AVANZAR EN LA
DEMOCRATIZACIÓN
Durante varias horas, el
sábado 2 de marzo, el canal del Estado transmitió las negociaciones entre el
gobierno y los gremios del transporte y de agricultores, al interior del
coliseo Wanka de la ciudad de Huancayo. La huelga de transportistas y agricultores
iniciada el 28 de marzo era la esperanza de la derecha para conseguir la
renuncia de Pedro Castillo, propósito no alcanzado
en el Congreso al fracasar el pedido de vacancia el mismo 28 de marzo.
La frustración de la derecha le hizo cometer el
error de sacar un comunicado firmado por una minoría de congresistas, a nombre
del conjunto del Congreso en momentos en que se producían las negociaciones
entre los gremios en huelga y el gobierno. En ese patoso
comunicado el Congreso le echa la culpa al gobierno de las graves dificultades
que enfrentan transportistas y agricultores y, así, poner a la presidenta del
Congreso, la ultraderechista Maricarmen Alva, como alternativa a Castillo.
Pero el tiro le salió
por la culata. La mezquindad de los congresistas derechistas fue contrarrestada por
el éxito alcanzado en las negociaciones en el coliseo Wanka.
A media tarde los representantes de los gremios en conflicto y la comitiva de
ministros firmaban el Acta de Compromiso. Por un lado, el gobierno reducirá en
90 % el Impuesto Selectivo al Consumo de los combustibles, agilizará los
trámites en el Ministerio de Transportes para los conductores (choferes),
incremento del salario mínimo vital, subsidiará los abonos (guano de isla) y
comprará país a país abonos para el agro, incrementará el precio de la leche
fresca comprando directamente a los ganaderos la leche para los programas
sociales. Los gremios a cambio otorgan una tregua de 5 días, suspendiendo la
huelga y liberando las carreteras.
Dos cosas han ocurrido en esta negociación.
La primera es el haber permitido la interlocución directa con los gremios alzados de
manera masiva, en un lugar público y con presencia de la prensa, de cara a la
ciudadanía. La comitiva ministerial conversó con las
personas presentes y con los dirigentes. Lo cual permitió descubrir a los
infiltrados, aislar a los cabezas calientes y que sea la propia población y los
verdaderos dirigentes los que los aparten.
En los alrededores del coliseo grupos de gente, que
nadie sabía a qué gremios pertenecen, atentaban contra el diálogo.
Eran grupos pequeños, incitados por varias manos sucias encaprichadas en la
vacancia presidencial.
Una segunda cuestión es
la aparición
protagónica en ambos bandos de personas originarias del Perú.
Este acontecimiento debe golpear dura y profundamente a la derecha racista
peruana. De la misma manera como el tema ambiental está instaurado en la vida
cotidiana, el asunto de la etnia va ocupando su lugar en la política diaria.
Por lo tanto, el gobierno de Castillo
abre en el Perú un periodo de democratización en estos dos aspectos.
La democratización para la derecha está limitada a la reforma estrecha y muy
básica del Estado, la restitución de la bicameralidad. La realidad, los hechos
ponen sobre la mesa una democratización mucho más amplia, ambiental y étnica.
Contrariamente a los
discursos periodísticos, el movimiento de Huancayo estuvo dirigido a los
centros comerciales, a los moles, a los supermercados propiedad de
transnacionales; lugares en donde se produjeron la mayoría
de detenciones. Hasta en esto la derecha erró. El movimiento de Huancayo de
facto ha sido un movimiento popular, sus acciones lo demuestran.
Es por ello la
desesperación de la derecha neoliberal peruana por vacar a Castillo. Malo que bueno, consciente
o inconscientemente, Castillo está abriendo las puertas a un nuevo y más
significativo proceso democratizador, con nuevos
actores y nuevos temas.
Diego Bazán, al final de
la sesión del Congreso, saluda a “los valientes congresistas” con cuyo voto
logró la censura del ministro de salud Hernán Condori. Para el congresista Bazán
la censura es comparable al triunfo del ejército peruano en Tarapacá. Esa desproporcionada emoción del congresista
de Renovación Popular por haber alcanzado un objetivo tan insignificante como
es la censura de un ministro, evidencia la irracional actitud de la derecha cuya
única razón de ser es vacar al gobierno de Castillo
considerado rojo, comunista, izquierdista; aunque los hechos y acciones del
presidente Castillo indiquen todo lo contrario. Castillo es, más bien, un
presidente sin ideología de izquierda y las medidas tomadas por su
administración dan continuidad al modelo neoliberal, basado en la reducción de
los costos para competir y no en el incremento de la productividad.
Este periodo político
está marcado con reciedumbre por la irracionalidad, en consecuencia, los
políticos y las políticas integrantes del Congreso carecen del nivel de
estadistas. Un estadista es necesariamente un pensador, un ser prudente; puede
ser apasionado, pero fundamentalmente reflexivo,
debe saber ponderar, así una censura no es por sí misma comparable a la medida
de exigir el pago en rublos por el gas ruso.
¡Pensá! Es la voz de orden urgente para enrumbar el
Congreso hacia ser la institución reflexiva de la democracia.
Fueron los fujimoristas y los apristas quienes convirtieron el Congreso en un
campo de batalla para ajustar cuentas entre personas individuales e intereses
empresariales; antagonizaron los casos más escandalosos de insensatez, de bestialidad
congresal. FP, Avanza País, RP cometen los mismos disparates y proponen
proyectos de ley de lo más extraviados y lejanos del interés nacional.
Al frente de la desatinada, caótica y demencial
actuación de este sector de la derecha (FP, Avanza País, RP, algunos
congresistas de AP y de APP) se ubica un sector de la izquierda (PL) con una
gran falta de experiencia en gestión pública y otro sector izquierdista con
mucha soberbia (JP y NP). Sus defectos les impiden combatir con mayor eficacia
a la derecha.
¿Cuál es el arma usada
por la derecha en contra del gobierno Castillo? Es la politización de la
justicia. El sistema de justicia peruano está copado por operadores
fujiapristas, dedicados a perseguir a los defensores
de los derechos humanos, de los derechos ambientales y consentir la corrupción
de los agentes económicos. La politización de la justicia es el complemento
forzoso de la judicialización de la política.
Sin fiscales y jueces integrantes o cercanos a las organizaciones de derecha no
es posible hacer del sistema judicial un instrumento de control social. Desde el gobierno debe y
puede desarmarse a la derecha cogiendo la bandera de la lucha contra la
corrupción, arrebatándosela a la derecha. Por el
contrario, el gobierno de Castillo está arrinconado por la derecha con
acusaciones de corrupción, que el sistema judicial tramita aceleradamente
conforme al objetivo de vacar al presidente.
Es necesario presentar un proyecto de reforma
judicial y organizar a los afectados por la corrupción de policías, fiscales y
jueces. La izquierda usa la vaga consigna de Asamblea Constituyente para evadir
su responsabilidad de presentar reformas concretas tanto en el Congreso como en
el Ejecutivo.
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