UNIDAD

candela noticias AQP
Año 4 Nº 31
Arequipa, 2008, julio 1.

Página web: www.aqpcultura.pe

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Arturo Muñoz

El alanismo contratado para construir el tercer piso del neoliberalismo esta metiendo cizaña entre las regiones y los gremios para distanciarlos, enfrentarlos y provocar divisiones profundas que requerirán de mucho tiempo para sanar.

El peligro del momento está en los enfrentamientos entre peruanos que la política del ejecutivo provoca. Para ello incumple las promesas ya no sólo de la campaña electoral sino también los acuerdos de las actas firmadas por Jorge del Castillo con los movimientos sociales y regionales; incumplimiento adrede para generar inconformidad en las bases. Los trabajadores de salud contra sus dirigentes que confiaron que Del Castillo les iba a proporcionar los fondos para pagar la AETAS, estímulos a los que trabajan en zonas periféricas. O alargar la solución a la inequidad de la distribución del canon y sobrecanon minero que terminó en el Moqueguazo, pero que generó un resentimiento con Tacna que debe ser resuelto inteligentemente por ambos pueblos en base al reconociendo del enemigo real el gobierno neoliberal de García. El enfrentamiento de los trabajadores mineros que piden se les quite el tope de 14 sueldos al reparto de utilidades mineras si el 8% de las utilidades supera esa cifra, y que el sobrante ahora es repartido entre los gobiernos regionales y locales; allí el gobierno sale a favor de quitar el tope a los trabajadores mineros para que las regiones que en casi su totalidad están en manos de no alanistas o antialanistas dejen de percibir ese monto y no puedan hacer las obras de inversión. Seguidamente fomentan conflictos por el agua entre Puno, Moquegua y Tacna; y ahora entre Huancavelica e Ica y azuzan a los ayacuchanos en contra de los cusqueños por la repartición del canon gasífero.

El Perú es de por sí un país dividido que no cuajó en una Nación, pero que los enemigos internos y externos ansían desaparecer, una importante revelación con respecto a ello la hizo Montesinos en el juicio seguido contra Fujimori, al recordar que a fines de la década de los ochentas del siglo pasado el Pentágono diseñó un plan para que el surperuano sea parte de Chile, que el oriente pase a manos de Brasil, el norte a custodia de Ecuador y Colombia y el altiplano a cargo de Bolivia.

Este plan del Pentágono era la solución al peligro de que en el Perú se alzara un gobierno de izquierda. Y es que el 19 de julio de 1977 el Paro Nacional contra la implementación de las primeras medidas neoliberales fue una demostración de unidad de los peruanos, luego ese movimiento social proveyó los cuadros y las masas para Izquierda Unida, única agrupación política en la historia republicana con un programa de construcción de la nacionalidad sobre bases populares. El Paro Nacional y la Izquierda Unida hicieron concluir a los analistas del Pentágono que la unidad de los peruanos era posible y con una propuesta socialista, mucho más radical que la de Salvador Allende en Chile, y por eso había que dividirlo para controlar la zona estratégica más importante del Suramérica.

Pues ni los partidos aristocráticos, ni el partido militar, ni el partido aprista lograron en algún momento convertirse en la expresión de la unidad peruana; porque la unidad surge del pueblo diverso y dividido pero que entre 1970 y 1980 sentó fuertes cimientos de la unidad del Perú. Posteriormente muchos partidos han pretendido ser los factores de unidad y sus nombres reflejan esta inquietud: Unión Por el Perú de Javier Pérez de Cuellar o Unidad Nacional de Lourdes Flores Nano.

A la APRA por el contrario le interesa acrecentar las causas de división entre los peruanos, que desde su fundación planteó profundizar el capitalismo, y esto debe ser tomado en cuenta por los militantes honestos, morales e ideológicos del aprismo que el Perú ve con alegría que cada día van creciendo en número, en ideas y en importancia política. En Arequipa militantes de larga trayectoria cuestionan públicamente ya no a baja voz sino en los medios de comunicación la política neoliberal asumida por Alan García, entre ellos el maestro, ideólogo e historiador del aprismo Roy Soto Rivera; el médico nacido en cuna aprista Víctor Salinas Valencia y el dirigente del Comité de Lucha por los Intereses de Arequipa Humberto Olaechea, a los cuáles se les une el Comité de la Provincia de Camaná, y muchos otros militantes identificados con el pueblo en toda la región del surperuano.

En la última encuesta publicada el 30 de junio del 2008Alan García obtiene 4 % de aprobación en Arequipa metropolitana y 96 % de desaprobación, la desaprobación casi unánime al alanismo que puede quedarse con el membrete del partido, aunque por su actuación no le interesa por ello forma Juventud Alanista, ha encargado a Agustín Mantilla formar su columna sindical alanista, a Daniel Vera Ballón utilizar las inversiones del Estado para captar a los oportunistas que tienen carnés de todos los partidos, a Enrique Cornejo y Garrido Lecca hacer caja con el mismo fin; la desaprobación a Alan no a la APRA histórica de David Juscamayta que junto a Teodoro Núñez Ureta condujeron la Revolución de Arequipa de 1950, ni a los militantes apristas que acompañaron al pueblo arequipeño en la Gesta de Junio del 2002 conducido por Juan Manuel Guillén Benavides, actual presidente regional; la desaprobación al alanismo confirma las verdades dichas por Roy Soto en una entrevista en La República de que en la APRA ya no hay militantes sino gente que esta por un trabajo y que mañana se irá con el partido que gane.

El alanismo y el uribismo colombiano son los provocadores que ponen las piedras en contra de la integración suramericana. Los únicos países donde las militares estadounidenses hacen lo que quieren.

La división le está dando buenos dividendos al alanismo y están usando a los comités de crisis no para resolver los conflictos sino para acrecentarlos; y en medio de esta lucha fraticida construir el tercer piso del neoliberalismo. El sábado han sido publicados 112 decretos legislativos para adecuar las instituciones y la normatividad del Perú al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que se suman a los otros tantos publicados bajo el otorgamiento del Congreso de facultad para legislar hasta julio para liquidar con todo aquello que sea una traba a la apropiación por parte de las transnacionales de los recursos naturales y la infraestructura propiedad del pueblo del Perú.

Nadie ha protestado por la venta de parte de la propiedad de Ministerio de Educación en Lima, el local de lo que fuera el Instituto de Investigación Educativa ubicado en el barrio residencial de San Borja al grupo Brescia para la construcción de un complejo habitacional; y el plan de Enrique Cornejo del Ministerio de Vivienda encargado de Bienes Nacionales de vender el local de la Presidencia del Consejo de Ministros, una casa de gran valor arquitectónico que perteneció a la familia Prado (de no grata recordación en la historia del Perú) y otros cientos de propiedades en todo el país. Cuando la competencia sobre Bienes Nacionales debió pasar a las municipalidades y a los gobiernos regionales según el caso, ¿Porqué el gobierno central continúa administrando los Bienes Nacionales?, ¿Cuánto le reporta al alanismo en vil metal la venta de los activos de la Nación?, ¿Porqué se ha paralizado el proceso de descentralización?.

Para el 9 de julio la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP) ha convocado a un Paro Nacional y la unidad alcanzada hará caer en cuenta al gobierno profascista que luego de 16 años los lazos de unión del pueblo peruano vuelven a entretejerse.

Por lo tanto el reto del Paro es como siempre como consolidar esa unidad después de la medida de lucha, y en base a la experiencia del paro mejorar la plataforma, precisar aún más las metas a conseguir.

Lo cierto es que el neoliberalismo va a encontrar resistencia y que como es una propuesta que va a incrementar la pobreza y la desigualdad entre peruanos, la resistencia al gobierno profascista irá creciendo en fuerza social y planteamientos.





Estimados amigos:

Uno de los objetivos estratégicos de desco es el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. desco Opina es uno de nuestros instrumentos para recoger temas, exponerlos y ofrecer nuestra opinión institucional desde una perspectiva crítica, impulsando la democratización y el desarrollo humano.

Les hago llegar adjunto, el segundo desco Opina del mes de junio. Les agradeceremos socializarlo con todos aquellos que estimen conveniente y difundirlo a través de otras listas. Disponible, éste y los anteriores en la sección desco Opina en nuestra página web.

http://www.desco.org.pe/desco-opina.shtml

Saludos cordiales
Mónica Pradel
Unidad de Publicaciones y Difusión - desco

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A propósito de los sucesos de Moquegua
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El reciente enfrentamiento entre la población de Moquegua y el gobierno nacional, evidencia una vez más las grandes dificultades y el desinterés relativo de éste para hacer frente a la creciente conflictividad social que se observa en el país. Como en otras ocasiones, la protesta, que era fácilmente previsible, creció hasta adquirir una gran magnitud por la indolencia estatal. A la base de la disputa se encontraba una norma vigente desde hace varios años, que establece el monto a distribuir por concepto de canon minero a partir del material removido y no del mineral producido. Dicha disposición, a todas luces errónea, fue aceptada por todas las partes hasta este conflicto que se produjo cuando los moqueguanos percibieron que les estaban quitando 300 millones, porque Cuajone entrega más cobre, pero Toquepala (Tacna) mueve más tierra...llevándose mayores recursos.

El conflicto, en un contexto en el que las demandas redistributivas están a flor de piel en las regiones del país, estaba cantado. El Ministerio de Energía y Minas, pero también el Ministerio de Economía y Finanzas pudieron advertirlo desde meses atrás. Los congresistas de la región, una de ellas del partido de gobierno, se agotaron en sus gestiones; la unidad de prevención de conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros no lo advirtió y la inteligencia del Ministerio del Interior, tampoco. Negociada la solución del conflicto, tras la toma de un puente y la condenable captura de un general de la Policía y sus efectivos como rehenes, el Presidente de la República calificó de delincuentes a los mismos con los que dialogó su gobierno, prolongando la conflictividad por la amenaza de su judicialización.

Más allá de los sucesos de Moquegua, cabe preguntarse por el papel que juega el gobierno en la conflictividad que se observa. De una parte, amparados por el crecimiento económico que se observa -13.25% en abril- y por las discutibles estadísticas sobre disminución de la pobreza, intentan convencer al país del éxito de su gestión, ignorando las difíciles condiciones de vida de amplios sectores de la población. De la otra, profundizan un modelo a todas luces excluyente y se enfrentan con el interior del país, con normas polémicas como la Ley 29164 que permite la construcción de hoteles y restaurantes en zonas adyacentes al patrimonio cultural; la Ley de Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y Agroforestería, que en realidad es la «ley de la selva» o el decreto legislativo 1015 que afecta el derecho de propiedad de las tierras de las comunidades campesinas y nativas.

Por si fuera poco, las declaraciones altisonantes del Presidente de la República y de algunos voceros del Ejecutivo, descalificando tanto a quienes protestan por su gestión cuanto a aquellos que la critican, contribuyen imprudentemente a polarizar una sociedad atravesada por profundas brechas sociales y económicas y distintos malestares, que no se pueden atribuir siempre al actual gobierno. En este escenario a nadie debe sorprenderle que la aprobación nacional a la gestión presidencial haya caído a 30% en junio y que la misma llegue apenas a 7% y 11% en el Sur y el Oriente.

Si el gobierno no cambia su discurso y su talante, si no desarrolla capacidades para prevenir y negociar los conflictos, si no avanza en la redistribución de los recursos del país aprovechando el largo ciclo de crecimiento económico que estamos atravesando, la negociación se hará cada vez más difícil y la radicalidad de las protestas dejará menos lugar para el entendimiento entre las partes.

desco Opina / 27 de junio 2008