POLÍTICA DE QUIEBRE CON LA IMPUNIDAD Y EL NEOLIBERALISMO

candela
Año 5 Nº 52
Arequipa, 2009, marzo 01.

Página web: www.aqpcultura.pe

POLÍTICA DE QUIEBRE CON LA IMPUNIDAD Y EL NEOLIBERALISMO

Por: Arturo Muñoz

Una mano lava a la otra en cualquier institución y, con mayor razón, en las que los dirigentes son elegidos por el pueblo: los poderes ejecutivo y legislativo, los gobiernos subnacionales, o en las instituciones importantes del Estado como el poder judicial, las fuerzas armadas. Esta práctica de dejar hacer, dejar pasar es extendida en el sector privado, en las corporaciones y en las pequeñas y microempresas. Un mal arreglo es preferible a un buen pleito.

El curioso caso de Daniel Vera

La Comisión del Gobierno Regional de Arequipa emitió su informe sobre la construcción del Terminal para Pesca Artesanal de Mollendo, concluyendo que el ex presidente regional de la APRA, Daniel Vera Ballón, debía ser acusado por los presuntos delitos de peculado, colusión ilegal, abuso de autoridad, entre otros muchos delitos.

Según el consejero regional Javier Lizárraga Lazo, pronto será un año desde que se tomó el acuerdo (el 24 de abril del 2008) en el Consejo Regional; sin embargo, la procuraduría del Gobierno Regional no ha presentado la denuncia ante el Ministerio Público ¿Porqué esta omisión?

Una razón puede ser la costumbre hecha ley por cualquier nueva autoridad al momento de asumir el cargo: entregar a Contraloría la responsabilidad de investigar la gestión anterior, la cual por falta de recursos e incluso hoy por falta del nombramiento del Contralor no culmina a tiempo o nunca los culmina los procesos de investigación. Dejar que la Contraloría investigue es tan inútil como nombrar una comisión investigadora en el Congreso. Resulta que el informe de la comisión del Gobierno Regional al parecer no fue suficiente y el mismo caso esta volviéndose a investigar por la Contraloría. Pero el acuerdo del Consejo Regional de acusar a Daniel Vera Ballón ya se tomó, para que el poder judicial (peor es nada) resuelva si es inocente o no.

Una segunda razón podría ser que los casos que llegan al poder judicial usualmente acaban en nada, entonces para que denunciar dice cualquier nueva autoridad. El poder judicial es una de las instituciones peor vistas por la población, el desprestigio de los jueces hace desconfiar a los más ilusos. Las autoridades denunciadas sean del partido que sean gozan de libertad, al verlas caminar por la calle inmunes a la ley crean la imagen de que ya arreglaron su asunto ante el poder judicial.

Una tercera posible razón es que cualquier funcionario encargado de una denuncia especula que la persona saliente puede volver a ser elegida en una posterior elección, y se habrán ganado un enemigo por gusto si hacen la denuncia. Así el secretario del Consejo Regional, Carlos Lira, que también fue secretario en el periodo de Vera Ballón, está sujeto de sospecha de haber sido negligente en su función, como lo señala el diario La República, y el periodista Fredy Rosas que conduce el programa Línea de Fuego en PerúTV denunció estando al aire que le pidió los documentos del caso y que dicho funcionario se hizo negar.

Una cuarta razón es la formulada por Maquiavelo, la razón de Estado, es decir que por cumplir con el objetivo del Estado es necesario hacer cosas que van contra la ley. Como por ejemplo la creación del Grupo Colina encargado del aniquilamiento extrajudicial de presuntos terroristas, obedeció a una razón de Estado, o del Comando Rodrigo Franco creado con el mismo fin. En el presente curioso caso de Daniel Vera particular que tiene la misma importancia que los mencionados desde la ética pública, se podría haber priorizado la ejecución de obras que dependen del gobierno central en manos de la APRA, partido al cual pertenece Vera Ballón. Para evitar generar un ambiente mórbido con Alan García y el entonces Primer Ministro Jorge del Castillo, protectores del curioso Daniel Vera, era preferible omitir acusar a Vera con el fin de conseguir vía libre a los proyectos de la actual gestión. Dejar de cumplir con la ley para conseguir el objetivo de ejecutar proyectos en bien de Arequipa estaría justificado por la razón de Estado.

Una quinta razón se encontraría en que ningún funcionario es apolítico, es más, al no existir carrera del servidor público en el Perú los funcionarios ingresan por la puerta del costado a los ministerios, entidades descentralizadas, gobiernos locales o regionales. En la memoria de la población no se registra concursos públicos para ocupar plazas en el Estado, y cuando los había se decía que estaban amarrados y eran mal ejemplo de concursos; está más amarrado que concurso público es ya un dicho popular ¿Cuántos de los funcionarios del gobierno regional pertenecen a un partido? ¿Cuántos funcionarios apristas dejaron la gestión de Pedro Yugar entre 1985 y 1990 y la gestión del curioso Daniel Vera entre el 2003 y el 2006? Un rápido cotejo del cuadro de personal daría la respuesta. Y sería bueno ver los papeles que salen de las oficinas estatales cuantos tienen el sello de mesa de partes, siendo muchos de ellos confidenciales. Por naturaleza los funcionarios de un partido apoyarán al miembro de su partido, más aún si a él le deben el puesto. Alan García se llena la boca con la meritocracia, vamos a contratar a los mejores profesionales, a los más capaces, esa es una mentira en el Perú y en cualquier otro país. Mauricio Mulder, secretario general de la APRA, cual virgen de cabaret se rasga las vestiduras porque Rosa María Alfaro colaboradora nada menos que de USAID, dijo que la televisora del Estado, TVPerú, estaba bajo el control de un comando aprista.

Finalmente, otra razón sería que el curioso Daniel Vera no es un aprista más, es el que manda en la militancia regional y en su gestión contó con el apoyo de importantes empresas. Vera tiene poder y aumentado por la presencia de la APRA en el gobierno central. Alguna consideración le tendrán quienes suelen inclinar la frente ante el poder.

Que no haya borrón y cuenta nueva. PUNTO FINAL A LA IMPUNIDAD Y EL NEOLIBERALISMO, aplicar la política de quiebre con la gestión anterior para que no se repita la historia una y otra vez. En el primer periodo de Belaunde se perdió la página once del contrato con la IPC, siendo la última gota que derramó el vaso y provocó el golpe de Estado por parte del General Velasco, pero volvió a ser reelegido en 1980. Alan García causante de la mayor inflación de la historia del mundo en su primer periodo esta de nuevo en la presidencia. Nadie los enjuicio ni los condenó a nunca más poder ocupar un cargo público. Esta es una de las razones por las que el Perú no sale de su atraso.


desco opina

Alpaqueros huancavelicanos en pie de lucha:
El reto de la acción colectiva

El 10 de febrero se reunieron gran parte de las organizaciones alpaqueras de Huancavelica para tratar un tema que es motivo de creciente preocupación en el sector, y que está relacionado con la crisis económica internacional: la rápida disminución del precio de la fibra de alpaca. Recordemos que en campañas anteriores dicho producto se cotizaba entre 12 y 16 soles la libra. Actualmente, se valoriza por debajo de los cuatro soles. De esta manera, no es posible recuperar ni siquiera los costos de producción. Más aún, esta situación ha ocasionado ya cuantiosas pérdidas económicas, afectando significativamente a los pequeños propietarios y campesinos de las zonas alto andinas dedicadas a esta actividad ganadera.
Rabia, frustración e indignación eran los sentimientos que imperaban en el colectivo de alpaqueros en el auditorio. Unos denunciaban la falta de atención por parte de las autoridades públicas (nacional, regional y local), mientras que otros denotaban una actitud desesperanzadora y pesimista. Así, tras un candente debate, se acordó realizar una movilización de protesta el próximo martes 17 de febrero para exigir, democrática y públicamente, se acoja un conjunto de demandas con el propósito de recuperar parte del capital alpaquero.
No deja de ser saludable esta cohesión, aun cuando la causa no sea grata. Sin embargo, también debe señalarse que los productores alpaqueros han mostrado casi siempre poca propensión a la organización y a la construcción de vías firmes para que sus intereses sean priorizados en las agendas políticas del país. Es decir, que la ocasión amerite ahora la imperiosa necesidad de articular acciones para impedir el deterioro de su situación no significa que, probablemente, hubieran estado en mejor posición negociadora si la crisis los hubiera cogido con más y mejores capacidades para la movilización.

Es cierto que hubo intentos anteriores para salir a las calles a manifestar sus demandas pero, lamentablemente, no pudieron lograr una movilización coherente, activa y unida en defensa de algunos de sus intereses comunes que vienen siendo vulnerados.

En efecto, para que pueda producirse una acción colectiva contundente, debe existir, además de los intereses comunes que articulen a los productores alpaqueros, un conjunto de incentivos específicos para quienes participen en estas acciones masivas. Es decir, además de aspirar al logro de objetivos compartidos por todos los alpaqueros huancavelicanos, también se requiere mucha claridad respecto a por qué es indispensable que todos se incluyan y participen en la acción común.

Esto significa, en definitiva, que las organizaciones alpaqueras deben ser medios para canalizar las demandas de los productores, pero practicando procedimientos que permitan integrar a la mayor cantidad posible de productores en las acciones a ejecutarse, así como articular sus demandas con las que provienen desde otros sectores sociales y productivos.

De esta manera, una posible vía que generaría expectativas para la movilización entre los productores, podría ser exigir al Estado la implementación de un programa de comercialización de la fibra de alpaca y el establecimiento de precios refugio que beneficie prioritariamente a los pequeños criadores alpaqueros que participan en organizaciones formales del sector. Planteadas las cosas de este modo, probablemente muchos de estos pequeños productores alpaqueros apreciarán a sus organizaciones –las legitimarán– y optarán por fortalecerlas con mayor compromiso y continuidad, en aras de conquistar otras demandas.

Pero, si sólo se apuesta a una conciencia colectiva alpaquera que, dicho sea de paso, es apenas incipiente, sin la inclusión de estos incentivos particulares para quienes participen activa y coherentemente en la formación de ella, seguramente continuaremos apreciando manifestaciones que, por un lado, se muestran frágiles y desarticuladas y, por otro lado, son protagonizadas por actores alpaqueros debilitados y dispersos que, incluso, podría conllevar a una mayor desestructuración de las organizaciones del sector alpaquero.

Finalmente, debe reflexionarse seriamente sobre esta situación, con miras a extraer lecciones que contribuyan a establecer las prioridades para el combate contra la pobreza y los objetivos de desarrollo en las políticas gubernamentales. Estamos asistiendo al inicio del fin del importante ciclo de crecimiento que venía manifestando la economía peruana en los últimos años y, en ese sentido, tendríamos que preguntarnos sobre los beneficios que ha provocado entre los sectores más necesitados del país.

La bonanza económica coincidió con un momento de precios altos de la fibra de alpaca. Sin embargo, tal como siempre ocurrió en el sector, los beneficios de la renta producida se concentraron significativamente en las pocas grandes casas comerciales e industriales y no generaron cambios significativos en las condiciones de vida de los productores. Esto se vio reforzado con las políticas sectoriales. El programa Sierra Exportadora pudo ser un excelente vehículo para intentar variar siquiera en algo la histórica concentración existente en el sector alpaquero, buscando una mejor distribución.

No fue así y el resultado lo vemos ahora: productores ubicados en la línea de extrema pobreza, sin mayores beneficios obtenidos por el crecimiento económico y desconcertados sobre qué les pasará en el futuro inmediato.

desco Opina - Regional / 13 de febrero 2009
Programa Sierra Centro


Expropiaciones, necesidades y elecciones

¿Por qué se promulga ahora la ley de expropiación en beneficio de aquellos asentamientos humanos en los que no es posible resolver de otro modo el problema de propiedad?

Durante el gobierno de Manuel Prado se dio la «Ley Orgánica de Barrios Marginales» (sí, era una Ley Orgánica) que permitía expropiar, bastando la simple calificación de oficio de un barrio como «marginal». Para que esa situación extrema no volviera a ocurrir, las autoridades empezaron a repartir tierras urbanizadas, como Tahuantinsuyo y Condevilla. Posteriormente, el Estado se limitó a entregar terrenos desocupados de su propiedad (Collique, Pamplona Alta, Villa El Salvador, Huáscar, Huaycán, Mi Perú, Pachacútec, etcétera). Esa tradición fue inaugurada por Odría al fundar San Martín de Porres en 1948. La señal era inequívoca: para los más pobres y más numerosos no hay Unidades Vecinales, Enaces, Fonavis, Miviviendas ni Techopropios. Entregar terrenos y convalidar ocupaciones ha sido la otra cara de la política de vivienda. Por eso siempre ha sido necesario «arreglar» después los problemas originados, buscando que aparezca como un acto de justicia.

En ese asunto operaron libremente políticos, promotores de invasiones, autoridades y hasta propietarios deshonestos que vendían a cientos de familias, terrenos agrícolas intangibles para que «invadan» sus propios terrenos y sean usados como vivienda. No debiera sorprender, entonces, que se repita hoy un acto que forma parte de una recurrente política de Estado sobre el hábitat popular en todo el Perú. Nadie podrá oponerse a que el agua, por ejemplo, llegue a la enorme y abandonada Manchay que, además, es lo único que las autoridades le quieren dar. Con o sin expropiación, ese pueblo de 14,000 lotes, un kilómetro más largo que todo el distrito de San Isidro, necesita mucho más como política nacional de urbanismo y de ciudades.

Una vez más, hoy no se critica la falta de oferta de viviendas para las mayorías, madre del cordero y clamorosa responsabilidad pública. Se critica el peligro de la arbitrariedad en la acción pública. La discusión no está en torno a una buena o mala política de equidad, sino se mueve en otras arenas: la arena pre electoral y la arena de los negocios.

La necesidad política debiera tener poco que ver con la demagogia de una llamativa propuesta parcial y de corto plazo para un problema que ahora es más difícil de manejar. Ya se inauguró el periodo pre-electoral y se vienen negociando las alianzas imposibles, ante reveladoras encuestas del descontento nacional. ¿Se puede creer honestamente que hoy como ayer, no se intente expropiaciones para construir clientelas políticas?

La arena de los negocios está caliente y se ventila a la luz pública luego del escándalo de Petro Tech: Es presumible que demore el nombramiento de un(a) contralor(a); se buscará aligerar los procedimientos para contratar a las grandes empresas contempladas en el Decreto de Urgencia Nº 047-2008. Por cierto que ya se encuentra en el Parlamente otro proyecto de ley para expropiar. Pero esta vez será en beneficio de los inversionistas. El proyecto 3001/2008 del Ejecutivo, contempla reubicar a las poblaciones que obstruyan esas inversiones «de acuerdo a la disponibilidad de terrenos». En este caso, se expropiaría para los inversionistas, y no para reubicar a los pobres desplazados por esas expropiaciones. Con la misma suspicacia que con los asentamientos humanos, puede pensarse que bien podrían ser comunidades andinas o nativas las expropiadas. ¿La ley no es parte de ese «clima» de negocios, grandes y pequeños?

En estos años de democracia poco es lo que verdaderamente hemos acumulado en el debate programático. En un contexto en el cual la política se reduce al trasfondo electoral y el manejo del Estado está teñido de sospecha sobre los intereses bastardos, no encontramos un resquicio sistemático que esté abierto al debate sobre las necesidades del desarrollo nacional en el mediano plazo. El tema de nuestras ciudades es mucho más que el asunto de los títulos y el agua; la viabilidad y sostenibilidad del hombre del Ande demanda debates y acciones más importantes que la ya olvidada «Sierra exportadora». Por lo demás, al conocer de boca de los actores de qué manera se trafica con los lotes petroleros, hemos podido tener una aproximación a por qué nuestro gas no servirá para cambiar nuestra matriz energética, sino la de México. El cambio de matriz energética tampoco se discute como un asunto programático.

Las organizaciones de la sociedad civil, tales como los colegios profesionales y las ONG, están lejos –muy lejos– de los parlamentos, los ministros y los presidentes. Los distanciamientos históricos entre el Estado y la sociedad no han sido superados, más allá de las promesas y las voluntades. Por eso, cada situación puntual siempre será muy reveladora de estos desencuentros en los que son las alternativas sostenibles de desarrollo nacional las que pierden.
desco Opina / 20 de febrero 2009


Transporte metropolitano: mil caminos, ninguna solución

Frente a las innumerables controversias generadas por la caótica situación del transporte público, las obras inacabables del Metropolitano y el pertinaz trabajo en las vías de la ciudad, la Municipalidad de Lima brilla por la ausencia de respuestas. A este panorama, causando mayor preocupación en los vecinos, se suma el alto índice de accidentes en las pistas limeñas como señala la Defensoría del Pueblo en su Informe Defensorial Nº 137, titulado «El Transporte Urbano en Lima Metropolitana: un desafío en defensa de la vida», que pone en evidencia lo peligrosa que resulta para el pasajero, el conductor y el peatón, la circulación en las vías urbanas de la capital.

En la ciudad de Lima se registra el mayor número de siniestros de tránsito respecto a todo el Perú, con el 59.9% del total en el país. Los accidentes de tránsito son recurrentes en la Panamericana Norte, la Avenida Túpac Amaru, la Carretera Central y la Panamericana Sur, rutas que se localizan en los distritos más pobres de Lima Metropolitana, exponiendo a accidentes mortales a los ciudadanos. Según el Informe de Siniestralidad en las Vías elaborado por la Policía Nacional, este alto índice de accidentes se solucionaría con semáforos y mejor señalización. Sin embargo, en nuestra ciudad se priorizan obras y vías para descongestionar el paso de vehículos, pasando por alto la circulación segura de las personas en las calles, es decir una ciudad diseñada para vehículos y no para personas.

La máxima autoridad de la ciudad, la Municipalidad de Lima, es la responsable de educar y sensibilizar a conductores y usuarios y para ello es vital que el Plan Nacional de Seguridad Vial realmente funcione, de acuerdo a lo propuesto por la Defensoría, promoviendo a mediano plazo la educación de los conductores sin recurrir a un sistema de multas que no garantiza el cambio de actitud, sustancial para la mejora. Se requiere también coordinar con el Ministerio de Transportes y con la Policía Nacional, articulando propuestas para generar soluciones integrales. El tema de la seguridad y su relación con el transporte en la ciudad, involucra también al sector Educación para que apoye en la incorporación del tema de educación vial en la currícula escolar y en la formación de docentes.

Atender de manera integral el problema del transporte en Lima, significa también trabajar con los gobiernos locales para exigir conjuntamente la aprobación del proyecto de Ley Nº 165/2006–CR, con miras a crear el Sistema Nacional de Seguridad Vial y que, además, funcione.


Vimos hace unas semanas a los vecinos de Barranco protestando, un poco tarde por cierto, ante el desorden ocasionado en sus calles por las obras del Metropolitano y a una Municipalidad de Lima resolviendo al vuelo la situación generada por la gran presión sobre las calles del distrito. Y hace unos meses, el conflicto con la Universidad de San Marcos, generado por el afán de Castañeda de ofrecer obras a la ciudad pasando por encima de los ciudadanos.

Y como muestra de la desarticulación entre los sectores involucrados en las posibles soluciones, esta semana los usuarios de Barranco y Chorrillos quedaron varados en las calles, esperando las unidades de transporte que nunca llegaron, pues las rutas fueron modificadas para dar paso al Metropolitano (que estará operativo, según lo anunciado, a fines del 2010). Al parecer, el usuario del transporte público no merece ni información, ni notificaciones que le permitan llegar a tiempo al trabajo.

Generar un nuevo sistema para la ciudad que armonice todas las alternativas de transporte (El Metropolitano, las rutas complementarias, el transporte no motorizado, entre ellas) requiere plantear soluciones a necesidades de todas las Lima que existen, que no es ni homogénea ni plana: Lima centro, Lima sur, Lima norte, Lima este, atendiendo a sus demandas específicas pero haciendo el esfuerzo de integrarlas en un concepto de ciudad que crece en demandas.

Si lo caótico de nuestro transporte está vinculado a la brecha socioeconómica de la ciudad donde 18 de cada cien personas son pobres y viven en San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Ate, Comas, San Martín de Porres y Ventanilla, según el Mapa de Pobreza 2007 de INEI; la pretensión de contar con un sistema ordenado de transporte requiere pensar más allá, planificar las relaciones entre la ciudad y las ciudades que alberga y que tienen necesidades y demandas específicas. La planificación de un sistema de transporte para Lima trasciende gobiernos y elecciones y requiere para su ejecución, que la Municipalidad de Lima planifique sus obras tomando en cuenta a las personas.

A pesar que la aprobación de su gestión sigue con alto porcentaje, el gobierno metropolitano no ha podido solucionar los conflictos más grandes que tiene la ciudad. ¿Seguirá el gobierno metropolitano acumulando conflicto al ritmo de las obras? ¿O seguirá haciéndose el «muertito» ante los cuestionamientos hasta las próximas elecciones?.

Mientras tanto, seguimos haciendo recuento de aristas para un mismo problema. Transporte urbano, seguridad vial, accidentes, irresponsabilidad peatonal, puntos negros y cuatro años y medio de la vida de cada limeño invertido en el transporte público. Además, las obras inacabables, los plazos móviles, las rutas espontáneas, los vecinos indignados (los próximos y los no tanto), los procesos de modernización construidos a pulso, en contextos no previstos, con impactos soslayados, donde lo primero en cambiar es el plan. Y en medio de todo esto, está el invisible ciudadano.

Ver mas detalles:

Descargar Informe Defensorial Nº 137
http://www.defensoria.gob.pe/descarga.php?pb=3042
Descargar Boletín (Resumen del Informe 137)
http://www.defensoria.gob.pe/descarga.php?pb=3042
Como iniciativa de organización de vecinos: Salvemos Barranco.
http://todossalvemosbarranco.blogspot.com/
Como institución especializada en el tema, con información actualizada y opinión: ONG Luz Ámbar
http://www.luzambar.com/
Como iniciativa gubernamental: MTC entrega a MINEDU 10 mil guías de educación vial
http://www.educacionenred.com/Noticia/?detalle=861
http://www.ciudadnuestra.org/index.php?fp_verpub=true&idpub=76

desco Opina - Regional / 27 de febrero 2009
Programa Urbano