Año 21 Número 215 Arequipa,
2025, junio 18
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LA DEMOCRACIA DE
LA BILLETERA VIII
ELECCIONES Y GOBIERNO
CÍVICO MILITAR
Por: Arturo Muñoz
Desde la civilidad no hay una organización o
personaje que pueda dirigir el gobierno a partir del 28 de julio del 2026 en
Perú. En ninguna de las 43 empresas electorales inscritas
para las elecciones generales del próximo año, existe una propuesta viable de
gobierno. En consecuencia, la posibilidad de resolver los asuntos
nacionales vía elecciones democráticas se aleja por la inexistencia de planes
de gobierno y equipos políticos capaces de afrontar las amenazas del
desgobierno, la corrupción, la delincuencia y la crisis económica en ascenso.
Ni en el centro, ni en la derecha, ni en la
izquierda aparece una organización confiable para el recambio de gobierno en
las próximas elecciones. Muy por el contrario, los nuevos ricos han capturado
el gobierno y el Congreso, representados por
personajes acusados de crímenes que los ponen con un pie en la cárcel. Las
fortunas de los nuevos ricos provienen de la explotación minera, la
agroindustria, la educación, la tala de bosques, el contrabando, el
narcotráfico y otras actividades. Sin una organización que se les oponga, los
nuevos ricos permanecerán en el poder hasta el 2026 y posteriormente.
Preocupados sólo porque sus
negocios vayan bien, los nuevos ricos que controlan el ejecutivo y el
legislativo, han permitido el desastre social de la generalización de la
delincuencia, promoviendo una ola criminal, con leyes
prodelincuencia, que afecta a millones de ciudadanos y ciudadanas, sin
distinción de género, edad y raza. Los únicos que se salvan del crimen
organizado son los propietarios de las grandes empresas, los representantes de
las transnacionales. Ola criminal en la que ellos también están inmersos como
ejecutores.
Pero la delincuencia es
un factor más junto a otros que sumados obligan a adoptar medidas drásticas. Cada
día que sigue en la presidencia Dina Boluarte es un milagro realizado gracias a
las manos que la sostienen, las manos manchadas de Keiko Fujimori, de César
Acuña, del Apra, de las fuerzas armadas y policiales. La ingobernabilidad multiplica
los pedidos de vacancia de la presidenta usurpadora,
exigencia principal de las movilizaciones y paros del transporte, de las
movilizaciones de industriales, de comerciantes y ciudadanos en el país entero.
A estas fuerzas vivas de la sociedad se unen los agricultores medianos y
pequeños, los afectados por la contaminación minera, las comunidades nativas de
la selva expulsadas de sus territorios, toda la población marginada de la
bonanza de los precios altos de los minerales, en especial del oro y el cobre.
Además de lo anterior, el enfrentamiento entre
las instituciones del propio Estado incrementa las expectativas de la
intervención de un personaje recio que imponga mano dura y
ordene la sociedad. Estas luchas entre instituciones estatales generan un estado
de indefensión absoluta, además, el abandono por parte del Estado de sus
responsabilidades, como son: otorgar seguridad, hacer crecer la economía, garantizar
la paz social, deteriora aún más la pésima situación del país.
La población observa
irritada el choque entre la Fiscalía y la Presidencia. Mira al Poder Judicial
resistiendo los embates de la delincuencia atrincherada en el Congreso, que
cada día da más leyes para garantizar la impunidad a los criminales y a los
corruptos. Igualmente, diariamente se descubren al interior de las propias
instituciones estatales organizaciones criminales, desde las Fuerzas Armadas y
Policiales, pasando por los ministerios, hasta el sistema judicial. El Estado está plagado
de nidos construidos por los delincuentes.
Por ello, la confianza de la
población en el Estado y en la democracia ha desaparecido y su lugar ha sido
tomado por el sentimiento de hacer la justicia por sus propias manos.
Las víctimas de esta sociedad injusta desean hacer pagar ellas mismas a los
victimarios por sus abusos, universalizándose la necesidad de adoptar la pena
de muerte, de usar las armas para defenderse de los criminales, de exigir un
gobierno que ponga orden en el ámbito económico, impidiendo que las empresas
saqueen los recursos naturales, sin dejar nada a los peruanos por los minerales
exportados.
Como efecto de esta
situación la mirada de la gente se dirige al presidente Bukele, lo toman como
modelo del próximo presidente que debe reemplazar a Dina Boluarte; sin
considerar los defectos del modelo Bukele, que redujo la delincuencia, pero no
ha sacado a El Salvador de la crisis económica.
Pareciera que los poderes fácticos,
los que realmente determinan la política peruana, las transnacionales, los
barones de los bancos, los dueños de la gran minería, fomentan la anomia, el
irrespeto a las leyes, para así tener la justificación de instaurar un gobierno
cívico militar, que reprima cualquier oposición a la
ejecución de sus proyectos mineros, caso Tía María y Conga; el gobierno
tiránico que quieren implantar los poderosos tendría como objetivo proteger la
explotación en la agroindustria, dar nuevas leyes que permitan arrasar con la
Amazonía, talar los árboles indiscriminadamente, extraer el oro de los ríos
amazónicos sin control ambiental. En definitiva, que tengan manos libres para
explotar cualquier recurso natural sin pagar por él.
Perú está llegando al final del periodo de
gobiernos democráticos para pasar nuevamente a gobiernos tiránicos.
Las condiciones están dadas para el surgimiento de un gobierno cívico militar
que deje de guardar las apariencias democráticas e imponer una represión
generalizada. A diferencia de Bukele ese gobierno cívico militar no eliminaría
la criminalidad, sino que la usaría para realizar atentados en contra de las
organizaciones sociales, en contra de los defensores de las comunidades nativas
y del medio ambiente, manteniendo un régimen de terror al estilo de Haití.
Si aplicamos la ley de
la sobrevivencia del más fuerte, es muy probable que esta alternativa de
gobierno tiránico se instaure en el país, pues las organizaciones sociales no
cuentan con la fuerza para implantar, cuando menos, un gobierno democrático
social - liberal. Las elecciones del 2026 están sentenciadas a elegir un personaje
tiránico que aplique medidas fuertemente represivas.
Dina Boluarte ya no cuenta con más cartas que
jugar. Está completamente aislada. Repudiada por unanimidad.
Pero,
los militares y policías tampoco son simpáticos ante la población, por
ello un golpe militar no es posible por el desprestigio de las fuerzas armadas
y policiales. Lo que sí es viable es un gobierno con una cara civil, detrás
de la cual estarían directamente las fuerzas armadas.
Un gobierno tiránico civil militar.
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