REGIONALIZACIÓN: TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y AUTONOMÍA

candela noticias AQP
Año Nº 3 Nº 9
Arequipa, 2007, enero 26


REGIONALIZACIÓN: TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y AUTONOMÍA

Arturo Muñoz

Introducción

Alan García en un arrebato ha disuelto el Consejo Nacional de Descentralización (CND), contraviniendo la legislación sobre descentralización (Ley Nº 27783, Ley Orgánica de Descentralización, artículo 22, 23 y 24), que le obliga a presentar un proyecto de ley ante el Congreso proponiendo la modificatoria de la ley de regionalización, al incumplir con este mandato su medida es ilegal. Esta acción presidencial anticonstitucional confirma que el APRA es ya un gobierno despótico. El tirano toma la ley en sus manos. Respaldado por la alianza del Partido Aprista y el fujimontesinismo (hoy autodenominado Movimiento Sin Cumple), ambos concuerdan en disolver las regiones, gradualmente; el primer paso es desprestigiar a los gobiernos regionales, luego disolver el CND, seguidamente terminar con el proceso de regionalización iniciado el 2002. Y, finalmente, entregar a los grupos económicos locales la administración regional tal y como lo hiciera el fujimontesinismo en 1992.

Llevar a cabo este plan no le será tan fácil como en 1992 a Fujimori. Las poblaciones de las regiones si bien no tienen un alto concepto de los gobiernos regionales, sin embargo, el surgimiento de movimientos sociales indígenas, de defensa del medio ambiente y exigencia de compromiso con el desarrollo regional a las empresas mineras, de utilización del gas de Camisea internamente, de aprovechar las tierras para el cultivo antes que la para explotación minera, de los maestros por una carrera magisterial y mejora de la calidad de la educación; que no son precisamente movimientos descentralistas, encuentran en las nuevas autoridades regionales que han asumido sus cargos el 1 de enero del 2007 el apoyo a sus reivindicaciones. De allí que el plan de recentralización aprofujimontesinista encontrará una resistencia inesperada, incluyendo el apoyo de las bases apristas cansadas de sus dirigentes locales corruptos.

Una reunión para reestructurar el Partido Aprista en Arequipa, el día martes 23 de enero, culminó con la explosión de un camaretazo y de dos bombas lacrimógenas al interior del local partido en la Alameda San Lázaro. Con los puños en alto las bases apristas exigían la renuncia del secretario departamental y la expulsión por supuestos actos de corrupción de el ex presidente regional aprista Daniel Vera Ballón. La prensa controlada por la mafia que gobierna el país desde 1990 ha silenciado las múltiples acusaciones contra el dirigente local, sólo el diario La República ha publicado documentos que servirían para abrir proceso judicial a Vera Ballón. Los documentos serían convenios firmados entre el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y la Sociedad Minera Cerro Verde (SMCV) por varios millones de dólares, que la empresa minera abría entregado a Vera Ballón, que deberá dar cuenta en que fueron utilizados los millones donados justo en tiempo de la campaña electoral presidencial y congresal del año pasado.

Será muy difícil que el pueblo de Arequipa acepte la disolución del gobierno regional, en momentos en que se viene exigiendo el cumplimiento del acuerdo de donación de la SMCV de aproximadamente 50 millones de dólares para la construcción de la planta de tratamiento de agua potable La Tomilla II; cuando, también, esta pidiéndose la entrega por parte del gobierno central de la empresa generadora de electricidad EGASA al gobierno regional. Igualmente, hacer cumplir a Alan García la promesa de transferir 120 millones de dólares para para culminar la Irrigación Majes en su segunda etapa. Además de las decenas de obras que hay que concluir y que dejo irresponsablemente a medio hacer el ex presidente Vera Ballón.

A casi seis meses el gobierno del APRA ha entrado en pánico. Las poblaciones de las regiones exigen el cumplimiento de las promesas electorales y transferencia de funciones y recursos para despegar económicamente. Alan García repite frases vacías en respuesta a las demandas: “hay que crear riqueza antes para luego distribuirla”, cuando por denuncia del Contralor, Genaro Matute, alrededor de 1.900 millones de soles del llamado shock de inversiones duermen en las dependencias del gobierno central por incapacidad de gasto y por la inercia de la corrupción (García quiso responsabilizar a los gobiernos regionales y a los municipios que no recibieron un centavo del fondo de inversiones). Es una mentira que no haya dinero para los pobres si las reservas ya alcanzaron los 20 mil millones de dólares y bastaría con que la Telefónica, las empresas eléctricas, las empresas mineras tributen como es justo que lo hagan para dar de comer a los millones de peruanos en pobreza.

Sin embargo, Alan García escoge la salida de su conveniencia para robarle al país la oportunidad de dar un gran salto adelante con los miles de millones de dólares que ingresan a la economía. Prefiere la tiranía disolviendo el CND en camino a disolver los gobiernos regionales siguiendo el ejemplo de Fujimori. Frente al peligro que corre el proceso de regionalización es necesario argumentar la defensa del mismo.

Combatir la tiranía aprista

Entre los siglos XI y XV en el norte de Italia surgieron las ciudades repúblicas, la primera en nombrar un Cónsul fue Pisa en 1085. El Cónsul era removido cada año para contener su “afán de poder y mantuviera la libertad del pueblo”. El ejemplo fue seguido por Milán, Arezzo, Luca, Bolonia y Siena. A mitad del próximo siglo los Podestá sustituyeron a los cónsules, el podestá estaba investido del poder supremo sobre la ciudad, era elegido y procedía de otra ciudad; era un gobierno más estable.

Esta nueva forma de organización social y política pudo darse por la riqueza de las ciudades del Regnum Italicum, ciudades que debían defender su fortuna de la ambición del Emperador germánico y del Papa. La independencia les permitía incrementar su poder económico y político.

Cuando la periferia se fortalece comienza a separarse del centro. Y el centro realiza los mayores esfuerzos por aplacar los deseos de libertad de la periferia. Finalmente en el siglo XIV las ciudades repúblicas sucumbieron por la presión del Papa, sus contradicciones internas y el poder corruptor del dinero de los mercaderes.

En 1990 la debilidad del Estado peruano permitió que un grupo mafioso lo tome por asalto. La concepción de la mafia en el poder era gobernar el centro, Lima, y dejar que arda la periferia, las provincias. La frase que el Perú es Lima y Lima el Jirón de La Unión se mostró sin maquillaje. El dinero para la empresa fue puesto por el narcotráfico y las cabezas visibles del Estado mafioso fueron Fujimori y Montesinos. En 1992 disolvieron los gobiernos regionales elegidos y los cambiaron por los consejos de administración regional nominados desde Palacio de Gobierno.

A diferencia de las ciudades republicanas del norte de Italia que querían independizarse del centro, en el Perú de los noventa era el centro el que quería despojarse de la responsabilidad de gobernar la periferia. La periferia no tenía ni fortuna, ni ambiciones de separación. La regionalización fue paralizada por la mafia sin oposición, fue recibida con satisfacción por la población por la ineficiencia y corrupción demostrada por los integrantes de las asambleas regionales y la administración regional fue entregada a los grupos de poder locales que subsisten de las insignificantes cantidades de dinero que Lima les transfiere.

Con la elección de los gobiernos regionales el 2002 por decreto, en contraste con la elección de los prefectos en Bolivia como consecuencia de las discrepancias entre los grupos de poder locales y el poder asentado en La Paz, la APRA obtuvo 12 presidencias regionales, entre ellas la de Arequipa, los presidentes regionales apristas sujetaron su gestión a mantener el centralismo y fomentar el clientelaje. A su salida sólo hay un cúmulo de interrogantes sobre donde fueron a parar los fondos que recibieron y no hay un solo proyecto de impacto regional elaborado. Para los pobres el gobierno regional es un organismo del Estado sin utilidad para la solución de sus dificultades.

Alan García en los primeros 6 meses como presidente inicia la contrarreforma centralista, la política de centralizar aún más el poder. La existencia de gobiernos regionales le favorece para tener a quien echarle la culpa de sus errores, pero le son una molestia porque está obligado a compartir con ellos el tesoro público que ha crecido grandemente por el incremento de los precios de los minerales y porque son gobiernos subnacionales que cuestionan sus medidas. Su apreciación de que los gobiernos regionales y municipales son ineficientes es una prueba reciente de que la política centralista del APRA sigue vigente (en el referéndum del 2005 votaron por el NO a la integración regional).

No hay que ser adivino para decir que el proceso de regionalización peruano podría tener la misma suerte que las ciudades repúblicas de Italia sino se organiza la resistencia al centralismo aprista. “Esta brillante llama de libertad que incendio las ciudades repúblicas italianas resultó ser un espectáculo tristemente efímero”. Las ciudades sufrieron el enfrentamiento entre las nuevas y las viejas clases sociales, pasando del régimen constitucional al despotismo del signore. Ante ello los mercaderes que a pesar de su riqueza no participaban en los consejos de gobierno, organizaron su propio Consejo, o popolo, dirigido por el Capitano del Popolo, elegido entre los popolani. Los primeros popolo se nombraron en Luca y Florencia en 1250.

El puesto de los mercaderes lo ocupan principalmente las transnacionales en el Perú actual. Cada uno de los sectores económicos en el Perú las empresas transnacionales los controlan monopólica u oligopólicamente. El crecimiento de sus utilidades sin embargo no favorece a las ciudades y poblados donde realizan sus actividades. Al igual que los mercaderes italianos su único objetivo es lucrar y utilizar su poder económico para controlar el poder político regional y local. En la Italia renacentista los mercaderes exigían participación en el gobierno de la ciudad para obtener ventajas polìticas a favor de sus negocios, en el Perú las transnacionales ponen autoridades municipales y regionales para evitar la presión de los pueblos para que contribuyan con el desarrollo de la comunidad y no provoquen daños ambientales irreparables, y obligan al Estado a firmar convenios de estabilidad jurídica para no pagar impuestos ni regalías.

Dino Compagni atribuye la perturbación del gobierno florentino durante el decenio de 1290 no sólo a orgullos y rivalidades por los cargos sino también al hecho de que los espíritus de los falsos popolani (gobernadores puestos por los mercaderes) habían sido corrompidos para hacer el mal por simple lucro. Brunetto Latini considera un axioma que aquellos que codician riquezas destruyen virtudes. Alberto Mussato y Salustio subrayan los efectos deletéreos de la morbosa codicia: la sed de dinero y la inevitable pérdida de responsabilidad cívica. Salustio achaca la caída de Padua a que los principales ciudadanos se dedicaron a la usura, permitiendo que la sagrada justicia fuera suplantada por el crecimiento de su avaricia, la ciudad fue ganada por el fraude y el engaño perdiendo su libertad. Los teóricos retóricos de la época se preguntaron porque el sistema de gobierno que tanto admiraban resultó tan vulnerable a los déspotas, respondiendo de manera tajante que la riqueza privada es una fuerza política corruptora. Certeza con la que están de acuerdo posteriormente Nicolás Maquiavelo y Francesco Guicciardini.

Ejemplificando lo que sucedió en la Italia renancentista, en la región Arequipa la SMCV según el diario La República firmo 5 convenios por más de 16 millones con el GRA en ese entonces presidido por el aprista Daniel Vera Ballón, en solo 2 días, en febrero del 2006, cuando estaba en plena campaña el candidato aprista Alan García a la Presidencia y Vera era el jefe de campaña de la macro región sur. Los funcionarios de la SMCV el miércoles 24 de enero del 2007 visitaron al nuevo presidente regional Juan Manuel Guillén Benavides, quedaron en entregar copia de los convenios que no se encontraban en las oficinas del GRA; asistieron sólo después de haber salido la denuncia pública de su existencia y después de ignorar reiteradamente el pedido de las nuevas autoridades de entregar todo documento firmado entre el GRA y la empresa. Pero la SMCV no responde del uso de dinero y material entregados en donación, lo donaron sin condiciones ni sin saber para que fuera utilizado.

En las campañas electorales del 2006 para presidencia y congreso y luego para regiones y municipios (donde se postuló para la reelección a la presidencia regional Daniel Vera Ballón), se habló de una bolsa que las empresas mineras habían hecho para que salieran electos sus candidatos, principalmente los pertenecientes al APRA. Esta denuncia estaría confirmando ese rumor. Las elecciones por lo tanto no habrían sido transparentes porque no se dijo el origen del dinero usado en la campaña por parte del APRA y otros partidos.

Las implicancias de esta denuncia son más graves que el simple delito que pudiera haberse cometido, implica que la política regional arequipeña habría estado en manos de personajes corruptos, que usaron del poder a su antojo, instaurando una tiranía local.

Lo que demostraron los fundadores de la ciencia política en su tiempo, una y otra vez es comprobado por la historia peruana reciente: la riqueza privada, el dinero de las empresas, es el principal factor de desestabilización del proceso de regionalización, de la violación de la autonomía de los pueblos, de la nula participación en los beneficios por la explotación de los recursos naturales, del uso no transparente de los fondos estatales que son de toda la población.

Combatir la tiranía local implica transparencia, participación comunitaria y autonomía de los gobiernos regionales y municipales con capacidad para de eliminar el efecto corruptor de la riqueza privada. Desterrar la práctica despótica nacionalmente exige la organización de los pueblos y el rechazo a las medidas ilegales y en contra de los intereses de la población peruana, y hacer que los empresarios privados aporten sus tributos y cumplan con las leyes ambientales poniendo como objetivo no el afán de lucro sino la elevación de la calidad de vida de todos los peruanos.

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