PERÚ: NUEVA CONSTITUCIÓN

candela noticias AQP
Año: 3 Nº 23
Arequipa, 2007, noviembre 30.

PERÚ: NUEVA CONSTITUCIÓN

Arturo Muñoz

El periodo de transición en el movimiento popular es aún lento. La dirigencia tendiente a la negociación, a la conciliación, obteniendo beneficio personal y casi ningún triunfo para el pueblo y menos conservar las conquistas ya alcanzadas; se ha renovado físicamente pero no en sus erróneas tácticas de lucha. En cambio la dirigencia empresarial fortalecida económicamente viró al terrorismo de Estado; son los mismos grupos empresariales, las mismas familias dueñas del Perú, con algunas nuevas caras y apellidos.

Encabezan a los empresarios los Barones de la Minería, que han conseguido la concesión del 70% de territorio nacional para la explotación de minerales. Las concesiones mineras se superponen a campos de cultivo, a campos de pastoreo, a ciudades y utilizan y contaminan el 50% del agua dulce. La técnica minera la facilitan las transnacionales y el financiamiento la venta de los minerales. En realidad la minería no trae capitales frescos al país, sino que en base a las ventas a futuro consiguen financiar sus actividades y además favorecidos por el no pago de impuestos reducen sus costos.

Basados en un continuo crecimiento de las exportaciones agroindustriales, los empresarios agroexportadores unidos a los empresarios mineros controlan el tipo de cambio, la política monetaria del BCR, utilizando lo recaudado por impuestos para comprar dólares y mantenerlo en S/. 3.00 de promedio, para que las ganancias de los exportadores de materias primas y agroindustriales no caigan por la baja del dólar.

Los empresarios mineros y agroexportadores proponen un sistema antidemocrático, la desobediencia de la Constitución y las leyes. Para utilizar el agua dulce han derogado en la práctica la Ley de Aguas, que establece las prioridades de uso: el consumo humano primero, luego la agricultura, después otras actividades; sin embargo, en complicidad con el gobierno el agua es dedicada fundamentalmente a la minería. La propiedad de la tierra tampoco existe, el mercado de tierras es dominado por las empresas mineras y los agroexportadores. Recientemente se ha puesto sobre la mesa un viejo descubrimiento, el gas que está en la reserva natural del Candamo, que tendría tres veces más gas que el bolsón de Camisea; Alan García presidente impuesto sobre los peruanos por las transnacionales, ha iniciado una campaña para desconocer la propiedad de las comunidades indígenas y nativas, de tal manera que las transnacionales puedan explotar el gas y los minerales aunque ellos estén ubicados en zonas de alta biodiversidad.

Una demostración de la mentalidad antidemocrática de los empresarios mineros y agroexportadores, fue la reacción del empresario agrario José Chlimper, que amenazó públicamente en un programa de televisión el 28 de noviembre, a los 1200 estibadores en huelga del puerto del Callao, explícitamente dijo: Sino levantan la huelga mañana (el 29 de noviembre) a las 6:00 de la tarde voy con mi arma, pues tengo licencia para portarla, y los saco a los 700 malnacidos. El conductor consciente de las consecuencias de tales palabras mando a un corte.

Días antes el secretario general del APRA, Mauricio Mulder, declaraba que si seguían los movimientos sociales impidiendo la ejecución de los proyectos de inversión, el gobierno estaría tomando medidas fascistas. Corroborando sus palabras en el conclave de alcaldes y regidores apristas, realizado el 24 de noviembre en las instalaciones de la municipalidad distrital de Miraflores de Arequipa, atacó la propuesta de los presidentes regionales del sur de establecer relaciones con la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA). Y al alimón con Chlimper, el 28 de noviembre amenazó con difundir los nombres de 3084 excarcelados acusados de terrorismo, lista en la cual hay personas que fueron liberados por ser inocentes; pero para Mulder la Constitución que protege los derechos de la persona carece de valor.

El Perú camina aceleradamente a un Estado sin derecho, a la inconstucionalidad, a un gobierno autoritario capaz de volver a utilizar el terrorismo de Estado, en el cual las soluciones a los conflictos sociales sean ejecutadas por organismos terroristas como el Comando Rodrigo Franco o el Grupo Colina.

Para justificar la ausencia de legalidad están reactivando mediaticamente al grupo terrorista Sendero Luminoso. Esta estrategia les sirvió a Fujimori y Montesinos para liquidar físicamente al movimiento social y a los militantes consecuentes de la izquierda peruana. Cada día aparecen más pruebas de que Sendero Luminoso era un grupo controlado por el servicio de inteligencia, creado y diseñado por la CIA, el servicio de inteligencia Israelí y el servicio secreto Inglés, en una estrategia de guerra de baja intensidad. Desde el gobierno y los círculos empresariales fascistas están presionando a las Fuerzas Armadas para involucrarlas en esta usada estrategia de terrorismo de Estado, que las llevó al desprestigio del cual a duras penas están saliendo.

Detrás, empujando, se encuentran los monopolios pinochetistas chilenos, que tienen invertidos más de 6 mil millones de dólares en minería, agroindustria, centros comerciales, cadenas de farmacias. Y además en asociación con Repsol proveen de los combustibles que el Perú consume. El avance de los capitales de los empresarios chilenos ha alcanzado el emblema nacional en el campo de las gaseosas, Inka Cola la bebida de sabor nacional, es hecha en los laboratorios de la Coca Cola en Chile. Pinochet les dijo a los empresarios chilenos que inviertan con tranquilidad en Perú, pues estaban las Fuerzas Armadas chilenas preparadas para defenderlos.

La intensa presión para dirigir la atención de las Fuerzas Armadas peruanas en combatir un fantasma es explicable para justificar la represión al verdadero rebrote del movimiento popular, no terrorista sino de masas. Un general peruano que estuvo en la guerra de baja intensidad, al ser preguntado si Sendero Luminoso había hecho daño a las Fuerzas Armadas peruanas confesó que en realidad ni sufrieron ni un rasguño. El general Eduardo Founier Coronado, del arma de inteligencia, narró un caso que grafica como Montesinos se sirvió del supuesto combate al terrorismo para enriquecerse; al general Founier lo enviaron a una misión para capturar a un cabecilla senderista con $ 2 000 y Montesinos facturó por $ 2 millones. A los monopolios pinochetistas les conviene que el Perú se empantane en enfrentamientos fraticidas, y siga siendo el proveedor de materias primas para sus industrias. El reto de las Fuerzas Armadas peruanas está en romper con más de 200 años de control de la política peruana por la elite chilena.

Alberto Nuñez Borja, destacado periodista arequipeño, en sus espacios en radio y televisión, viene aportando pruebas de la relación del APRA con el narcotráfico, tiene, por sus éxitos profesionales en el periodismo y en otros campos, la autoridad suficiente para pronunciarse sobre los temas que ocupan la atención de los peruanos. El objetivo del APRA, para él, es encubrirse y justificar su incapacidad para erradicar el narcotráfico.

Por último, las elecciones generales y regionales y municipales del 2007 confirmaron el rechazo al neoliberalismo y a la inversión privada sin condiciones. García ganó con serias sospechas de fraude denunciadas por Lourdes Flores de Unidad Nacional, y ya en el gobierno torció el mandato popular expresado en las votaciones electorales.

Así la convocatoria a una Asamblea Constituyente es la alternativa para evitar que el Perú sea un país sin ley, y para dar paso al cambio social exigido por la voluntad popular.