso de la fuerza y la desarticulación de las organizaciones sociales.

En conclusión: El artículo sostiene que el problema central no es solo una figura política específica, sino un diseño del sistema que ha secuestrado las instituciones. Nos encontramos ante una "cáscara democrática" donde, mientras el pueblo vota, el mercado decide. El desafío para el 2026 no es solo electoral, sino de reconstrucción: ¿cómo articular nuevas formas de resistencia desde los márgenes cuando las vías tradicionales han sido anuladas?

ELECCIONES 2026 Y LA POSDEMOCRACIA EN PERÚ

Muerta la bestia, apagado el veneno.

Por sentido común si eliminas al líder o al núcleo, el resto del problema desaparece, sin embargo, esto no sucedió en Perú; Alberto Fujimori falleció el 2024 y su hija asume la presidencia el 2026. Porque la doctrina del fujimorismo permanece: el neoliberalismo. El fujimorismo es la expresión nativa del modelo neoliberal aplicado en muchos países. El neoliberalismo sobrevive a sus representantes. Carlos Menem lo introdujo en Argentina y lo continúa Javier Milei. Augusto Pinochet lo impuso en Chile y lo cultiva José Antonio Kast y así actualmente Daniel Novoa en Ecuador, Rodrigo Paz en Bolivia, por mencionar los países de nuestro entorno. Muertos los perros, no se acabó la rabia neoliberal.

Y es que a la serpiente no se le cortó la cabeza. En el periodo de transición democrática 2000 – 2001 no se proscribió, no se ilegalizó al fujimorismo, la transición se “construyó a base de renuncias”, esa es la responsabilidad histórica de los “demócratas”, los progres y la izquierda… “una dictadura cerrada en falso y una transición que no dio de sí los frutos que de ella se esperaban”, al decir de Alfons Cervera.

A los adultos y a la juventud “en estos tiempos caracterizados por el crepúsculo de las ideologías, la desmemoria histórica y la indiferencia política” si les importa la justicia y la libertad, aunque con mucha ignorancia a que los ha sometido el neoliberalismo; por eso Keiko Fujimori no puede vanagloriarse de triunfo, ha perdido, dos tercios del pueblo no ha votado por ella y aún falta saber cuántos de sus votos son verdaderos.

Por ello, no aceptamos el Gobierno de los autores del golpe cívico militar de 1992, porque aún no han pedido perdón por los asesinatos de miles de pobladores andinos y amazónicos, no sólo de su periodo sino, también de los asesinados por Toledo, García, Ollanta y Dina Boluarte ¿Con qué cara miraríamos a los hijos y nietos? ¿Qué ejemplo les estaríamos dando? Sería como decirles ‘Aquí no ha pasado nada’. Sabiendo que nos quieren vender una imagen de tranquilidad que no es tal. Los incidentes sangrientos son numerosos (asesinato de más de 70 pobladores por protestar pacíficamente, el Baguazo por defender la tierra de las comunidades nativas de la Amazonía, los asesinados en el Valle de Tambo en defensa del agro, el agua y los alimentos, etc.)

No hay lugar para el conformismo, ni para pactos extraños y ni amistades con los extorsionadores, ni para contubernios. Las fuerzas del interior descontentas con el fujimorismo, desde los campesinos hasta los pequeños y medianos empresarios, no guardan ninguna esperanza en el próximo gobierno fujimorista que no está dispuesto a abrir las puertas de la libertad y la democracia que, elección tras elección, se demuestran imposibles. La lealtad no es moneda de cambio, el borrón y cuenta nueva no existe en la conciencia del pueblo peruano, los resultados electorales lo afirman.

Con el retorno al frente de la pandemia neoliberal de una Fujimori, las alertas democráticas han sonado más fuertes que nunca. Se vaticina un periodo de arbitrariedad sin límites, en el cual algunos objetivos podrían ser: el narcotráfico gozaría de protección para tomar el puerto de Chancay, parte de la minería ilegal del oro sería capturada directamente por empresas mineras transnacionales, también, con la justificación de “austeridad” se recortarían los beneficios a los trabajadores y en contrario se exoneraría de impuestos a la gran burguesía, luego, para cubrir el déficit fiscal que la corrupción genera (24 mil millones de soles al año) más el gasto indebido del Estado se negociaría con el FMI un préstamo millonario (alrededor de 10 mil millones de dólares este año), préstamo que pagaría el pueblo.

Igualmente, se incrementaría la persecución política y la liquidación de las pocas organizaciones sociales existente. La protesta social ya está en la práctica ilegalizada con las leyes que el Congreso fujicerronista ha aprobado y, también, la correspondiente represión impune con la ley que permite a la policía y a los militares usar sus armas contra los manifestantes.

Este escenario nos sitúa de lleno en la 'posdemocracia': un sistema donde las formas electorales se mantienen intactas para dar una apariencia de legitimidad a un ejercicio del poder que ya no responde a los intereses ciudadanos, sino a una oligarquía extractiva. La democracia ha dejado de ser un mecanismo de representación para convertirse en una herramienta de gestión de activos, donde el ciudadano es reemplazado por el consumidor y la política por la administración del despojo".

Perú, bajo este nuevo ciclo, se consolida como un laboratorio de lo que algunos denominan 'neoliberalismo autoritario'. A diferencia de las transiciones de los años 90, esta versión no requiere de la seducción del crecimiento económico, sino del control policial y la desarticulación del tejido social. Estamos ante una sincronización regional: la derecha continental ha comprendido que, en sociedades profundamente fracturadas, el consenso democrático es un lujo que ya no pueden costearse".

La captura del Estado para la consolidación del modelo

La arquitectura del despojo: Deuda y Control

La materialización de este nuevo ciclo no es una improvisación, sino una estrategia coordinada que descansa sobre dos pilares: el financiamiento externo y el blindaje jurídico.

El préstamo como cadena de subordinación

El déficit fiscal proyectado, inflado por años de corrupción sistémica y una gestión pública ineficiente, no se corregirá mediante la reactivación productiva, sino a través de un nuevo ciclo de endeudamiento masivo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Se estima que el paquete de financiamiento bordeará los 10 mil millones de dólares solo para este periodo. Este préstamo, sin embargo, no tiene fines sociales. En la práctica, se convierte en un mecanismo de "condicionalidad política": el FMI, fiel a su ortodoxia, exigirá un plan de "austeridad" que se traducirá inevitablemente en el recorte de subsidios, la privatización de activos estratégicos y la desregulación laboral. En términos sencillos, el pueblo peruano será el avalista de una deuda contraída por una élite que, además, se beneficia de las exoneraciones tributarias que se dictarán bajo el eufemismo de "fomento a la inversión". El endeudamiento es una forma de que el capital internacional asegure que Perú no se desvíe del camino trazado.

El blindaje legal: El Estado como empresa represiva

A la par, el Congreso ha terminado de configurar el marco legal que garantiza la invulnerabilidad de este modelo. No hablamos solo de leyes económicas, sino de un paquete normativo de represión preventiva. La "ley de protección policial" no es más que una licencia para la impunidad, otorgando a las fuerzas del orden una patente de corso para el uso de la fuerza letal contra cualquier expresión de descontento.

Al haber calificado virtualmente toda forma de protesta social como "obstrucción" o "alteración del orden público", se ha logrado la desactivación jurídica de la calle. La estrategia es clara: si el modelo implica el avance sobre derechos básicos —como el control de los recursos mineros o la privatización de servicios—, la ley debe garantizar que cualquier resistencia sea categorizada no como un ejercicio de derechos, sino como una amenaza a la seguridad nacional. Así, el Estado ha dejado de ser un mediador social para convertirse en el brazo ejecutor de un modelo extractivo que no admite, bajo ninguna circunstancia, la disidencia organizada.

Hacia una resistencia de nuevo cuño

Estamos, en rigor, ante la consolidación de la posdemocracia: un escenario donde las formas institucionales se mantienen apenas como un decorado para legitimar un ejercicio del poder que ya no rinde cuentas a la ciudadanía. En este modelo, la democracia deja de ser un mecanismo de representación para transformarse en una herramienta de administración de activos; el ciudadano es sustituido por el consumidor, y el bien común, por la gestión de beneficios para el capital transnacional.

Lo que ocurre en el Perú no es una anomalía regional, sino la vanguardia de una "segunda ola" del neoliberalismo autoritario en América Latina. A diferencia de las décadas pasadas, donde el modelo se vendía bajo la promesa de modernización y crecimiento, esta versión contemporánea —coincidente con la realidad de Chile, Argentina o Ecuador— ha comprendido que, en sociedades fracturadas y desconfiadas, el consenso democrático es un lujo que ya no pueden costearse. Por ello, recurren a la combinación de represión policial, captura del Estado por intereses ilícitos y el desmantelamiento sistemático de cualquier espacio de disidencia.

Sin embargo, el fatalismo es el principal aliado de este sistema. Si la protesta social ha sido legalmente neutralizada en los espacios tradicionales, el desafío no reside en intentar revivir los restos de una institucionalidad que ya no nos pertenece, sino en la recomposición de nuevas formas de contrapoder. La historia demuestra que la imposición totalitaria siempre genera sus propias fisuras; estas no brotarán necesariamente de los partidos políticos en agonía, sino de la organización territorial y la autogestión comunitaria, allí donde la lógica del mercado aún no ha logrado convertir cada interacción humana en una transacción.

La pregunta que nos deja el 2026 no es si el modelo neoliberal sobrevivirá, sino qué grado de resistencia será capaz de articular una sociedad que ha sido empujada al borde de la invisibilización. La "posdemocracia" nos ofrece una elección: aceptar la gestión del despojo como un destino inevitable o entender que, en la desarticulación de las estructuras de poder tradicionales, reside también la oportunidad de construir una soberanía que nazca, genuinamente, desde los márgenes.

La Posdemocracia: El teatro de la participación

El concepto de posdemocracia, acuñado por el sociólogo británico Colin Crouch, es fundamental para entender por qué el sistema actual en Perú —y en gran parte de Latinoamérica— se siente tan asfixiante a pesar de realizar elecciones periódicas.

La posdemocracia no es el fin de la democracia, sino su vaciamiento. Es un estado en el que las instituciones (el Congreso, el Poder Judicial, el sistema electoral) siguen funcionando, las elecciones se llevan a cabo y se respetan las formas constitucionales, pero el contenido democrático ha sido drenado. Es, esencialmente, una "cáscara formal".

1. El desplazamiento del poder: De la plaza al despacho corporativo

En una democracia plena, las decisiones políticas se toman en el debate público y responden a las demandas ciudadanas. En la posdemocracia, el impulso innovador y la toma de decisiones reales se trasladan de la arena pública a los círculos cerrados de las élites económicas. Los gobiernos ya no "gobiernan" en el sentido de dirigir el destino colectivo, sino que actúan como gestores de intereses privados transnacionales. El bienestar público se sacrifica en favor de la rentabilidad del mercado.

2. La despolitización de la ciudadanía

El sistema posdemocrático necesita que el ciudadano se desentienda. Esto se logra mediante tres mecanismos:

  • La mercantilización de lo público: Todo se privatiza o se gestiona con criterios empresariales, eliminando el espacio para el conflicto político.
  • La "gestión" en lugar de la "política": Se nos dice que no hay alternativas ("There is no alternative", como decía Thatcher). Si la política es solo administración técnica y económica, el voto pierde su poder de cambiar las cosas.
  • Apatía y cinismo: Cuando la población percibe que, sin importar quién gane, las políticas económicas siguen siendo las mismas, la participación se desploma o se vuelve meramente reactiva (voto de castigo).

3. La subordinación del Estado al mercado

Bajo esta lógica, el Estado deja de ser el árbitro del bien común. En el caso peruano esto es visible cuando:

  • El FMI actúa como auditor del Estado: El préstamo no es solo dinero; es una herramienta de supervisión que obliga a los gobiernos a implementar políticas de austeridad que ellos mismos no proponen, sino que son "dictadas" por los acreedores globales.
  • El interés privado influye en la ley: Las leyes no se crean para proteger al ciudadano, sino para proteger la inversión (como la toma del puerto de Chancay o el blindaje a la minería ilegal). El Estado se convierte, en palabras de Crouch, en un socio menor de las grandes corporaciones.

4. La represión como mantenimiento del "orden"

Cuando el consenso se rompe y la ciudadanía empieza a cuestionar este modelo, la posdemocracia muestra su rostro menos amable. Al no poder convencer mediante argumentos (porque el modelo no ofrece beneficios sociales reales), el Estado recurre a la desactivación jurídica: se legaliza la represión para que el descontento no interfiera con el flujo de capitales. La protesta deja de verse como un derecho y pasa a ser tratada como un delito contra el orden económico.

La "posdemocracia" trasciende el análisis de partidos específicos. El problema no es solo la familia Fujimori o los políticos de turno; el problema es el diseño del sistema mismo, que permite que el poder real esté blindado frente a cualquier decisión democrática.

En la posdemocracia, el pueblo vota, pero el mercado decide. Es asunto no es de esta elección; es la farsa de una estructura institucional que ha sido secuestrada para garantizar que el modelo extractivo continúe sin obstáculos, sin importar quién se siente en la silla presidencial.