Año 21 Número 212 Arequipa, 2025, febrero 12
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LA DEMOCRACIA DE LA
BILLETERA V
DEMOCRACIA GRATUITA, EFICIENTE Y CON PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS
CIUDADANOS
Por: Arturo Muñoz
También tenías derecho a que te dieran un puesto cuando te
ponían a romperte el cuero en las elecciones – replicó la mujer - … Ahora todo
el mundo tiene su vida asegurada y tú estás muerto de hambre, completamente
solo.
El coronel no tiene quien le escriba. Gabriel García Márquez.
Con los millones
en impuestos recaudados por el Estado son posibles una educación y salud
gratuitas y de calidad, e, incluso, si se elimina la corrupción, mejorar la
calidad de vida de la población. Además, con los
fondos recuperados de la corrupción, es necesario lograr que la democracia sea
gratuita, para que los mejores ciudadanos y las mejores ciudadanas puedan
participar en las elecciones como candidatos y candidatas, sin necesidad de
“invertir miles o millones de soles” en campañas electorales, cuyo resultado
son siempre lo mismo: el triunfo de personas ineficientes y corruptas.
Es
evidente que la eliminación de la corrupción exige acciones efectivas de
participación ciudadana: marchas, paros, etc.; que obliguen a los que están en
el gobierno adoptar las medidas que la población reclama para implantar la
honestidad en los cargos públicos. Y junto
a estas acciones legítimas de la ciudadanía debe darse la batalla legal por
cambiar la Constitución, en los artículos 31 y 35. Sobre el artículo 31 ya hemos explicado
ampliamente los cambios a realizarse para permitir el ejercicio del derecho a
ser elegido por toda la ciudadanía. Ahora
toca analizar el artículo 35 de la Constitución sobre el financiamiento de las
organizaciones políticas.
Que dice el
mencionado artículo 35:
Artículo 35.- Organizaciones Políticas
Los ciudadanos pueden ejercer sus
derechos individualmente o a través de organizaciones políticas como partidos,
movimientos o alianzas, conforme a ley. Tales organizaciones concurren a la
formación y manifestación de la voluntad popular. Su inscripción en el registro
correspondiente les concede personalidad jurídica.
Mediante ley se establecen disposiciones
orientadas a asegurar el funcionamiento democrático de las organizaciones
políticas y la transparencia sobre el origen de sus recursos económicos, así
como su verificación, fiscalización, control y sanción.
El financiamiento de las organizaciones
políticas puede ser público y privado. Se rige por ley conforme a criterios de
transparencia y rendición de cuentas. El financiamiento público promueve la
participación y fortalecimiento de las organizaciones políticas bajo criterios
de igualdad y proporcionalidad. El financiamiento privado se realiza a través
del sistema financiero con las excepciones, topes y restricciones
correspondientes. El financiamiento ilegal genera la sanción administrativa,
civil y penal respectiva.
Solo se autoriza la difusión de
propaganda electoral en medios de comunicación radiales y televisivos mediante
financiamiento público indirecto.
En
el primer renglón se afirma que: “Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos
individualmente”; sin embargo, a continuación, este
artículo constitucional modela una camisa de fuerza al derecho de ser elegido,
pues obliga al ciudadano o ciudadana a inscribirse en un partido, movimiento o
alianza para poder ser candidato a un cargo de elección popular. Con lo cual el derecho a la participación
individual se reduce a ir a la mesa electoral, ingresar solo a la cabina de
votación, depositar su voto en el ánfora, esa es toda la participación
individual conocida. Los demás actos son colectivos, las reuniones de los
comités, de las asambleas, los actos de campaña. Esto es una contradicción con
el espíritu liberal de la Constitución, espíritu que glorifica el individualismo.
¿Por qué una
Constitución liberal anula al individuo en la vida política? Porque de esta
manera le entrega las decisiones a la oligarquía partidaria, a la cúpula que
gobierna el partido. Si el individuo como tal
pudiese postular sin necesidad de un partido, movimiento o alianza, la
población podría escoger entre candidatos de acuerdo a las cualidades
personales, profesionales y a la experiencia del individuo.
No
conformes con eliminar al individuo coaccionándolo a candidatear vía una
organización política, la Constitución le pone un segundo obstáculo, imposible de superar para el 99 % de la población
electoral: el financiamiento. Recientemente,
el Congreso vuelve a permitir el financiamiento a los partidos por parte de la
empresa privada. Con fecha de publicación 31/01/2025, fue promulgada por la
presidenta Dina Boluarte, la ley 32254, a fin de restituir el financiamiento
privado de personas jurídicas y dictar disposiciones para el empleo del
financiamiento público. El objetivo es claro, mantener en el poder a los ricos,
a los poderosos económicamente, a los empresarios formales e informales,
garantizar la plutocracia. Evitar la
tragedia del 2021 en que un advenedizo, un pobre profesor de provincia, casi
analfabeto político, Pedro Castillo, gane nuevamente las elecciones. Además de permitir
a los donantes (banqueros, empresarios de toda laya) donar millones sin correr
el peligro de ser enjuiciados por tales aportes. Caso del propietario del Banco de Crédito del Perú,
de Odebrecht, y muchas otras empresas.
Así,
el artículo 35 de la Constitución y su desarrollo en la ley 32254, impone que
el individuo que no posea una fortuna no puede ser elegido. Restringe la oferta de candidatos a sólo el 1,2% de la
población, que cuenta con el financiamiento suficiente para cubrir los gastos
de la campaña electoral.
Por lo tanto, no se trata de eliminar el financiamiento privado, ni
de permitir que los gremios, sindicatos, puedan hacer donativos a los partidos
de su preferencia; el asunto es mucho más importante y crucial, es devolverle
al ciudadano o ciudadana el derecho de ser elegido. De pasar de una democracia corrupta e
ineficiente de la billetera, de una democracia que sólo permite elegir a quien
tiene más llena la billetera, de una democracia que le otorga el derecho de ser
elegido a los millonarios, pasar a una
democracia gratuita y eficiente, que no imponga como requisito el disponer de
una fortuna para jugarla en la ruleta de las elecciones, si no que el requisito sea un buen
currículo personal, profesional y contar con una buena experiencia previa que
de fundamento real a su currículo.
Pasar de una
democracia de la minoría, de la plutocracia, de la oligarquía partidaria, a una
democracia en la que la valía del individuo sea lo más importante, implica un
duro enfrentamiento con quienes dominan en la sociedad actual.
El Perú ha llegado a
ese inefable momento en que las medias verdades, las reformas, los discursos
para agradar a uno y otro bando, son el camino al abismo, a un país sin futuro,
donde la delincuencia siga gobernando. Una nueva constitución es una de las tantas
tareas a desarrollar en ese tránsito a un país donde todas y todos puedan ser
elegidos, puedan ser candidatos, sin importar si llevan o no la billetera bien
cargada, donde lo único exigible sea honestidad y eficiencia.
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